Francisco Fernández Sevilla, exsecretario general de UGT-A, condenado a tres años de cárcel y multa de 50 millones de euros

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años de cárcel y a una multa de 50 millones de euros al exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones, todo ello por la aplicación “de forma consciente y fraudulenta” de fondos recibidos de la Junta de Andalucía por un importe total de 40.620.256,43 euros para cursos de formación para personas desempleadas y ocupadas, a “fines distintos” de los que “debieron destinarse, y de los que ha dispuesto UGT-A para financiar actividades propias del sindicato, ajenas al fin social para el que las recibieron”.

En la sentencia, difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el tribunal, que aplica en dichos delitos la atenuante de dilaciones indebidas, impone además a Fernández Sevilla la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años y seis meses.

Asimismo, la Sección Tercera de la Audiencia impone estas mismas condenas como autores de dichos delitos a otros tres excargos del sindicato: el exvicesecretario general de administración de UGT-A Federico Fresneda; la que fuera secretaria de gestión económica del sindicato María Charpín y el entonces consejero delegado de la entidad Soralpe Enrique Goicoechea, mientras que también condena a la que era responsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez, aunque en este caso como cómplice de los delitos referidos y le impone seis meses y dos días de cárcel, multa de 25 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de un año y medio.

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal condena a los cinco antiguos cargos del sindicato a que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 40.620.256,43 euros -los cuatro condenados como autores de los delitos deberán hacer frente al 99 por ciento de esta cantidad, y la condenada como cómplice al 1 por ciento de la misma, y de manera subsidiaria con los condenados como autores hasta el límite de 4.288.707,74 euros-, que se corresponde con el montante total que se habría defraudado, declarando responsable civil subsidiaria a UGT-A por el importe total.

Los magistrados han tenido en cuenta la “gravedad” de la conducta desarrollada, “el monto de las subvenciones, la cuantía de lo defraudado, la multiplicidad de solicitudes y de modalidades delictivas, el perjuicio causado a los trabajadores a cuya formación estaban destinadas las subvenciones y en general para la sociedad, la alarma social que producen actuaciones delictivas como las ahora sentenciadas, y más cuando son ejecutadas por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su proclamada defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados”.

De igual modo, la Audiencia Provincial absuelve a otras nueve acusados que fueron enjuiciados como cooperadores necesarios de dichos delitos tras actuar como proveedores del sindicato a través de las empresas a las que representaban.

Acusación de Fiscalía

En el juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para cada uno de los cuatro principales condenados, así como cinco años de prisión y también 50 millones de multa para la responsable del departamento de Compras del sindicato, mientras que para los proveedores reclamó la imposición de tres años de prisión y el pago de una multa de 3.600 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia considera probado que el sindicato UGT-A recibía subvenciones por parte de la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para realizar acciones formativas y que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, “por decisión de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT-A”, cuyos más altos representantes “eran Manuel Pastrana, que desempeñó la secretaría general hasta mayo de 2013, siendo Francisco Fernández Sevilla vicesecretario de Organización y secretario general a partir de mayo de 2013 hasta el 3 de diciembre del mismo año, y Federico F., que en el periodo 2009 a 2013 fue titular de la vicesecretaría de Administración”, se pusieron en marcha “una serie de procedimientos de los que se sirvieron de distintos proveedores del sindicato y entidades vinculadas” a fin de obtener una vía de financiación para sufragar gastos de estructura propios del sindicato a costa de fondos públicos.

Mecanismos para justificar gastos “mendazmente”

Para ello, se valieron de distintos procedimientos, como la “obtención de descuentos, comisiones y rappels de los proveedores que no figuraban en las facturas presentadas como justificación de gastos ante el órgano concedente de la subvención”, con lo que, al ocultar su realidad, se conseguía imputar íntegramente su importe a la subvención sin tener en cuenta el descuento pactado, quedándose UGT-A con la diferencia entre el coste declarado y lo realmente soportado.

También se confeccionaban facturas de proveedores y otros documentos contables conteniendo conceptos genéricos, bien por bienes no vendidos o servicios no realizados, bien por bienes o servicios a los que se les adjudicaba un valor superior al que realmente tenían, o por bienes o servicios propios del sindicato pero sin vinculación con la subvención a la que se imputaban, para justificar “mendazmente” los gastos imputados a fondos públicos.

Asimismo, según precisan los magistrados, “se realizaron otros sistemas de imputación de gastos no subvencionables como salarios de empleados propios y de Soralpe I+P Asociados S.L. a los cursos de formación concedidos a UGT-A, cuando realmente no trabajaban en ellos, así como gastos de estructura y mantenimiento del sindicato (facturas de teléfono, electricidad, limpieza, etc) y, también, el pago de alquiler de aulas e instalaciones propiedad de UGT-A (…)”.

Proveedores absueltos

Los magistrados analizan hasta 14 expedientes de subvenciones percibidas por UGT-A para acciones formativas y precisan la cuantían exacta de los gastos justificados por el sindicato por cada expediente que resultan no subvencionables, ascendiendo dicha cuantía a un total de 40.620.256,43 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia absuelve a todos los acusados que fueron juzgados como proveedores del sindicato, al estimar que “la responsabilidad que podría atribuírsele debe ser la relacionada y concretada a los expedientes de subvención objeto de este procedimiento, y no a su relación global con el sindicato, que no es objeto de acusación”.