El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado a las aerolíneas de bajo coste Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea con 179 millones de euros por prácticas «abusivas». Entre ellas, se incluyen, por ejemplo, cobrar por el equipaje de mano o por seleccionar asientos juntos. En 2023, el departamento dirigido en la actualidad por Pablo Bustinduy abrió un expediente a estas empresas por estas prácticas. Ahora, con la imposición de esta sanción se cierra ese proceso de investigación y las prácticas han sido calificadas como «muy graves» . En cuanto a las multas, la de mayor importe es para Ryanair (más de 107,7 millones de euros), seguida por Vueling (39,26), EasyJet (29,09), Norwegian (1,60) y Volotea (1,18). Si bien organizaciones de consumidores como la OCU o Facua han celebrado esta decisión al considerar que por primera vez se impone una sanción contundente, el proceso no acaba aquí. Las aerolíneas sancionadas van a recurrir ante la Audiencia Nacional para poder seguir ejecutando estas prácticas. Como han anunciado este viernes, a su juicio, esta multa «no cambia nada» ya que van a pedir la aplicación de medidas cautelares para poder seguir manteniendo sus políticas en tanto en cuanto el litigio se resuelve. De hecho, Javier Gándar, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), ha advertido de que en caso de que no se aprueben las medidas cautelares y no puedan seguir manteniendo -por el momento- estas prácticas generaría «una distorsión competitiva muy importante». En mitad de este litigio entre el Ministerio y las aerolíneas de bajo coste multadas, son muchos los usuarios que se preguntan si podrán recuperar el dinero destinado a pagar la maleta de cabina o poder sentarse junto a un menor o una persona dependiente si viajan con ellos. Por el momento, se sabe que el plazo para que las empresas presenten recursos es de dos meses que dara lugar al proceso administrativo cuando se resuelvan. Según las declaraciones de Gándara recogidas por Europa Press, esto podría durar unos dos años. La OCU por su parte ha solicitado al Ministerio que una vez se soliciten las meidas cautelares se impida que se siga cobrando. Además anima a los consumidores que, en caso de que les cobren, «reclamen ante la compañía». Sin embargo, no es tan sencillo. Según ALA, estas prácticas de cobrar por extras están avaladas por el Reglamento de la UE 1008/2008 y critican en su comunicado que «la decisión del ministro de Consumo, al ser manifiestamente ilegal, inexplicable y que puede llegar a perjudicar gravemente y de forma irreversible a muchos pasajeros». En una rueda de prensa el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha afirmado que «los consumidores pueden reclamar su dinero como lo han podido hacer desde 2018». No obstante, como ha reconocido, las compañías «probablemente» negarán compensar al cliente o devolverle el dinero por esa reclamación. De esta manera, quienes quieran recuperar su dinero «pueden poner una denuncia ante la administración de Consumo de su comunidad autónoma para que se abra un expediente sancionador y pueden ir a los tribunales sin coste». Así, por el momento, las opciones de los consumidores para recuperar ese dinero pasan por iniciar una vía judidicial para reclamar . Según Sánchez, en algunos de estos procesos se han conseguido «resoluciones favorables». Las asociones de consumidores tienen abiertos canales de asesoramiento ante estas prácticas y para estudiar las vías que se pueden seguir en cada uno de los casos.
