El retraso para juzgar despidos, deudas y actos de la administración se cronifica: "Así no podemos seguir"
Tres magistradas de lo social, civil y contencioso de Barcelona reclaman mayor inversión de las administraciones en los juzgados para revertir el colapso, que en Catalunya es más intenso al tener más litigios que la media de España
Hemeroteca | Los juicios por la tarde no frenan el colapso tras el confinamiento
Alerta y preocupación. Son las dos reacciones compartidas por tres magistradas a la hora de valorar el colapso cada vez más perpetuo de los juzgados. Sin mayor inversión pública y cambios en profundidad, advierten, los retrasos se agravarán, con el consiguiente riesgo de pérdida de credibilidad de la Justicia de cara a la ciudadanía.
“Así no podemos seguir. La Justicia es un servicio público y no lo podemos prestar de forma adecuada”, resume la magistrada del juzgado de lo social 23 de Barcelona, Mar Serna. “Cada vez entran más demandas y somos los mismos jueces”, expone la magistrada del juzgado de primera instancia 5 de la capital catalana, Bibiana Segura. “Las causas son cada vez más complejas y requieren de un tiempo del que no disponemos si queremos leer bien toda la documentación”, agrega la magistrada Montserrat Raga, del juzgado de lo contencioso 5.
Los datos oficiales ayudan a entender el colapso perpetuo. En el sistema de Justicia en Catalunya ingresaron el año pasado 1.218.357 asuntos y se resolvieron 1.122.876. La tasa de litigiosidad de la comunidad es nueve puntos más alta que en el conjunto de España (154 litigios por cada 1.000 habitantes, por 145 la media estatal). Y todo ello con una planta de 855 jueces, que equivale a 10.6 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 12 de España. En suma, el sistema no es capaz de absorber y dar respuesta a todos los asuntos que ingresan.
Para alcanzar la media española, sería necesario que Catalunya contara con 112 jueces más. El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció tras acordarlo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un refuerzo de los juzgados, aunque enfocado hacia el problema de la multirreincidencia (los juicios por robos y hurtos). Las medidas se empezarán a concretar en diciembre.
Sin embargo, el colapso no es exclusivo de la jurisdicción penal. Todo lo contrario, los retrasos son más prolongados en los juicios, por ejemplo, por despidos improcedentes (jurisdicción social), deudas entre particulares (civil) o reclamaciones contra actos de la administración, como concursos públicos o prestaciones (contencioso-administrativo). Algunas vistas de estos últimos ya se señalan en Barcelona para el 2027, pero el problema se repite en toda España.
Un país que quiere ser competitivo no se puede permitir esta situación
Son poco frecuentes, pero Raga cuenta que en los juzgados de Barcelona se ha dado algún caso de un solicitante de dependencia que ha muerto sin ver cómo se resolvía su recurso contra la denegación de la administración a su prestación. “Para la persona que está esperando es muy agónico ver que no se le dará respuesta hasta dentro de dos años, pero es que estamos saturados”, lamenta la jueza.
“Y dictar la sentencia no quiere decir que el tema esté zanjado”, advierte Serna. En el terreno laboral, por ejemplo, al tiempo (entre un año y un año y medio, en los mejores casos) que se tarda en señalar el juicio por un despido improcedente, hay que añadir la resolución de los recursos y luego la ejecución de la sentencia. En todo este tiempo, apunta Serna, muchas empresas ya se han extinguido, lo que acarrea más problemas para que el trabajador pueda cobrar la totalidad de los salarios de tramitación y la indemnización.
“Un país que quiere ser competitivo no se puede permitir esta situación”, zanja Serna, que advierte además de que el problema en las jurisdicciones catalanas es más acuciante al superar la media estatal de despidos. Y advierte sobre las tendencias del futuro vinculadas a sectores con menos estabilidad laboral: “Si la población activa sigue creciendo pero cada vez está más dirigida a los servicios, hostelería y construcción, cada vez habrá más litigios por despidos”.
Para la persona que está esperando es agónico ver que no se le dará respuesta hasta dentro de dos años
Raga resalta además que el colapso en su jurisdicción tiene incidencia directa en grandes procesos de la administración como las oposiciones. “A veces al cabo de dos años resolvemos que el concurso estaba mal hecho”, describe. Una situación que, lamenta la magistrada, “genera una inseguridad no solo para la persona que ha impugnado el concurso, sino para el resto de implicados”.
La jueza lamenta que su jurisdicción suele ser la última en la lista de refuerzos que deciden los gobiernos: “Cuanto más tardamos, menos efectiva es nuestra función de fiscalización de la administración. En 2019 estábamos en 8.000 asuntos y ahora en más de 12.000. Es imposible”, resume.
En materia civil, expone Segura, ocurre algo parecido: “Cada vez entran más demandas y somos los mismos jueces”. Desde la crisis motivada por la pandemia, el número de litigios que ha llegado a estos juzgados en Catalunya se ha incrementado casi un 40%. En lo que va de año, el aumento es del 12% en los juzgados de primera instancia y del 14 en las secciones civiles de las Audiencias Provinciales.
El colapso afecta al bolsillo de los demandantes. “Muchas veces de la cuantía reclamada depende que un autónomo pueda seguir pagando la residencia o un cuidador para sus familiares, y con suerte tardarán un año para cobrar”, alerta Segura. En su jurisdicción, el colapso se ha agravado al incrementar el Gobierno en 2023 la cuantía (de 6.000 a 15.000 euros) que requiere la celebración de más audiencias previas.
Cada vez entran más demandas y somos los mismos jueces
Serna cree que la solución, en la jurisdicción social, pasa por un doble camino. “Hay problemas procesales y organizativos, más recursos y más jueces ayudarían, pero no resolvería el problema del todo”, expone. Entre los ejemplos que cita, potenciar los acuerdos en mediación que sean reconocidos por todos los actores (en especial, el FOGASA) o especializar más los juzgados, además de cambios procesales.
En los juzgados contenciosos, Raga identifica la solución: más jueces y juezas (que no juzgados, pues cree que los funcionarios pueden asumir bien la carga de trabajo, pero que el retraso por el colapso de asuntos a resolver que tienen los togados).
En los civiles, a juicio de Segura, sí sería necesario invertir en la creación de nuevos juzgados, esto es, no solo tener más jueces sino también funcionarios y letrados de la administración de justicia por su relevancia en la tramitación de asuntos. “Tener una buena oficina de funcionarios y letrados nos ayuda mucho a los jueces, pero hay bajas de funcionarios que no se cubren”, denuncia. “Parece que nadie quiere poner dinero, pero la solución no llegará si no se dobla la inversión”, agrega.