Agendas, pagos y citas: las preguntas clave a los «mosqueteros» de Aldama
Tras la explosiva declaración judicial de Víctor de Aldama –que ha puesto en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez- el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno interroga entre hoy y mañana a cuatro socios del comisionista –tres de ellos integrantes junto al empresario del chat «Los cuatro mosqueteros», que según la Guardia Civil acredita los pagos a Koldo García– y a la que fuera su secretaria. En la primera jornada testificarán Luis Alberto Escolano, a quien utilizó Aldama para pagar el alquiler del piso de la pareja de Ábalos, y César Moreno, uno de los «mosqueteros» de Aldama. Al día siguiente, el instructor escuchará a los otros dos, Ignacio Díaz Tapia y Javier Serrano (ambos formaban también parte de ese círculo de confianza del comisionista que compartían grupo en la aplicación de mensajería) y María Piedad Losada, exsecretaria de Aldama.
Obligados a decir la verdad al comparecer en calidad de testigos, su testimonio se antoja determinante para esclarecer las lagunas de la confesión de Aldama y aportar nuevos datos que apuntalen los indicios ya recabados durante meses de investigación, sobre todo respecto a las supuestas operaciones para vaciar el patrimonio del comisionista tanto en España como en Portugal.
Pero, ¿cuáles son las preguntas clave a las que tendrán que hacer frente? Como personas de la máxima confianza de Aldama, deberán dilucidar si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (cuya relación con Koldo, según dijo Aldama, era anterior a la que estableció con Ábalos), estaba al corriente de los contactos del empresario con miembros del Gobierno. Asimismo, se les preguntará si Aldama les comentó en algún momento que los contratos con Baleares y Canarias para el suministro de mascarillas o de test de detección del Covid se cerraron por su «relación» con los entonces presidentes autonómicos Ángel Víctor Torres y Francina Armengol.
Las acusaciones quieren saber también si los socios de Aldama conocían a Santos Cerdán y desde cuándo y si alguno de los testigos tuvieron alguna participación en la presunta entrega de 15.000 euros en un sobre en un bar frente a la sede de Ferraz al ahora secretario de Organización del PSOE.
Especialmente esclarecedora puede resultar la declaración judicial de César Moreno respecto a las gestiones con el jefe de Gabinete de la ministra María Jesús Montero para el supuesto aplazamiento de una reclamación fiscal por parte de la empresa Pilot Real Estate, que según declaró Aldama contó con el beneplácito de la vicepresidenta.
En el caso de Escolano, su testimonio es clave para saber de dónde procedía realmente el dinero con el que se pagó, por orden de Aldama, el alquiler del piso de Jessica Rodríguez, la pareja de Ábalos, en Madrid (a razón de 2.700 euros mensuales). Y, también, para conocer en qué consistieron las amenazas que, según el comisionista, profirió cuando se dejó de pagar la vivienda en septiembre de 2021, dos meses después de que Ábalos abandonara el Gobierno de Pedro Sánchez.
Para el abogado de Hazte Oír Javier María Pérez-Roldán, «es importantísimo conocer el contenido de estas amenazas, pues en principio parece que tenían relación con desvelar públicamente determinados comportamientos delictivos ya de Escolano, ya de su entorno».
«Los socios de Aldama son la principal fuente –recalca el letrado de la acusación popular– de información de la organización criminal objeto de investigación», por lo que en su opinión deben esclarecer «si conocían con qué miembros del Gobierno de Sánchez tenía relación directa Aldama» y si les consta «que Sánchez conocía o estaba informado las operaciones económicas y mercantiles que realizaban Aldama y sus socios».
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en uno de sus informes que Aldama llevó a cabo una «despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional», para lo que se habría servido de un entramado empresarial en el que participaron Escolano, Díaz Tapia, Serrano y Moreno. Todos ellos –algunos de los cuales mantenían «vínculos» con Koldo García– habrían actuado como supuestos testaferros con el objetivo, según la Guardia Civil, de «ocultar su patrimonio».
La agenda de Aldama, de la que supuestamente se encargaba su secretaria, puede resultar también muy esclarecedora para la investigación. De ahí que el interrogatorio a Piedad Losada puede arrojar luz sobre los encuentros del empresario con Ábalos. Pero no solo con el entonces ministro. Hazte Oír, una de las acusaciones populares, quiere que la testigo aclare si Pedro Sánchez o Begoña Gómez acudieron en alguna ocasión a su despacho y si en su agenda consta algún encuentro en Moncloa con cualquiera de los dos.
La testigo también será interrogada en relación a una posible contabilidad de los presuntos pagos de Aldama a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Incluso sobre una prueba documental sobre los 50.000 euros que habría pedido a la trama Ángel Víctor Torres a cuenta de los contratos de las mascarillas. Igualmente, tendrá que contestar sobre hipotéticas reuniones de Aldama con Ábalos o cualquier otro miembro del Gobierno en México o sobre el mitin del PSOE en el que el empresario coincidió con Pedro Sánchez (según Aldama para conocerlo y agradecerle sus gestiones en el país azteca).
Las posibles gestiones relacionadas con el viaje de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España (en las que Aldama implicó a medio Ejecutivo de Sánchez y al propio presidente), los preparativos de la cena de Sánchez y alguno de sus ministros con la número dos de Maduro, a la que aludió el imputado, y la existencia, en su caso, de hipotéticas comunicaciones entre el líder del PSOE y Aldama también se pondrán sobre la mesa.
En cuanto a Javier Serrano, deberá aclarar el papel que jugó en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, y si participó en alguna reunión con este objetivo con las administraciones de Baleares o Canarias. Del mismo modo, se le preguntará sobre las operaciones para vaciar el patrimonio de Aldama en España y Portugal y en relación a las transferencias internacionales a empresas vinculadas al Grupo Cueto que lidera otro de los imputados.