El 29,2% de las obras hidráulicas no se han construido
El «Plan de acción frente a DANAS» elaborado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) y que supone el primer informe que cuantifica los efectos de este fenómeno meteorológico en el regadío, detalla que hasta la fecha se han ejecutado sólamente tres de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, por lo que un 29,2% de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han construido, pese a haberse aprobado en los diferentes planes de cuenca y contar con sus informes preceptivos.
Según esta agrupación, que representa a más de 700.000 agricultores de toda España, el agujero en la inversión en obras de regulación en los anteriores Planes Hidrológicos asciende hasta los 3.000 millones de euros, lo que agrava el riesgo que suponen los fenómenos climatológicos más extremos. Por este motivo urgen a construir las 27 presas aprobadas en los anteriores planes hidrológicos. Entre las actuaciones prioritarias para mitigar las consecuencias de futuras DANAS, los regantes destacan la limpieza de cauces para mantener los ríos en buen estado funcional y ecológico, cumpliendo con su rol ambiental, social y de protección frente a inundaciones. Estos trabajos implicarían eliminar obstrucciones, sedimentos acumulados y vegetación excesiva capaz de alterar el flujo natural del agua o aumentar el riesgo de desbordamientos.
Rambién subrayan «la importancia del encauzamiento de ríos y barrancos para modificar el cauce natural y así poder controlar y dirigir el flujo del agua, generalmente con el objetivo de prevenir inundaciones y proteger infraestructuras cercanas».
La Federación sostiene que estas actuaciones habrían servido para mitigar las terribles consecuencias que tuvieron las últimas riadas que, según sus estimaciones, provocaron más de 250 millones de euros de daños en infraestructuras de riego e inundaron más de 70.000 hectáreas, fundamentalmente, en Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
En el sector agrícola denuncian que se han perdido las cosechas de huerta, viñedos, caquis, cítricos… «El arbolado tardará de cinco a diez años en ponerse en producción, se han inundado casas de guardas, centros de control, instalaciones eléctricas, automóviles, cabezales e hidrantes de las parcelas; y se han roto las acequias, que mitigaron las inundaciones al actuar como cauces artificiales y que terminaron colmatadas de barro, cañas, basura, coches…», dicen.
Aunque desde Fenacore valoran positivamente los 444,5 millones de euros que el Gobierno ha aprobado en ayudas al sector agrario, considera que « para recuperar cuanto antes la normalidad, los regantes pedimos que las ayudas sean ágiles y directas para mitigar las pérdidas de producción y acelerar la reactivación de las zonas anegadas, ampliar las zonas declaradas catastróficas y aprobar una exención transitoria de tarifas y cánones para todas ellas; eximir del pago de la potencia eléctrica contratada a los agricultores afectados; y revisar las tasas de cobertura de las acequias para impulsar el ‘‘a todo riesgo’’ y prevenir ante este tipo de catástrofes».
Entre sus propuestas también recomiendan aprovechar la reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para crear una partida presupuestaria de 2.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos con los que reforzar las ayudas al campo; así como destinar los 2.500 millones de euros presupuestados en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para derribar presas a la ejecución de nuevas obras hidráulicas en los planes hidrográficos.
Además, exigen concretar las indemnizaciones de daños que corresponden a la Administración Central, comunidades autónomas y aseguradoras.
Los regantes también insisten en que ellos son» los primeros ecologistas, al vivir por y para el campo». Pero reconocen su preocupación porque el nuevo ciclo de planificación hidrológica siga primando el ecologismo y la biodiversidad, la restitución de los ríos a su régimen natural, sin evaluar los efectos.
En este marco, alertan de que el nuevo gobierno comunitario no debería priorizar la filosofía ambientalista sobre la planificación hidrológica, obviando sus bondades para mitigar los efectos climatológicos más adversos. En este escenario, advierten de que «la naturaleza no puede dominar al ser humano» y de que «son las personas quienes pueden encauzar a la naturaleza de manera sostenible».