Nuevas reglas para clasificar deudores impulsan millonario aumento en provisiones bancarias

Las provisiones por riesgo de deterioro crediticio registraron un fuerte aumento en el sistema financiero durante 2024, como consecuencia de la entrada en vigencia de nuevas reglas para evaluar el riesgo de pago de los deudores.

Las disposiciones vigentes obligan a las entidades a crear mayores coberturas para enfrentar la probabilidad de pérdidas por la morosidad de sus clientes.

Bancos, cooperativas, financieras y mutuales acumulaban, hasta agosto pasado, ¢300.827 millones en provisiones, lo cual representa un incremento del 66% (¢120.000 millones) respecto a los ¢180.763 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, según datos proporcionados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Las cifras excluyen a Coopeservidores.

Rocío Aguilar, jerarca de la entidad fiscalizadora, y representantes de las entidades financieras confirmaron que el aumento está relacionado con la entrada en vigencia, en enero pasado, del Reglamento sobre el cálculo de estimaciones crediticias. Esta regulación modificó la forma de cuantificar las provisiones por pérdidas esperadas en caso de morosidad en operaciones de préstamos.

Clientes se topan con bancos más selectivos a la hora de otorgar créditos

Además de los nuevos requerimientos, se reactivó la creación de las llamadas estimaciones contracíclicas, a partir del 1.° de enero pasado.

Esta reserva obliga a las entidades a constituir un fondos especial para enfrentar situaciones económicas adversas en el futuro. Desde inicios de la pandemia en el 2020 y hasta diciembre de 2023, la acumulación de estos recursos estuvo suspendida.

“El incremento del 66% en estimaciones es resultado de la nueva normativa que se aplica en esta materia y de las contracíclicas", explicó Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, el 24 de setiembre pasado.

Las estadísticas publicadas por la Superintendencia muestran que, durante este año, el aumento en coberturas fue impulsado por las nuevas normas, dado que las contracíclicas sumaron ¢52.000 millones, entre enero y agosto.

Con las nuevas disposiciones se derogó el Reglamento para la Calificación de Deudores, el cual estuvo vigente por un periodo de 18 años, entre 2005 y hasta 2023, y era menos riguroso en cuanto a la creación de estimaciones.

Banca aplica reglas más estrictas para clasificar el riesgo de pago de deudores

Cambio con costos

Las nuevas reglas crediticias son más costosas para las entidades financieras, ya que establecen mayores porcentajes de provisión sobre el saldo adeudado por cada cliente en todas las operaciones. La normativa ordena la creación de estimaciones por tipo de actividad e incluso sobre los préstamos que están al día en su pago.

Para las operaciones con la mejor categoría de riesgo, el porcentaje de provisión va desde el 0,5% para los préstamos de vivienda, automóvil y empresarial, hasta el 2% para tarjetas de crédito. En contraste, el reglamento derogado no ordenaba la creación de cobertura en estos casos.

A medida que aumentan los días de atraso en el pago, el porcentaje de provisión se incrementa, hasta alcanzar el 100% en casos de morosidad superior a 181 días o en cobro judicial.

Johnny Monge, director financiero del Banco Popular, explicó que el reglamento vigente tiene un mayor impacto en los primeros meses de mora, a diferencia de las reglas anteriores.

“Durante los primeros 30 días de mora, la nueva normativa exige un nivel más alto de cobertura (...) para (crédito de) consumo el nivel pasa del 1% al 3,5%, lo que implica un gasto de estimación más acelerado para las moras tempranas”, dijo Monge.

Las entidades deben utilizar las ganancias del periodo para hacer las provisiones, lo que perjudica sus resultados, ya que a mayores estimaciones, menores son las utilidades.

Además, si un deudor tiene varios créditos en una misma entidad y alguna de las operaciones se envía a cobro judicial o recibe múltiples modificaciones en 24 meses, el resto de los créditos se considera de mayor riesgo, explicó Monge.

Coopealianza añadió que el tratamiento es mucho más estricto para los créditos readecuados en varias ocasiones, conocidos como operaciones especiales, ya que la provisión pasó del 25% del saldo al 75%.

“Evidentemente (el reglamento) hace que las entidades sean más precavidas en brindar ayuda a deudores", destacó la entidad por escrito.

Para Bernardo Alfaro, exjerarca de Sugef y exgerente del Banco Nacional, los cambios promovidos por la Superintendencia evidencian que había una insuficiencia de coberturas con la anterior normativa.

“El requerimiento de mayores porcentajes de estimaciones es porque no se estaban pidiendo suficientes, o que las garantías presentadas mitigaban más de lo que debían", consideró Alfaro.

Coopealianza precisó que la garantía hipotecaria tiene un peso como mitigador crediticio del 70%, mientras que anteriormente se reconocía hasta el 80% de la deuda. Además, a medida que el avalúo del bien se vuelve más antiguo, el porcentaje de cobertura se reduce, según la cooperativa.

Reconexión de las estimaciones contracíclicas

Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, explicó que este año se reactivó la conformación de estimaciones contracíclicas tras la pandemia de la covid-19, periodo en el que se suspendió dicha cobertura.

“El saldo de las estimaciones contracíclicas representan el 1,4% de la cartera y había bajado a menos 0,4% durante pospandemia porque fueron un importante colchón que le permitió al sector financiero enfrentar estos impactos", comentó la funcionaria.

La Superintendencia determinó que las entidades fiscalizadas deben acumular, en conjunto, estimaciones contracíclicas por ¢339.460 millones, de los cuales la mitad corresponde a la banca pública, es decir, ¢172.763 millones. Para los bancos privados, la suma asciende a ¢101.153 millones, aproximadamente una tercera parte.

Algunas entidades ya realizaron el registro contable de los fondos, pero disponen de un plazo de cuatro años para completar la acumulación de estos recursos. En 2024 deben alcanzar el 25% del monto, hasta llegar al 100% en 2027.

Las entidades no podrán distribuir utilidades, excedentes o beneficios a socios, accionistas o asociados, así como bonos, incentivos u otra compensación a empleados hasta no alcanzar el 100% de estimaciones contracíclicas, según la Sugef.