Informe sobre Caso Diamante pide sanciones para MECO, Johnny Araya y Mario Redondo
Un informe sobre el Caso Diamante, presentado en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, recomienda sancionar a la constructora MECO, al exalcalde de San José, Johnny Araya, y al alcalde de Cartago, Mario Redondo, así como a otros cuatro exjerarcas municipales.
La investigación concluye que contratantes y contratistas de obras públicas municipales crearon una red que trascendió las relaciones tradicionales, involucrando a altos funcionarios públicos. Además, el informe señala indicios de concentración de fondos públicos en una sola empresa.
El documento lleva la firma de Sofía Guillén, diputada del Partido Frente Amplio (FA), y también será firmado por Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y la independiente Kattia Cambronero, según confirmaron a La Nación vía llamada telefónica.
Los congresistas José Francisco Nicolás y Yonder Salas, de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Nueva República (PNR), indicaron que tienen el documento y se encuentran en proceso de revisarlo antes de decidir si lo firmarán. Asimismo, se consultó su posición a las diputadas Paola Nájera, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); y Dinorah Barquero y Katherine Moreira, del PLN, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
El informe recomienda a la Contraloría General de la República (CGR) que, junto con las auditorías e investigaciones pertinentes, se ejecuten sanciones de destitución o inhabilitación para Johnny Araya; Mario Redondo; Alfredo Córdoba, exalcalde de San Carlos; Alberto Cole, exalcalde de Osa; Humberto Soto, exalcalde de Alajuela; y Arnoldo Barahona, exalcalde de Escazú.
La misma medida se pide para Cristian Boraschi, quien ejercería como gerente del Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Escazú cuando estalló el caso, y Gustavo Alonso Mayorga, exregidor del Partido Nueva República (PNR) en Golfito.
En el apartado de recomendaciones, se insta a la Contraloría a poner atención especial a las empresas MECO S. A. y Explotec en cuanto a los procesos de inhabilitación.
El documento también solicita a la Procuraduría de la Ética evaluar la conducta de los funcionarios implicados para determinar si violaron los principios de probidad y transparencia. De ser así, se insta a imponer sanciones administrativas como suspensiones, destituciones y restricciones para ejercer funciones públicas, según la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
A su vez, el informe exhorta al Ministerio Público a que “redoble sus esfuerzos y concentre sus recursos” para presentar una acusación formal en el caso Diamante antes de que termine el 2024.
En noviembre del 2021, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública había determinado que los seis alcaldes investigados permanecerían suspendidos de sus cargos por al menos seis meses. No obstante, en mayo del 2022, los funcionarios fueron librados de las medidas cautelares. Cinco de ellos dejaron sus cargos en mayo del 2022; solo continuó Mario Redondo, quien se reeligió en el cargo.
Johnny Araya señala aseveraciones falsas
Johnny Araya aseguró que el documento contiene numerosas aseveraciones falsas, una interpretación errónea de los hechos y “acusaciones temerarias que ni siquiera el Ministerio Público ha planteado”.
Según dijo, en el expediente judicial no se confirma ningún acto de corrupción ni se ha establecido manipulación en los procesos de contratación. El exalcalde subrayó que la empresa MECO ha sido proveedora de la Municipalidad de San José mediante procedimientos “que cumplieron la normativa correspondiente” y que fueron valorados por la Contraloría.
El informe menciona sobornos, tráfico de influencias, destrucción de documentos y modificaciones unilaterales de contratos. En respuesta, Araya señala que la Fiscalía no ha señalado la existencia de sobornos ni pagos irregulares, pues no existe evidencia al respecto.
El exalcalde desmintió igualmente que el Ministerio Público haya presentado conversaciones entre él y otras personas que demuestren actividades ilícitas, transferencias bancarias que lo vinculen con MECO o contratos entre la Municipalidad de San José y la empresa Explotec.
“Considero sumamente grave que este informe dé por hecho delitos que ni el propio ministerio público ha señalado y mucho menos ningún tribunal de justicia ha acreditado. Su contenido es un duro golpe a la honra de mi persona y una violación grotesca a un derecho consagrado constitucionalmente, como es el principio de inocencia”, aseveró Araya.
Informe alega control casi monopólico de MECO
El informe concluye que las relaciones entre funcionarios y contratistas permitieron a MECO expandir su influencia económica y establecer un control casi monopólico en la construcción pública en las municipalidades implicadas en el caso. La Nación procuró obtener una reacción de esta empresa mediante su encargada de relaciones públicas. También, se llamó y se envió un correo a Explotec.
Sobre la Municipalidad de Cartago, el documento dice que el alcalde Mario Redondo utilizó su cargo para favorecer a MECO en la adjudicación del proyecto “Red Vial Cantonal de Cartago”. Además, se menciona la existencia de un expediente del OIJ, según el cual que Redondo se reunió en diversas ocasiones con el gerente de MECO, Abel González, en un vehículo en el parqueo de un centro comercial. El informe interpreta que, durante estas reuniones y conforme a conversaciones interceptadas, González habría ofrecido dinero a Redondo.
Alcalde Mario Redondo se reunía con gerente de Meco dentro de vehículos en parqueo de comercio
Al ser consultado por este diario sobre el informe presentado, Redondo aseguró que desconocía que la actual Asamblea se encontrara revisando el tema.
En cuanto a la Municipalidad de San José, el documento cita que dicha entidad fue escenario de actos corruptos que involucraron a altos funcionarios, quienes, en connivencia con empresarios, manipularon los procesos de contratación para beneficiar a las constructoras MECO y Explotec.
Llamado urgente al TSE para investigar a Mario Redondo
El documento insta al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a realizar una investigación exhaustiva sobre los funcionarios que están involucrados en el Caso Diamante. En particular, solicita indagar a Mario Redondo, quien se mantiene en el cargo de alcalde de Cartago, ahora por el partido Actuemos Ya.
“La permanencia en funciones de un individuo bajo sospecha de actos de corrupción representa un riesgo significativo para la integridad de nuestras instituciones y la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático”, dice el informe.
¿Qué era el Caso Diamante?
El Caso Diamante se remonta a noviembre del 2021, cuando seis alcaldes, fueron detenidos por una presunta vinculación con actos de corrupción en obras de infraestructura pública.
La Fiscalía Anticorrupción partió de la hipótesis de que los implicados habrían obtenido beneficios indebidos en 15 proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial cantonal, mediante el pago de dádivas.
Según detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en ese momento, la estructura operaba en forma separada en cada municipio. Un representante de la constructora era considerado por los investigadores como “un eje central”, en el contacto con los ayuntamientos.
La investigación del caso Diamante revela la existencia de una compleja red de corrupción que ha trascendido las relaciones convencionales entre contratantes y contratistas, involucrando tanto a empresas constructoras como a altos funcionarios públicos de diferentes municipios del país. Este entramado corrupto no se limita a la ejecución de delitos convencionales, sino que demuestra un patrón sistemático y sofisticado de corrupción, establecido y fortalecido a lo largo de los años en diferentes municipios.
Informe presentando ante la comisión (expediente 23206).
Asimismo, la Fiscalía y OIJ indicaron que representantes de MECO y empleados municipales habrían colaborado para favorecer a la empresa en procesos de licitación, pagos adelantados de facturas e inicio anticipado de obras públicas.