El fantasma de la comisión del accidente del metro de 2006 manipulada por el PP planea sobre la investigación de la DANA

El Parlamento valenciano tendrá una comisión de investigación sobre la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, que ha dejado, por el momento, 222 víctimas mortales y una cuantía aún indeterminada de daños en las comarcas valencianas. Tres propuestas de comisiones de investigación, presentadas por PP, Vox y Compromís, se debaten este miércoles y jueves en las Corts Valencianes; tres propuestas dispares que apuntan a responsabilidades distintas, pero que coinciden en señalar fallos del sistema en su conjunto.

En un bronco debate, cargado de reproches cruzados a diestro y siniestro, vuelve a sobrevolar un fantasma que lleva tiempo planeando esta catástrofe, el fantasma de la comisión de investigación del accidente del metro de 2006, que dejó 46 muertos, 47 heridos y el lema que todavía persigue al PP valenciano: cero responsables. La Asociación de Víctimas del 3 de julio ya advirtió el pasado 11 de noviembre de los paralelismos que encontraban en el relato político entre esta catástrofe meteorológica y el accidente del ferrocarril urbano: “Falta de previsión, no reconocer los fallos para no asumir su responsabilidad en la muerte de tantas personas, ocultar, manipular, crear relatos falsos, ¡qué malos recuerdos!... la misma forma de gestionar las tragedias”, expusieron. Y añadieron: “Solo falta que contraten a HM Sanchís para que les prepare el guion de la versión que todos deben repetir”, en referencia a la consultora que contrató el Gobierno de Francisco Camps para manipular la comisión de investigación del accidente. Cargos de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) reconocieron reuniones con la agencia para preparar sus comparecencias.

El Gobierno que preside Carlos Mazón ha cambiado varias veces de versión sobre el paradero del presidente durante las horas clave de la tragedia y ha acusado a los organismos y técnicos de no dar información y propiciar un “apagón informativo”, que se desmiente consultando el registro de las comunicaciones. Estos cambios de versión y juegos retóricos han sido una constante desde el 29 de octubre, sembrando dudas sobre el funcionamiento del sistema de emergencias o la acción de los propios organismos estatales y autonómicos, desde la AEMET hasta el cuerpo de la Unidad Militar de Emergencias.

En las Corts, los grupos de la izquierda reflexionaban en la misma línea. Fueron ellos, PSPV y Compromís, quienes respaldaron políticamente a las víctimas, las recibieron en las instituciones -el primer acto oficial de Ximo Puig en señal de reparación- y crearon una nueva comisión en el Parlamento autonómico. El portavoz del PSPV, José Muñoz, apuntaba este miércoles que Mazón le recuerda a Francisco Camps, quien “daba la espalda a las víctimas” y quiso celebrar “una comisión rápida para pasar página”, vaticinando: “¿El culpable? Si no cuela la Confederación Hidrográfica del Júcar, es el sistema”. Miguel Polo, representante del organismo estatal, es su maquinista, el blanco de todas sus críticas y a quien imputan falsamente no haber emitido avisos por el caudal que desbordó. En 2006, el PP culpó a un técnico de las muertes; ahora, carga sobre los técnicos que, según su relato, no facilitaron información al órgano de emergencias.

El PSPV insiste en la retórica, en llamar a las cosas por su nombre: “No es una riada, es una DANA. Este juego de las palabras tiene un trasfondo peligroso: la riada es causa de fuerza mayor, por tanto, inevitable, ¿lo pillan? si es una riada es inevitable; si es inevitable, no hay responsable; si no hay responsables, ya tenemos el dictamen de la comisión de investigación”, ha dicho, insistiendo en la referencia al accidente del 3 de julio de 2006.

“El modus operandi del PP siempre es el mismo”, ha subrayado Joan Baldoví, portavoz de Compromís, quien también recordaba la gestión del accidente de hace ya 18 años. “No quieren saber la verdad”, ha reprochado a PP y Vox, que pactan una comisión a través de una enmienda. “La comisión de investigación del metro fue un insulto a las víctimas y nosotros no dejaremos que vuelva a pasar. Estaremos vigilantes”, ha recalcado, recordando a Serafín Castellano, exconseller condenado por corrupción y el portavoz del PP cuando se desarrolló la comisión. Baldoví, en la defensa de su propuesta, planteaba una serie de preguntas sobre el paradero de Mazón mientras se desbordaban los cauces y se convocaba el órgano de emergencias, al que no llegó hasta pasadas las 19.30 horas. “¿Qué hizo Mazón entre las 18 y las 19.30 del día 29? ¿Con quién se reunió? ¿Era un empresario de la construcción? ¿Con quién se reunió cuando salió el nombre del alcalde de Cullera? [en referencia a la llamada explicada por Jordi Mayor y el propio Mazón]. Al único alcalde al que llamó no fue para avisarle del peligro. ¿Tenía que ver con que esa misma mañana PP y Vox pactaran una enmienda para permitir que se construyera a 200 metros de la costa?”, ha preguntado. En plena alerta roja PP y Vox estaban pactando una modificación legislativa en las Corts que se aprueba definitivamente este jueves.

No ha habido nadie, ningún miembro del Consell de Carlos Mazón, escuchando presencialmente este debate. Ha sido el diputado Fernando Pastor el encargado de dar la cara por el PP. El parlamentario, experimentado en debates sobre la gestión, reclamaba no hacer un uso político de la misma -lo que le ha valido el ejercicio de memoria de Baldoví- y trataba de llevar el foco al Gobierno central. “Empieza a preocuparme bien poco la ubicación física del president en el mediodía del 29 de octubre. Le he dado muchas vueltas antes de decir esto, lo he pensado muchas veces como valenciano, como militante del partido y miembro de esta Cámara -ha arrancado el diputado popular”-. Y empieza a preocuparme muy mucho, por qué los que tenían la obligación, la competencia, de informar ese mediodía y esa tarde de lo que bajaba por el barranco del Poyo no lo hicieron. Y solo hay dos respuestas: porque no tenían ni idea o porque lo ocultaron“. Esta incógnita, ha dicho, ”solo la pueden despejar los amigos de Miguel Polo, de Teresa Ribera y de Pedro Sánchez“. El popular insistía en la falsedad de que la Confederación no avisó, pese a la oleada de mensajes enviados ese día, e ignora que la Generalitat envió a un equipo de bomberos al barranco a medir el caudal, pero esa información, que sí tenía la Conselleria de Medio Ambiente, no llegó al órgano de Emergencias.

La consellera, cesada antes de dar explicaciones

A la desaparición de la agenda de Carlos Mazón, quien lleva dos semanas sin comparecer ante los medios, y al que apenas se le pueden arrancar unas palabras de camino a alguna reunión, se suma el borrado de los consellers competentes en la gestión de Emergencias y de los recién nombrados. Los nuevos no tendrán un pleno para dar cuenta de sus intenciones hasta el 20 de diciembre, el último viernes antes de Navidad, y los ya cesados no acudirán salvo que los obligue la instrucción parlamentaria o judicial. Muñoz hacía referencia a que deberían comparecer “los que se han ido sin dar explicación”, en referencia a Salomé Pradas, cesada sin acudir al Parlamento autonómico. “No es razonable que la consellera de Justicia e Interior no haya dado una sola explicación”. PP y Vox lo impidieron con su mayoría.

PP y Vox trasladan la responsabilidad al Gobierno central e insisten en poner en el foco a Teresa Ribera y Pedro Sánchez, además de en la Confederación Hidrográfica del Júcar. El portavoz de Vox, José María Llanos, recalcaba la “falta de prevención y deficiente gestión” de la emergencia, pero reprochaba al Gobierno central no haber actuado: “Ante tal catástrofe tenía que haber intervenido desde el minuto el ejército español, con un mando único, con una dirección única y con todos los medios a su alcance. Robles y Sánchez nos lo negaron”, aseguró el ultraderechista, que le echó un cable al presidente valenciano: no permitirán que sea “cabeza de turco” de la izquierda.

Aritmética variable

La propuesta de investigación que tiene más visos de salir adelante es la presentada por Compromís. Los valencianistas barajan apoyar las tres propuestas; los socialistas la de Compromís y rechazar el resto; Vox no apoyará la de los valencianistas y el PP se muestra conciliador con ambas partes. Pero la cuestión no es tanto qué comisión se aprobará sino qué hará la comisión. La clave será el plan de trabajo, la hoja de ruta en la que se incorporen las comparecencias y la documentación solicitada. Y en ese punto, la mayoría parlamentaria, que requiere de alianzas, será quien determine el enfoque. El PP gobierna en solitario, pero en tándem con Vox puede enfocar la comisión a su antojo. La ultraderecha debe decidir hacia qué lado inclina la balanza.