A diferentes velocidades se está llevando a cabo en el Congreso el recojo de firmas destinadas a la censura de los titulares del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. La primera obtuvo rápidamente el respaldo de varias bancadas, entre ellas Fuerza Popular y sus aliados, y superó la barrera de las 30 firmas. La segunda va más lenta, pese a la gravedad de la denuncia.
En el caso de Mucho, corresponde a las severas críticas desatadas por el proyecto del Ejecutivo para la formalización minera. Se le ha calificado como ineficiente y que no logra dar una ruta clara para la incorporación de los mineros que no ejercen su labor dentro de la normativa existente y que por el contrario generaría más zozobra en el tránsito entre el actual Reinfo y la propuesta ley MAPE.
Hay que entender que en el Congreso parece importar poco la situación de inseguridad que desatan los mineros ilegales en áreas que antes estaban destinadas a la agricultura o a la ganadería. En vastos territorios se están llevando a cabo estas actividades ilícitas que tienen en el Reinfo un respaldo legal para seguir depredando el mineral, en especial el oro, que venden en el extranjero y que genera grandes fortunas.
Del total de mineros informales que necesitan regularizar su situación, sólo 2% lo ha hecho en un plazo de 8 años y ahora se busca alargar su vigencia por dos años más, hasta el 2026.
Los lobbies de la minería ilegal en el Congreso se apuran en rechazar cualquier intento de modificar la extensión del plazo. Y hasta sacrificar al ministro Mucho, si fuera el caso.
Demartini lleva sobre las espaldas la denuncia agraviante y vergonzosa de haber permitido repartir carne de dudoso origen y en mal estado a los niños más pobres, a través del programa Qali Warma.
La contratación del proveedor del alimento contaminado corresponde a la gestión de Dina Boluarte al frente del MIDIS.
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