Las competencias que el Ayuntamiento de Madrid libra de pagar al Gobierno de Ayuso se elevan a 860 millones de euros

Más de ochocientos millones de euros. Esa es la deuda anual que la Comunidad de Madrid acumula con el Ayuntamiento de la capital. Desde que José Luis Martínez-Almeida llegó al cargo de alcalde e Isabel Díaz Ayuso fue investida presidenta autonómica en 2019, las transferencias vinculadas a la gestión de competencias impropias en la región han ido en aumento, provocando un deterioro notable en la prestación de servicios de la ciudad.

Pese a que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013 intentó reducir y limitar el ejercicio de competencias impropias por parte de los municipios, en la práctica muchas de ellas continúan siendo asumidas por el Ayuntamiento de Madrid sin que, a cambio, reciba la correspondiente financiación. Estas competencias abarcan áreas esenciales para la vida ciudadana como los servicios de emergencias, la vivienda, la educación, la asistencia social, la sanidad, el empleo o la cultura, que generan además, un gasto significativo en el presupuesto municipal.

El Ayuntamiento de Madrid se ve forzado a destinar una parte considerable de su presupuesto a estos gastos no obligatorios, lo que reduce su capacidad para invertir en sus áreas propias y obligatorias. Un informe elaborado por el Grupo Municipal Socialista de la capital al que ha tenido acceso en exclusiva Somos Madrid expone en detalle esta problemática, subrayando la necesidad urgente de una solución estructural que pase por la aprobación de una Carta Municipal para la ciudad de Madrid, la revisión de la financiación por parte de la Comunidad y la reforma de la Ley de Capitalidad en la que está trabajando el gobierno municipal.

Desde el PSOE consideran que estas tres propuestas son necesarias para que el Ayuntamiento de Madrid disponga de los recursos suficientes para financiar adecuadamente los servicios públicos que son de su competencia. “Un primer paso sería actualizar el marco de colaboración y corresponsabilidad con la Comunidad de Madrid y el Gobierno central”, explican.

Según la oposición municipal, el alcalde solo ha planteado abrir el debate sobre la reforma de la Ley de Capitalidad por “una mera estrategia partidista que busca la confrontación permanente con el Gobierno central”, alegando que no aporta los recursos suficientes al Ayuntamiento. Sin embargo, los datos del Partido Socialista desmienten este relato. Según el proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento para 2025, las transferencias corrientes del Estado suman 2.241,5 millones de euros, 58 millones más que en el ejercicio anterior. Solo el Fondo Complementario de Financiación aumenta su partida un 5,9%. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, aportará 128,5 millones, tan solo un 3,2% más que en 2024, o lo que es lo mismo, alrededor de cinco millones más.

Aunque el Estado ha incrementado las transferencias al Ayuntamiento, la Comunidad aporta menos en comparación con otras regiones. Un ejemplo de ello es Barcelona, que sí que cuenta con una Ley de Capitalidad y recibe más del doble por habitante pese a tener la mitad de población que Madrid.

"Barcelona recibe más del doble de financiación por habitante pese a tener la mitad de población que Madrid"

El problema con la gestión de competencias impropias viene de lejos, aunque en los últimos años ha sufrido un importante repunte. Desde 2008, el Ayuntamiento de Madrid ha documentado el impacto de los gastos no obligatorios en sus finanzas. En ese año, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón estimó este tipo de transferencias en más de 1.300 millones de euros, lo que representaba un 25% del presupuesto municipal. Un estudio posterior del Instituto de Economía de Barcelona llevado a cabo en 2010 confirmó la magnitud del problema, destacando que el gasto no obligatorio rondaba los 362 euros por habitante y se concentraba en seguridad, servicios sociales y cultura.

Más recientemente, una tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid en 2021 actualizó estos datos, identificando un incremento en los gastos no obligatorios y señalando que, en algunos casos, superaban el 35% de las adjudicaciones presupuestarias anuales del Ayuntamiento. Esto supone un aumento del 10% en comparación con 2008, lo que se traduce en 58 millones de euros más destinados a competencias impropias que hace 16 años.

La asistencia social y la educación, entre las áreas más afectadas

El desajuste financiero no solo afecta a las cuentas municipales, también tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos. La falta de recursos limita la capacidad del Ayuntamiento para mejorar la infraestructura urbana, ampliar la oferta de vivienda asequible o modernizar el transporte público, servicios que los madrileños mantienen con sus impuestos y de los que dejarían de beneficiarse si el presupuesto destinado a su manutención se redistribuye a otras cuestiones. El informe identifica con detalle las principales áreas donde los gastos no obligatorios tienen un impacto considerable. Dejando a un lado el gasto consolidado en Vivienda de la EMVS y el gasto administrativo del personal seguridad, la asistencia social y la educación encabezan el listado.

Los programas municipales destinados a la asistencia social son esenciales para garantizar el bienestar de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no cubre los costos totales de estas iniciativas, lo que obliga al Ayuntamiento a utilizar recursos propios. Es el caso del servicio de ayuda a domicilio. Este programa, que permite a las personas mayores y dependientes permanecer en sus hogares, tuvo un gasto de 198,3 millones de euros en 2023, de los cuales la Comunidad solo financió 58,9 millones. Algo similar sucede con los centros de día. Estas instalaciones, vitales para el cuidado de mayores, costaron al Ayuntamiento 60,9 millones el año pasado, con una aportación regional de tan solo 11 millones.

También ocurre lo mismo en materia de atención a personas sin hogar, un servicio para el que la Comunidad transfirió únicamente 250.000 euros en 2023. Solo la subvención nominativa que el Ayuntamiento otorgó a la Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda de Marginados (Faciam), fue de 2.385.000 euros. El programa presupuestario que gestiona esa política pública gastó el año pasado 42,4 millones de euros, de los que la Comunidad únicamente aportó un 0,6%.

La educación sigue una misma línea, especialmente en la lucha contra el absentismo escolar y la provisión de servicios complementarios para alumnos. El gasto en apoyo educativo ascendió a cinco millones de euros en 2023, mientras que la Comunidad transfirió únicamente 400.000 euros, dejando una brecha significativa. También han resultado afectadas las escuelas infantiles y los centros de educación especial gestionados por el Ayuntamiento, que no reciben la financiación adecuada a pesar de tratarse de competencias clave para el desarrollo social y económico de la ciudad.

En lo que respecta al fomento del empleo, el Ayuntamiento gestiona varios programas presupuestarios destinados a esta labor a través de la Agencia para el Empleo. En 2023 el gasto en esta materia fue de 57,2 millones de euros y la transferencia de la Comunidad a la citada Agencia de 26,4 millones de euros para las anualidades de 2023 y 2024, es decir, 13,2 millones de euros para cada ejercicio, por lo el Gobierno regional únicamente cubrió el 23,1% de este gasto no obligatorio.

Uno de los casos más graves es el de la defensa de los consumidores. No es que se haya reducido el gasto, es que carece de financiación alguna por parte de la Comunidad de Madrid. Esta competencia dejó de estar contemplada como propia de los municipios tras la reforma de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013. Sin embargo, el Ayuntamiento viene prestando este servicio público sin cambio alguno, con un gasto de 9,1 millones de euros en 2023 sin que la Comunidad aporte un céntimo a su financiación.

Lo mismo ocurre con la promoción cultural, la gestión del patrimonio histórico-artístico, el comercio, el desarrollo empresarial y el emprendimiento o el fomento de la innovación. Todas estas competencias y servicios no cuentan con financiación alguna por parte de la Comunidad de Madrid.

Un modelo financiero renovado

En el informe, el Grupo Municipal Socialista no solo describe los gastos que asume la ciudad por la gestión de competencias impropias, también propone una solución al desajuste financiero. Según apuntan, las transferencias de la Administración General del Estado al Ayuntamiento de Madrid cubrirían sobradamente el gasto no obligatorio que corresponde afrontar a esta administración. Por el contrario, aseguran que las transferencias de la Comunidad de Madrid son del todo insuficientes, pudiéndose establecer una horquilla de entre 700 a 885 millones de euros anuales el importe de la deuda que tiene la Comunidad con su capital.

Pese a que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, intentó reducir o limitar el ejercicio de competencias impropias por parte de los municipios, en la práctica muchas de estas competencias continúan siendo asumidas por el Ayuntamiento de Madrid sin que, a cambio, reciba la correspondiente financiación. El Ayuntamiento de Madrid se ve obligado a destinar una parte considerable de su presupuesto a estos gastos no obligatorios, lo que reduce su capacidad para invertir en sus competencias propias y obligatorias.

Una posible solución a esta situación sería que el alcance de un compromiso político para la elaboración y aprobación de una Ley Autonómica de Capitalidad o Carta Municipal para el municipio de Madrid, que debería incluir una financiación suficiente que soportara el citado gasto, bien mediante la participación en los impuestos recaudados por la Comunidad o a través de un canon o fondo de capitalidad no finalista.

En este sentido, el Partido Socialista también considera esencial una revisión de las transferencias autonómicas. Para ello, propone un mecanismo de financiación basado en la participación en impuestos autonómicos, similar al modelo catalán, que garantizaría que la Comunidad cubra al menos el 70% de los costos asociados a competencias impropias. El fortalecimiento de las relaciones interadministrativas también permitiría atajar la problemática, cuestión para la que sugieren la creación de consorcios específicos para coordinar proyectos entre el Ayuntamiento y la Comunidad. También aboga por una mayor transparencia en la asignación de recursos y la implementación de auditorías conjuntas.

Desde el PSOE insisten en que Madrid enfrenta un desafío estructural que afecta la calidad de los servicios públicos y su sostenibilidad financiera. La implementación de un marco normativo y financiero adecuado ayudaría a resolver el desequilibrio, por lo que urgen al gobierno regional a asumir su responsabilidad y garantizar que la capital disponga de los recursos necesarios para atender a los ciudadanos.