De la huelga de alquileres a los tribunales: vecinos de Vallecas denuncian a un fondo buitre por cláusulas "abusivas"

La huelga de alquileres anunciada en marzo por un centenar de vecinos de dos bloques de Villa de Vallecas administrados por el fondo buitre Nestar se multiplica a la vez que el conflicto escala. Ya ha llegado a otros edificios gestionados por la compañía en Carabanchel, Villaverde, Parla, Móstoles y Pinto, hasta ser secundada por 900 inquilinos. Mientras, los afectados del bloque de Vallecas han presentado una demanda colectiva en los Juzgados de Plaza de Castilla, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Los vecinos de los edificios situados en el número 7 de la calle Martín Muñoz y el número 12 de Corral de Almaguer actúan debido a las cláusulas “abusivas” de sus contratos. En ellas, Nestar les obliga a asumir la tasa de basuras, la comunidad, el IBI o un seguro de impago. Los contratos de alquiler son de siete años, pero la letra pequeña indica que la propietaria “bonifica” a los inquilinos estos costes solo durante los tres primeros.

De hecho, los arrendatarios sí siguen asumiendo el resto de la cuantía de sus alquileres, dejando sin pagar tan solo los importes correspondientes a lo que entienden como “cláusulas abusivas”. Así, no se trata de dejar de pagar la renta, sino aquello que consideran fuera de la ley. El seguro de impago supone en torno a 380 euros anuales, mientras que el resto de tasas pueden inflar las mensualidades más de 50 euros.

Sara es una de las inquilinas que ya no abona las alzas de su alquiler generadas por esas disposiciones y que se ha sumado a la denuncia. Ella y su marido firmaron el contrato en 2018, haciéndose cargo de todas las tasas antes señaladas. En 2021 aceptaron renovar el contrato por otros siete años, con esa “bonificación” de las tasas (no así del seguro de impago) los tres primeros a cambio de que precio mensual pasara de 691 a 730 euros.

“En ese momento tuvimos que aceptar porque no podíamos irnos a otro lado. Mi marido ganaba 1.000 euros y yo estaba en un ERTE”, relata a Somos Madrid. Ahora su situación económica sigue siendo delicada. Sara es patronista, pero en abril fue despedida de una fábrica de bolsos. Desde entonces ha trabajado organizando eventos los fines de semana y de monitora. Acaba de incorporarse a un almacén Amazon, donde cubre turnos de noche.

Desperfectos, obras eternas y una piscina que nadie pidió

Según cuenta Sara, una vez que la mayoría de inquilinos aceptaron la renovación hace tres años, Nestar emprendió una estrategia destinada a inflar los gastos de comunidad de cara al fin de las bonificaciones en 2024: “Empezaron a arreglar el edificio para solventar deficiencias energéticas, pero aprovecharon para poner una piscina. Todo mientras no nos cambiaban unas ventanas que no aislaban. Con la piscina sube el precio de la comunidad, y por tanto del alquiler”.

Por si fuera poco, la empresa responsable de las obras “agujereó las paredes, destrozó partes del edificio y dejó todo empantanado”. Nestar despidió a la constructora, y durante tres meses el material o el andamiaje permanecieron en el bloque de Sara sin que nadie lo retirara. No en vano, la demanda hace referencia también al estado actual de las viviendas, además de las cláusulas abusivas.

La organización vecinal se ha intensificado con el fin de las “bonificaciones” en septiembre de este año. Sara y su marido intentaron buscar un alojamiento alternativo antes de su aplicación, pero les ha sido imposible con la situación actual del mercado de la vivienda. Para ilustrar la “injusticia” de que ellos deban asumir el IBI, apunta que en caso de hacerlo a título propio como propietarios en lugar de a través de una tasa impuesta por Nestar abonarían una cantidad reducida, ya que su esposo tiene una discapacidad: “Pagaríamos solo un 5%. No tiene ningún sentido”.

Negociar, acompañar y luchar

Andrés Pradillo, miembro del Sindicato de Inquilinas, habla en conversación con este diario de “hasta nueve cláusulas abusivas y tres subidas de alquiler”. Además de las vinculadas al coste de las mensualidades, apunta que otras están relacionadas con “los derechos del consumidor, como la entrada de la propiedad a la vivienda sin autorización previa de los inquilinos”.

Pradillo relata cómo han llegado a tomar la vía legal después de intentar negociar con Nestar: “En un primer momento, contestaron a los inquilinos para comunicarles, sencillamente, que estaban en su derecho de aplicar subidas mediante las cláusulas. Cuando los residentes optaron por ir más allá de dar pasos individuales a través de reclamaciones extrajudiciales y apostaron por la negociación colectiva, el fondo dejó de responder a los intentos de comunicación”. Esperan que, ante la denuncia, la entidad “se siente a negociar”.

La participación del Sindicato de Inquilinas busca, además, servir de acompañamiento para los afectados: “Tienen que saber que no están solos. Por eso nos movilizamos para que se sumen más inquilinos que sufren estas cláusulas abusivas, a través de puertas a puertas y asambleas”. Apostilla eso sí que “son los vecinos quienes marcan los ritmos”. Sara aprecia además el respaldo económico que aporta el Sindicato a muchos de sus vecinos.

“Cuando comienzan a verse con fuerza, a comprobar que no están solos sino que hay cientos o miles de personas en la misma situación, el miedo empieza a cambiar de bando”, explica Pradillo. Cuenta que, frente a las dudas iniciales, “los inquilinos pasan a darse cuenta de que la idea de la demanda es un escudo si les intentan echar y no algo que facilite su expulsión”.

Mientras esperan que la demanda sea admitida, no se quedan de brazos cruzados. Siguen esperando a que Nestar se siente a negociar, pero a la vez están preparados para dar la batalla. “Los inquilinos están recopilando y adjuntando todos los recibos para devoluciones futuras”, señala Andrés Pradillo a modo de ejemplo. “Desde mayo guardamos todas las facturas”, confirma Sara. Sabe que es un proceso “muy largo”, pero está convencida de que con el paso del tiempo “el resto de bloques se irán sumando”, tanto al impago de las cláusulas que consideran abusivas como a la denuncia.

Nestar se defiende: “Las cláusulas fueron explicadas”

Nestar (que antes actuó bajo los nombres Lazora y Azora) es uno de los principales caseros del país, en concreto el tercer fondo más grande de España por número de propiedades. Sus empresas matrices cuentan con un total de 13.000 viviendas en todo el país, 800 de ellas en 42 bloques de la Comunidad de Madrid.

Desde la entidad se defienden en declaraciones a este periódico: “Todas las cláusulas son válidas y acordes a la ley, incorporadas en los contratos firmados y explicadas antes de su firma, y por tanto de pleno conocimiento de los firmantes”. Fuentes de Nestar niegan asimismo “las acusaciones de abusos y amenazas lanzadas por algunos inquilinos”.

Sara explica cuál fue exactamente su experiencia en el momento de la firma: “Vimos la oferta del piso en 2017 en SIMA [Salón Internacional Inmobiliario de Madrid]. Nos dijeron que iba a volar, pero que nos lo reservaban si pagábamos 565 euros. Eso es lo que hicimos. Cuando en julio de 2018 fuimos a firmar nos encontramos con las cláusulas abusivas. Nos dijeron que estábamos en nuestro derecho de no firmar, pero que perderíamos esos 565 euros. En ese momento era una cantidad muy dolorosa, que no nos sobraba precisamente”. Finalmente optaron por dejar su rúbrica.

Cuando comienzan a verse con fuerza, a comprobar que no están solos, el miedo empieza a cambiar de bando. Los inquilinos pasan a darse cuenta de que la idea de la demanda es un escudo si les intentan echar y no algo que facilite su expulsión

Sobre la sentencia más reciente hasta este nuevo proceso judicial, la del Juzgado de 1ª Instancia de Parla que declaró ilegal el cobro del seguro de impago, apuntan que “da por válidas tres de las cuatro cláusulas que fueron recurridas”. Pese a ello la han recurrido porque entienden, respecto al seguro de impago, que “su repercusión es acorde a la Ley de Arrendamientos Urbanos, tal y como reconoce la propia sentencia”. Lo consideran “una práctica habitual que sigue estando justificada”.

Fuentes del fondo rechazan por último que estas decisiones judiciales sirvan para crear precedentes judiciales: “Dicha sentencia (como la de Catalunya, también recurrida) no sienta jurisprudencia, por lo que la misma no puede extenderse a otros supuestos similares. Nestar analiza cada caso concerniente a sus inquilinos de forma individualizada para así poder atender mejor cada situación”. En el caso de la resolución judicial de Barcelona, anula nueve de las diez cláusulas denunciadas por una vecina de Granollers en el contrato que le instó a firmar Nestar (por entonces Azora), al considerarlas “abusivas y fraudulentas”.

Pradillo alerta de la expansión de esta práctica: “Las cláusulas abusivas las imponen todos los fondos buitres, y cada vez más también las inmobiliarias. A fin de cuentas es una forma de subir el alquiler antes cumplir y renovar contratos. Si no lo paramos, la estrategia se extiende. Hay que tener en cuenta que los fondos buitre juegan como radicalizadores que aplican unas maniobras que llegan luego a otros rentistas”.