El Consejo de Europa falla contra España por los cortes de luz en la Cañada Real: ni vivienda digna ni derecho a la salud

España vulnera media docena de artículos de la Carta Social Europea. Según una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Estado ha fallado en la protección de familias, menores y mayores afectados desde hace más de cuatro años por los cortes de luz en la Cañada Real y que se enfrentan a otro invierno gélido sin electricidad en la comunidad autónoma que presume de ser la más rica del país que se jacta, a su vez, de ser el que más crece de la Unión Europea, pero que, según esta resolución, no ha adoptado “medidas adecuadas” para “garantizar una vivienda adecuada” ni para evitar a las personas afectadas las enfermedades relacionadas con la falta de suministro.

En concreto, el Comité considera, por unanimidad, que España viola el artículo 31.1 de la Carta, que compromete a sus firmantes a “favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente”; y el 11, que garantiza el derecho a la protección de la salud, al señalar que el Estado no ha hecho lo suficiente por eliminar las causas de una salud deficiente de estas personas ni para prevenir enfermedades epidémicas y endémicas.

La resolución va más allá y señala que los cortes de luz en la Cañada Real afecta especialmente a los más pequeños. En los sectores 5 y 6, afectados por el parón de suministro, viven alrededor de 1.800 niños y niñas a los que, según el Consejo de Europa, el Estado no ha garantizado su derecho a la educación. También a las personas mayores, que no están disfrutando a su derecho, reconocido por España, a una protección social y una vida digna.

Según el documento, “el Gobierno sostiene que las plantaciones intensivas de marihuana, ubicadas en estos sectores activan dispositivos de seguridad instalados por la empresa eléctrica Naturgy y provocan así un apagón permanente en la red”. Sin embargo, las administración no han resuelto en cuatro años el problema, que, según las organizaciones querellantes “han provocado un grave impacto en la vida de las personas que habitan” la Cañada.

La resolución no se queda solo en los derechos que vulnera el Estado español. Pone ejemplos concretos de cómo esta dejadez afecta a familias a las que no se protege contra la pobreza ni la exclusión social, a niños que no tiene acceso a una educación de calidad y a mayores vulnerables. Ante la falta de electricidad, “los hogares afectados tuvieron que comprar, dentro de sus posibilidades, fuentes alternativas de energía”. Paneles solares de segunda mano, calentadores, cocinas de butano, estufas o velas, que según las organización provocaron “más de cinco incendios y explosiones con cuatro heridos graves y la muerte de un hombre en 2023”, además de “25 intoxicaciones causadas por la contaminación de los generadores de gasolina y dos incendios por las velas” durante el invierno pasado.

El Consejo de Europa se pronuncia tras una reclamación presentada por Comisiones Obreras, Defence for Children International, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar, la Asociación Europea de Magistrados por la Democracia y la Libertad (Medel, por sus siglas en inglés) y ATD Fourth World. En concreto, el Comité admitió la queja en octubre de 2022 y exigió al Gobierno que presentara alegaciones antes del 15 de diciembre de ese año. Las justificaciones de las partes se prolongaron después hasta junio de 2023, incluidas las observaciones del Defensor del Pueblo en calidad de tercero.

El Consejo ya había pedido entonces, en 2022, al Gobierno español que tomara “medidas inmediatas” para resolver los problemas de luz en la Cañada, sin que su exigencia tuviera repercusiones prácticas. La resolución, a la que ha tenido acceso este medio, está ya en manos del Ejecutivo y deberá ser publicada, como mucho, el 26 de febrero de 2025.