El informe del Consejo Social sobre las cuentas de 2025 pasó ayer casi de tapadillo por el debate del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba , toda vez que llegó al Consistorio el pasado jueves 21 cuando ya estaba aprobado de manera inicial y con retraso sobre los plazos establecidos para que ese órgano consultivo analice el texto completo de gastos e ingresos del Ayuntamiento. El documento de este órgano que preide el exrector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez Alcalá , y al que ha tenido acceso ABC, hace una recomendación llamativa al final de su extenso análisis, y no es otra que un fondo de contingencia para inundaciones en la ciudad. Lo que el Consejo llama las «lamentables evidencias que existen del impacto del cambio climático en el mayor riesgo de inundaciones y con una periodicidad mayor» lleva a que se identifiquen las zonas de mayor riesgo en Córdoba que no son otras que Alcolea y las inmediaciones del aeropuerto, dos de los focos principales de la crecida del río en 2010 , por ejemplo. Lo que expresa este órgano es que el Ayuntamiento vaya metiendo una bolsa de dinero para contingencias por inundaciones, unos hechos potenciados además por los dolorosos sucesos acontecidos por la DANA en Valencia . A ello suma la necesidad de que tanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como la Junta de Andalucía y el propio Consistorio afronten las actuaciones pendientes sobre los cauces fluviales. Como ya publicó ABC, un ejemplo es la obra pendiente desde 2013 sobre los arroyos de la Sierra que deberían encauzarse hacia la salida natural del río por el arroyo Pedroche para evitar la inundación de hasta ocho barrios en caso de lluvias torrenciales y por la saturación de la red de colectores. Una obra que nunca se hizo por falta de fondos europeos y que se ha ido pasando de plan en plan hidrológico sin que, por el momento, haya cristalizado en un convenio con Emacsa . Esta obra, en concreto, supone una inversión de 8,2 millones. Hay más intervenciones, entre ellas en el propio cauce del Guadalquivir y pendientes. En este sentido, el Consejo Social también le recuerda al Ayuntamiento pero al resto de administraciones también que se cumpla «la normativa urbanística de las zonas susceptibles de riesgo » en un claro mensaje al fenómeno parcelario que en estas zonas además no tiene opciones de regularizarse ni acogerse a los planes para dotarse de servicios que en otros puntos permite la ley andaluza (Lista). Pero no quedan ahí las recomendaciones del órgano consultivo. Al alcalde, José María Bellido, le reprochan que en su memoria haga mención directa a la «sexta bajada de impuestos consecutiva que se aplica en la ciudad» pero no se «informe a la ciudadanía igualmente de los incrementos» de la tasa de recogida de basura del 35% en 2024 y del 20% en otros servicios más el 10% previsto a lo largo de 2025 por el llamado quinto contenedor. De igual forma, el Consejo entra en el asunto de las subvenciones, que ya en el Pleno dirimió confrontación entre gobierno y oposición, e insiste en la necesidad de fijar un Plan Estratégico de Subvenciones para seguir «los principios de buena gestión» de la UE así como una planificación trianual, como también ha pedido el Órgano de Planificación Económica y Presupuestaria. La teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, anunció ayer la redacción del plan estratégico así como la actualización de la ordenanza vigente desde 2005. Más información sobre el plazo medio de pago a proveedores así como la puesta en marcha de medidas para mejorar la gestión presupuestaria son algunas de las pautas que reseña el análisis del órgano que presidente Pérez Alcalá y que reseña la importancia de que las cuentas entren en vigor el 1 de enero.
