Cuidado con las manos y los fuegos

Si cree usted que hay alguna verdad insoportable, sopórtela

G.K.Chesterton

Cayo Mucio metió la mano en el fuego por amor y lealtad a Roma. Corría el año 508 a.C cuando el joven cruzó el Tiber para introducirse en el campamento de los etruscos y asesinar a su rey. Cientos de jóvenes romanos se habían conjurado para intentarlo, uno tras otro, hasta lograr el objetivo. Cayo Mucio alcanzó el campamento pero, ignorante de las costumbres etruscas, vio a un tipo vestido de púrpura y le clavó la daga, tomándolo por el jefe de las tropas. No lo era. Fue apresado y conducido efectivamente a presencia de este, quien le instó a delatar la organización de los romanos si no quería ser quemado vivo. Para demostrar que no le intimidaba y que su lealtad a los suyos era inquebrantable, atravesó la estancia hasta uno de los braseros y él mismo metió su mano derecha en las llamas. Mientras se abrasaba dijo: “Poca cosa es el cuerpo, para quien sólo aspira a la gloria”. Ante tamaña muestra de valor, el rey etrusco le perdonó la vida. Este es el origen más bien mítico de la expresión castellana “poner la mano en el fuego” por alguien. 

Huele a chamuscado en este país. Hay que estar muy seguro para abrasarse por otros por pura fe y sin sopesar los datos. 

La lógica y los hechos nos muestran, sin embargo, que las probabilidades de que Víctor de Aldama haya pedido declarar voluntariamente, aconsejado por su abogado, para auto incriminarse en nuevos delitos, soltando un continuo de bolas sin respaldo con el único objetivo de hacerle un agujero al gobierno son bastante bajas. Ni su propio interés ni la pericia de su abogado ni la aceptación del acuerdo por la Fiscalía Anticorrupción apuntan a tal conclusión. La estrategia del abogado Jose Antonio Choclán emana directamente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y es muy hábil y bien elaborada, no es posible cargar contra ella con meros argumentos ad hominem. Es obvio a estas alturas que De Aldama no puede pretender como estrategia de defensa proclamarse inocente de todos los cargos y pretender así salir absuelto. Su posición es tal que más le vale intentar ser condenado a las mínimas penas y ese es el motivo de que su abogado le haya convertido en una especie de arrepentido, de colaborador con la Justicia, al que luego se le puedan aplicar los beneficios establecidos por la legislación. Establecidos, sí, porque la Justicia para ser hecha precisa también de una especie de derecho penal del amigo, en el que se premie al que está dispuesto a ayudar a condenar a todos los demás. Sucede en todos los países democráticos. 

Cierto es que a De Aldama le había enviado a prisión preventiva Santiago Pedraz por el caso Hidrocarburos y que el recurso a la Sala para la excarcelación no había dado resultado. Surge entonces la colaboración en el caso que a la Fiscalía Anticorrupción más le interesa, el Caso Koldo, y no puede sino haber mediado acuerdo de que una vez llevada a cabo la declaración, el fiscal como de hecho hizo, no se opondría a su libertad con medidas en la otra causa. Puede tenerse la tentación de pensar que la Fiscalía Anticorrupción se ha vuelto loca, que ha estado de acuerdo en premiar una colaboración absurda y falsa de la que no puede sacarse ningún provecho pero no seré yo quien lo haga. La lógica apunta no sólo a que Anticorrupción ha considerado provechosa la declaración -de hecho lo ha dicho en una nota- sino a que la secuencia incluía la declaración y más tarde la puesta en libertad y a continuación la aportación de material si es que este no se encuentra ya incautado y lo que se ha hecho ha sido desbrozar el camino de dónde deben buscar para encontrar las pruebas. No en vano hay un terabyte de datos y seis de sus móviles en poder de la UCO.

La lógica y la razón nos llevan a pensar que Aldama ha dicho muchas verdades en su declaración aunque, obviamente, no podemos descartar que haya un porcentaje de adorno, vendetta o floritura, sobre todo en cuestiones que no son objeto de la causa. Tampoco podemos desestimar que parte de las cosas que ha declarado no sean mentiras sino engaños que le hayan hecho a él mismo, por ejemplo, que puede no mentir al decir que le pidieron dinero para Santos Cerdán y sin embargo que a esta persona no se le haya cohechado nunca, porque ese dinero se lo quedara el propio Koldo que lo pidió en su nombre. Puede que a él le dijeran que Sánchez quería conocerle y que Sánchez no supiera nada. 

No obstante no hay que aturullarse, dado que ni somos los llamados a juzgar a nadie ni el procedimiento se tiene que resolver en dos días y tres titulares. No me cabe duda de que en los dispositivos de Aldama deben figurar recogidos muchas de las comunicaciones que tuvo con los otros imputados, no hay pájaro de cuenta que no guarde las cositas por si vienen curvas. Las curvas han llegado y las cositas saldrán. También está el juez pendiente de los discos duros de Ábalos que aparecieron en el registro en casa de Koldo y que parece que ya han logrado desencriptar. Ahí habrá sin duda más información, porque nadie se ocupa de blindar tanto las cosas si no merece la pena. Además van a ser llamadas a declarar otras personas y se llevarán a cabo todo tipo de diligencias de prueba. Como se hace siempre. 

Recurrir a la falacia ad hominem es recurrir como su propio nombre indica a un engaño o en determinados casos a un auto engaño y no demuestra sino unos nervios que, la verdad, no entiendo. La campaña contra el abogado Jose Antonio Choclán es infame y a la par ridícula. No encontrarán un solo jurista, de derechas de izquierdas o medio pensionista, que no les diga que técnicamente Choclán es muy bueno. Enmierdar el campo, como se ha hecho, acusándole de defender a corruptos peperos - ¡madre mía, un abogado defendiendo a acusados de delinquir! ¿qué será lo próximo?- es tener pocos argumentos y mear fuera del tiesto. Sugiero además que los ad hominem se hagan con datos ciertos porque se están repitiendo en redes cosas que no son. Choclán no inhabilitó como juez a Baltasar Garzón sino que fue uno de los abogados escuchados en prisión por sus órdenes y ni siquiera fue él quien presentó la querella, lo hizo el también abogado y ex fiscal Ignacio Peláez. Lo que sí hizo siendo aún magistrado fue mandar a prisión a Mario Conde, eso sí fue ponencia suya. 

También he visto ataques contra el fiscal de Anticorrupción, Luis Pastor, porque en su día tuvo algún cargo técnico en los ministerios de Michavila. La cuestión es que su último nombramiento para la Fiscalía Anticorrupción lo hizo Juan Carlos Campo, ministro de Justicia de Sánchez, siendo fiscal general del Estado Dolores Delgado. También he leído resquemores contra el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que fue confirmado en su jefatura por el propio Álvaro García Ortíz. A lo mejor va a ser que son dos buenos profesionales y, en ese caso, es difícil que consideremos que les han engañado como a chinos soltando una sarta de trolas sin que se vaya a probar nada. Leo en este diario que el fiscal general del Estado no fue informado de la postura que tomaría Anticorrupción, tal vez sea debido a que la investigación afecta a quienes le nombraron para un puesto en el que se encuentra en una complicada situación ahora mismo. Tal vez no quisieron que alguien tratara de reventar la comparecencia y las aportaciones que Aldama pueda hacer. Yo me alegro de que la Justicia sea capaz de avanzar sea contra quien sea y del signo político que sea, me alegro de que no seamos un estado fallido como dice la ultraderecha, me alegro de que los mecanismos sigan funcionando aunque a veces lo hagan con dificultad porque el poder siempre ha intentado griparlos. 

En términos de pura lógica y de análisis frío, yo recomendaría mantener las manos en los bolsillos hasta ver cómo acaba esto y a quién arrastra. A fin de cuentas no somos héroes romanos.