Del Estado Nacional al órgano antinacional del madurismo
La noción de Estado se refiere a un ordenamiento jurídico y político que fundamenta el poder público ejercido sobre la población de un territorio, constituida en nación en virtud de compartir lenguas, tradiciones u otros elementos que la identifican como entidad colectiva. En tanto que República, el Estado asume una división y un equilibrio de poderes diseñado para conferir a los integrantes de la nación –“el pueblo”–, el ejercicio de la soberanía sobre sus asuntos. El gobierno, por su parte, es el encargado de administrar al Estado, conforme a las exigencias del soberano. En una República, el gobierno se identifica con el Poder Ejecutivo. Existe, asimismo, el Poder Legislativo, conformado por representantes electos de ese soberano quienes, en su nombre, aprueban las normas (leyes) que regulan al Estado y su relación con la sociedad, teniendo siempre como norte el interés de la nación como un todo. Supervisa, además, que las ejecutorias del gobierno respondan al ordenamiento jurídico aprobado en nombre del soberano. Ataña, en particular, al goce pleno de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de los deberes necesarios para su ejercicio. Al lado de un Poder Judicial que se encarga del cumplimiento de las leyes y de medios de comunicación libres, funge de contrapoder del Ejecutivo para evitar abusos que desdibujen o anulen el ejercicio de la soberanía popular. Pero es la vigilancia y movilización de una población informada la garantía definitiva de que sus derechos serán respetados.
Un gobierno autocrático, al contrario, no lo limita lo contrapoderes. Las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales residen, en última instancia, en la voluntad del autócrata, independientemente de las formas con las cuales las encubre. Sin embargo, suele invocar “los intereses supremos de la nación” para justificar sus acciones y poder cohesionar en torno suyo a los factores de poder que le sirven de sostén. El grado en que logre proyectar la imagen de que, efectivamente, persigue el interés nacional tiende a favorecer, a la larga, su capacidad de sobreponerse a los esfuerzos de quienes buscan desalojarlo del poder. Implica que al autócrata no le conviene prescindir del juego político como un todo, pues su libertad de hacer lo que le da la gana tropieza con limitaciones. No debe aparecer como antinacional.
Lo insólito es que se constituya un régimen político para contrariar, expresamente, los intereses de una nación. Para ello coloniza al Estado para tomar el control de sus palancas de decisión, desmontar los mecanismos de supervisión que limitan su poder y orientar, así, los recursos que están bajo su manejo hacia fines opuestos a los intereses de quienes conforman la nación. Es decir, requiere desmantelar las instituciones de la República y, con ello, destruir al Estado de derecho que le da sentido.
Lo anterior resume lo que ha hecho Nicolás Maduro en el poder, junto con la camarilla que lo acompaña. En el lugar de la institucionalidad republicana asentaron la anomia, es decir, las arbitrariedades del más fuerte, amparada en el ejercicio discrecional de un conjunto de instrumentos que conforman los órganos de un poder cada vez más absoluto. Ese poder defiende los intereses muy particulares de un grupúsculo que se adueñó del país gracias al sentimiento populista y maniqueo que supo cultivar Hugo Chávez. Germinó en una situación suma-cero, en la que la prosecución de los intereses de la oligarquía dominante forzosamente implica el menoscabo de los intereses del resto de la población. Es decir, se ha operado una metamorfosis de los restos del Estado venezolano en un órgano de poder refractario a nuestra tradición republicana, que persigue intereses ajenos a los de la nación venezolana.
No hay un lugar donde más se destaca esta inversión que en lo concerniente a la administración de justicia. Una vez consolidada la oligarquía militar / civil que se apoderó del país, no ha habido forma alguna de ganarle a ese órgano, qua-estado, un reclamo referente a incumplimientos, abusos o daños causados. Mucho peor, es notorio el uso de los mecanismos del llamado Poder Judicial para cometer las injusticias más flagrantes, inventando todo tipo de acusaciones para inculpar y detener a quienes, por pensar diferente y ejercer su derecho republicano de protestar por los atropellos, son percibidos por esa oligarquía como potenciales enemigos. Se apoya en la instrumentalización de entes de la FAN (DGCIM), cuyas funciones deberían “estar al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (art. 328, CRBV), junto con el Sebin, para el secuestro y tortura de líderes opositores, así como a militares institucionalistas. Es decir, se ha judicializado la protesta de manera de desactivar el ejercicio de los derechos políticos que definen a una democracia. Como resultado, existen cerca de 2.000 presos políticos, algunos de ellos menores de edad, muchos sin contar con las garantías procesales sobre sus casos y sin poder designar a sus propios abogados ni tener visitas de familia.
Ello se ha agudizado a partir de la corrupción de los órganos superiores de ese poder al incorporar miembros profesional y moralmente descalificados para ejercer las responsabilidades que supone el ejercicio de sus respectivas magistraturas, en vísperas de la asunción en 2015 de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ello permitió anular las potestades del Poder Legislativo entre 2015 y 2020. Un tsj que, al cohonestar las violaciones del ordenamiento constitucional de la nación perpetradas por Maduro, se erigió en sostén de un poder antinacional. Definitivamente, no merece mayúsculas. Una de las últimas barrabasadas cometidas fue multar a María Alejandra Díaz, abogada, por haber introducido un amparo constitucional para obligar al consejo nacional electoral a publicar las actas electorales del 28J. Se le prohibió el ejercicio de su profesión por “temeraria” (¡!).
Pero la impunidad y la injusticia no se restringe a los dislates sancionados por estos órganos judiciales corruptos. La ausencia de transparencia y de rendición de cuentas de la gestión pública y la represión de medios de comunicación independientes ha permitido el expolio continuado de sus arcas, con enormes perjuicios para la población venezolana. Es la razón por la cual no alcanzan los recursos para el mantenimiento de los servicios públicos de luz, agua, gas, transporte y seguridad, ni para ofrecer una educación y una sanidad pública de calidad, bases del bienestar presente y futuro de los venezolanos. Tampoco para pagarles remuneraciones dignas a los empleados públicos ni para su adecuada previsión social. Para mayor colmo, la oligarquía militar / civil hizo aprobar con la mayoría de los diputados con que cuenta, una “ley antibloqueo” que desaplica la normativa que resguarda a los activos de la República contra posibles corruptelas. Así, el Ejecutivo puede enajenar discrecionalmente activos de la nación para solventar sus necesidades de caja y satisfacer otras apetencias.
Conductas como las mencionadas están en la base de la destrucción de la economía venezolana bajo Maduro, hasta llevarla a la cuarta parte del tamaño que tenía al asumir él la presidencia. Y ello ocurrió, mayormente, previo a las sanciones impuestas contra su gobierno por Estados Unidos. La ruina de Pdvsa, nuestra principal industria, fue comentada hace poco https://www.elnacional.com/opinion/pdvsa-y-el-poder/. Ello ha significado hambre y miseria para gruesos contingentes de la población y la migración de más de 8 millones, aventados por tamaño desamparo y por carecer de oportunidades de vida.
Como es consciente el lector, la ejemplificación de acciones antinacionales del poder oligárquico sería inabarcable en este corto artículo. Más allá de un Poder Legislativo abocado a aprobar leyes contra las ONG y las libertades ciudadanas, destaca el mayor y más abusivo atropello de todos, la articulación de todos esos órganos descompuestos de poder para desconocer abierta y de la manera más basta, la voluntad de cambio de la nación, expresada contundentemente el 28J. Tan grosero, que en un Congreso de Juventudes Antifascistas (¡!) –eventos de este tipo los montan para intentar proyectar lejos su propia naturaleza fascista– el energúmeno del mazo soltó la siguiente estupidez: “No va a haber más elecciones en ninguna parte porque ellos (la oposición) las van a manipular porque pueden entrar a cualquier sistema de información”. Se refería a las actas (copias oficiales) publicadas por la oposición que certifican el triunfo abrumador de Edmundo González Urrutia como presidente electo.
No puede permitirse que esta camarilla fascista continúe destrozando a la nación venezolana.
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