Desde que en 2022 adquiriera la capacidad de vigilar el cumplimiento de las leyes de protección de los consumidores por parte de las empresas, el Gobierno ha hecho amplio uso de esta prerrogativa, poniendo el foco especialmente en las plataformas de comercio 'online' y de viviendas turísticas, en empresas inmobiliarias y en aerolíneas de bajo coste. Precisamente, ayer el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 –el que tiene las competencias en este campo– se anotó un tanto al interponer en firme y por primera vez una sanción calificada de 'muy grave'. La sanción recae sobre las principales aerolíneas de bajo coste que operan en España, Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea. El montante, a su vez, asciende a 179 millones de euros, un 60% de los cuales tendrá que abonar Ryanair. Es la sanción más elevada que ha impuesto el Gobierno desde que hace dos años, y merced a la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, hizo suya una competencia que hasta ese momento solo tenían las comunidades autónomas. Según ha explicado el Ministerio a ABC, desde entonces se han cerrado veinte expedientes, de los cuales nueve han acabado en sanción en firme y cinco están pendientes a la espera de que se resuelvan los recursos de alzada. A su vez, seis de los expedientes se han resuelto a través de un acuerdo con las empresas para eludir la sanción. Más allá de esto, entre los procedimientos más importantes que actualmente están en marcha se cuentan los expedientes abiertos a varias inmobiliarias por cobrar comisiones ilegales (se enfrentan a multas de un millón de euros) , a operadores del comercio electrónico por aplicar rebajas presuntamente engañosas durante la campaña del 'Black Friday' (ya se han impuesto dos sanciones por valor de 90.000 euros) y a plataformas de pisos turísticos por publicitar viviendas sin licencia (las multas pueden alcanzar los 100.000 euros). El caso más importante era el de las aerolíneas, y si la sanción supera con creces a las que se han interpuesto hasta ahora es porque los hechos tienen el calificativo de 'muy grave'. Según el Ministerio, ese calificativo se otorga cuando el hecho investigado incumple alguna de las condiciones agravantes de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, como la reincidencia, el aprovechamiento de situaciones de necesidad o circunstancias de vulnerabilidad de los consumidores, o si se produce una alteración social grave, entre otras cosas. En cualquier caso, Consumo tiene cierto margen para actuar sobre las empresas, y en esa línea iban ayer las acusaciones de Ryanair, que en un comunicado muy duro aseguró que el departamento que dirige Bustinduy «actúa por razones políticas» y se «inventa» multas que son «infundadas e ilegales» por ser contrarias a la legislación de la UE en lo que refiere al equipaje de mano. Las empresas aludidas pueden recurrir la sanción ante los tribunales, cosa que Ryanair asegura que hará porque sus «políticas de equipaje han sido aprobadas en múltiples audiencias de tribunales españoles y de la UE», insistió la firma irlandesa en el comunicado. Con esto último, la compañía se refiere a una sentencia de la Audiencia de Barcelona en septiembre de este año y a una respuesta de la Comisión Europea ante una pregunta parlamentaria en 2013, dos casos que sentaron precedente a favor de los sobrecostes por el equipaje de mano que se embarca. En la misma línea, ayer la Asociación de Líneas Aéreas tachó la multa de ilegal, prometió recursos y, muy importante, anunció que seguirán cobrando por el equipaje a no ser que se pronuncien los tribunales.
