Debían destruir las armas intervenidas al crimen organizado, inutilizarlas y dejarlas fuera de circulación. Pero el hallazgo de un arma corta, tipo pistola, del calibre 9 milímetros, junto al cadáver de un hombre que se había suicidado en Torremolinos (Málaga); la desarticulación de una red de compraventa de armas en Internet; o las incautadas a un detenido en el marco de un pelotazo urbanístico, demostró que no era así. Todas ellas, aunque certificadas como inutilizadas o achatarradas, se encontraban en perfecto estado de funcionamiento, se habían introducido en el mercado negro, y conducían a un mismo lugar: la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y dos altos mandos que trabajaban allí. Las pesquisas revelaron entonces que ambos «habrían formado parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de armas» aprovechando su posición dentro del Cuerpo de forma supuestamente «torticera». Se trata de Enrique Montilla, antiguo jefe de la Intervención de Armas y Explosivos (IAE) de la Guardia Civil de la Comandancia de Málaga y Manuel Rubiño, ex jefe del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la misma ciudad, -capitán y subteniente, respectivamente-, ambos retirados en la actualidad. El primero era el responsable de firmar y certificar la invalidez o achatarramiento de las armas —tenía, según la Fiscalía, «plena capacidad» para hacerlo, con «cuantas armas quisiera» y habría aprovechado su condición «para manipular la confección de documentos»—. Mientras que el segundo era el encargado de inutilizarlas físicamente, aunque según la investigación, o no lo hacía (a pesar de que en los papeles oficiales figuraba que sí) o las incapacitaba de tal manera que su rehabilitación para poder hacer fuego de nuevo fuera «realmente sencilla». Habrían contado además con la «connivencia» de Alfonso M., dueño de una empresa dedicada al comercio al por mayor de chatarra y reciclaje —Reciclados y Residuos Málaga— a la que la Guardia Civil destinaba las armas para su destrucción. Según las pesquisas, en vez de hacerlas pedazos, las ponía a la venta en una armería de la que igualmente era propietario. «Dichas armas de fuego, cuyo control era inexistente, se ponía a disposición de terceros ilícitos depositarios quienes a su vez se encargaban de distribuirlas por distintos puntos de la geografía nacional/internacional», señala el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que tuvo acceso ABC. Además de los dos altos mandos y el dueño de la armería, la investigación apunta también a dos hijos del exjefe de la IAE — el ya mencionado Enrique Montilla — y dos personas con las que mantenía una «estrecha» relación. Todos ellos están acusados igualmente de haber facilitado «la introducción en el mercado negro de un número indeterminado de armas de fuego en perfecta disposición de uso». Los siete se enfrentan a 14 años de prisión por delitos de tenencia ilícita de armas de fuego prohibidas, depósito de municiones de guerra, pertenencia a grupo criminal y un delito de falsificación de documento oficial en el juicio que arranca el próximo lunes 25 en la Audiencia Provincial de Málaga. Fue en 2018 cuando se asignó al Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil hacer indagaciones sobre los dos mandos presuntamente implicados en una trama dedicada al tráfico de armas. Y era julio de ese mismo año cuando los agentes registraron el domicilio del exjefe de la IAE, Enrique Montilla. En el salón encontraron una carpeta azul con certificados de inutilización de armas, entre otra documentación, además de una pistola de la marca Walther escondida debajo de un sofá cama, cuyo escrito de invalidez había firmado él mismo 14 años antes, en el año 2004. En el cuarto de contadores, ubicado en la planta baja de la vivienda, Montilla también guardaba un maletín de color marrón con listados de armas y anotaciones manuscritas hechas al margen: «Se puede guiar» o «tenemos que darle otro número», se podía leer. Es la prueba, de acuerdo al escrito de la fiscal Pilar Belzunces, de que Montilla seleccionaba las armas para su posterior venta , «en función de las posibilidades» que tuviera cada una de ser 'legalizada'. Hubo otro hallazgo destacado en el domicilio. El arma que un ciudadano estonio utilizó para suicidarse en Torremolinos. Un año antes se encontró en varios de los listados requisados a Montilla, figurando en acta oficial, que la pistola en cuestión había sido destruida en 2002 por la empresa de achatarramiento del también acusado Alfonso M.—Reciclados y Residuos Málaga S.L—. Y la misma pistola, a su vez, estaba certificada por el exjefe de la IAE como inutilizada, cuando la Policía Científica determinó que ninguno de sus elementos presentaba evidencias de ello. Hasta 16.000 euros, en billetes de 50 y metidos en un sobre, encontraron los agentes del SAI en el registro del segundo guardia civil implicado, Manuel Rubiño . Así como una pistola, un revólver y una granada de mortero de 120 milímetros, previamente intervenida por efectivos del Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Comandancia de Málaga. En el informe policial, también consultado por este diario, los investigadores destacan que Rubiño tenía a su nombre 295 armas de fuego inutilizadas, de las cuales 138 fueron certificadas por su compañero Montilla. En muchos casos no se ha podido determinar la procedencia de dichas pistolas y se sospecha que su origen sea ilegal, según consta en el mismo. A otro de los acusados, A.I., una persona vinculada al mundo de las armas que mantenía «una relación especial de amistad» con Montilla, le intervinieron, además, munición de guerra. Según los informes, en su vivienda también fueron intervenidos 6.000 cartuchos para armas largas y cortas y un silenciador. Las pesquisas le sitúan como la persona que, «estando al tanto de todas las actividades en las que estaba inmerso» Montilla, le habría acompañado a realizar trámites administrativos. «Se trata de una persona de confianza e influencias que favorecía la expedición y renovación de toda la documentación relacionada con armas», sostiene la fiscal. Cabe destacar que ya en 2013 una información anónima recabada por el SAI le situaba como «el hombre de paja» del capitán Montilla, en el marco de supuestas irregularidades cometidas en otra armería. Mientras que en la vivienda de la hija de Montilla, S.M., —también agente de la Guardia Civil, aunque en activo— el SAI encontró abundante munición para arma larga en distintas estancias de la finca, «la mayoría en buen estado de conservación y funcionamiento». En su caso, la Fiscalía la acusa de, «en aras de proteger a su progenitor», interponer en 2016 una denuncia falsa sobre un supuesto robo de 12 armas inutilizadas en el domicilio en el que vivía su padre. Previamente la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Málaga había presentado un requerimiento para que las 25 armas que figuraban a nombre de la pareja del capitán Montilla fueran presentadas para su inspección física. Sobre su otro hijo —quien también responde a las iniciales E.M.— el Ministerio Público destaca «la afición por las armas» que le unía con el resto de acusados y argumenta que, durante la investigación, «se detectaron sendas comunicaciones que vislumbraban una falta de control importante sobre las armas que poseía», teniendo una escopeta a su nombre que ya había sido transferida en 2005 a un tercero. En su domicilio, además, se incautaron numerosas armas y municiones en perfecto estado de funcionamiento. Para ambos hijos la Fiscalía pide igualmente 14 años de cárcel y 7.200 euros de multa , cantidad que en el caso de ella, S.M., se duplica al atribuirle el Ministerio Público también un delito de simulación, por la presunta denuncia falsa. La lista de acusados la cierra F.O., otro individuo con fijación por las armas que supuestamente recurría a Montilla para comprarlas. Las intervenciones telefónicas habrían constatado que ambos mantenía «una relación estrecha». En este sentido, obra en la causa una conversación en la que el primero le pide al segundo que le consiga una pistola Astra de 9 milímetros de la que el excapitán comenta que podría costarle «entre 600 y 700 euros». Era 2018. Asimismo, harían referencia a las supuestas armas irregulares que Montilla introducía al mercado: «Sería de estas que...jeje...sin papeles», diría el guardia civil, según las transcripciones plasmadas en el citado informe. Para el SAI, todos los acusados se conocían entre sí y «conformaban un grupo dedicado a sacar armas del servicio de intervención de armas, donde se supone que iban destinadas al achatarramiento o inutilización, y sin control algunas de esas armas eran sacadas de su destino final, de forma ilícita, se les hacía certificados de inutilización o achatarramiento falsos y eran introducidas en el mercado negro, distirubuyéndose por, al menos, el territorio nacional, donde han sido halladas algunas de ellas en disposición de disparar, ya porque nunca fueron inutilizadas o achatarradas o porque se rehabilitaron tras una simulada inutilización fácilmente reversible». Entre las armas, además de aquellas intervenidas al crimen organizado, se encontraban también aquellas entregadas por agentes retirados, señalan las fuentes consultadas. Montilla estuvo al frente de IAE de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga hasta 2005, mientras que Rubiño ocupó su puesto hasta el 2013. El lunes, con 77 y 76 años, respectivamente, se sentarán en el banquillo por esta causa , denominada operación Moriles, y considerada piedra angular de otras causas de corrupción surgidas en los últimos años en la Costa del Sol. Por su edad, y por el tiempo transcurrido, sobrevuela la opción de que los acusados aleguen prescripción o pacten con la Fiscalía un posible acuerdo de conformidad.
