Militares de alto rango pudieran ser juzgados en Brasil
BRASILIA, noviembre 26.— Militares de alto rango a quienes se señala de estar implicados en un intento golpista —según investigaciones realizadas por la Policía Federal— pudieran marcar un precedente si resultan acusados, pues es inédito en la historia nacional que uniformados de ese rango sean enjuiciados.
La indagación implica a 37 personas de las cuales 24 son militares entre los que se cuentan siete generales, incluyendo a los también exministros Walter Braga Netto y Augusto Heleno, dijo PL citando al sitio AOL.
Si los militares se convierten en acusados, el caso será juzgado por el Tribunal Supremo Federal ya que a pesar de que ellos pertenecen a la fuerza castrense, los crímenes que se les adjudican no son de la esfera militar, sino un atentado contra las instituciones y la propia democracia.
Pero la denuncia contra los indicados por la Policía será decidida por la Procuraduría General de la República, puntualizó el despacho.
Precisamente, el informativo digital Brasil de Fato informó este martes que el ministro del alto Tribunal, Alexandre de Moraes, anuló la confidencialidad del informe de la policía y envió ya la investigación del asunto a la Procuraduría, que evaluará el material y decidirá si presenta o no la denuncia. Si lo hace, el caso será remitido al Tribunal Supremo para su juicio.
La publicación afirmó que el intento de golpe habría sido tramado en 2022 para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de la República, tras su victoria contra Jair Bolsonaro en las urnas, en noviembre de ese año.
Entre las acciones del grupo, la policía identificó un plan, denominado Puñal Verde y Amarillo, cuyo objetivo sería la ejecución de los candidatos electos a presidente y vicepresidente de la República, Lula y Geraldo Alckmin respectivamente, lo que ocurriría el 15 de diciembre de 2022.
Además de ellos, se estaba planeando el arresto y ejecución del propio ministro Alexandre de Moraes si el golpe tenía éxito.
El plan detallaba los recursos humanos y militares necesarios para desencadenar las acciones, utilizando técnicas operativas militares avanzadas, además de la posterior creación de una Oficina de Gestión de Crisis Institucional que sería integrada por los propios investigados para la gestión de la situación, agregó el informe.
Los hechos investigados constituyen los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, Golpe de Estado y organización criminal, apuntó Brasil de Fato.
El informe también imputa al expresidente Jair Bolsonaro.