Absuelta una marroquí que se había besado en público con su pareja

El Tribunal de Apelación de Tánger dictó sentencia a favor de una joven que ya había sido condenada tras ser acusada de cometer un acto de “corrupción” por intercambiar un beso con su pareja. La decisión desató un amplio debate jurídico sobre el concepto de corrupción en la legislación marroquí, ya que el tribunal consideró que un beso entre dos personas no constituye un delito de de este tipo.

El caso comenzó cuando un exmarido presentó una denuncia contra su exmujer de 25 años; la acusó de tener conductas inmorales con su pareja de 29 años, delante de su hijo.

El Ministerio Fiscal abrió una investigación, que fue adscrita a la Brigada Especial de Investigaciones de Lucha contra los Delitos Morales de la ciudad de Larache, que documentó en su informe las confesiones de los acusados de que se habían intercambiado un beso sin relación sexual entre ellos.

Aunque el Tribunal de Primera Instancia se basó en las confesiones oficiales de los acusados para emitir su primera sentencia, dictaminando que la joven debía ser condenada a dos meses de prisión con suspensión de la pena, el Tribunal de Apelación anuló esta decisión, al considerar que el acto de besar no está incluido en el delito de corrupción según el artículo 490 de la ley penal marroquí.

Al comentar la decisión, la abogada Yusra Raissouni, defensora de la acusada, expresó su satisfacción por la decisión del Tribunal de Apelación, que "devolvió las cosas a su perspectiva adecuada", ya que el fallo se produjo en el contexto de una respuesta a los principios judiciales establecidos que distinguen entre actos que constituyen un acto de corrupción y otros que no pueden calificarse como corrupción en este contexto. Este caso supone un punto de inflexión en la interpretación de la ley de corrupción en Marruecos, ya que hay opiniones divergentes sobre si comportamientos como besarse en lugares públicos deben considerarse actos inmorales o no. Mientras algunos lo ven como un comportamiento normal, otros insisten en que es una violación de la moral pública según las leyes vigente.