Amenazas a la propuesta de valor de Costa Rica
A lo largo de su historia, Costa Rica construyó una propuesta de valor única, producto de decisiones políticas acertadas que maximizaron sus atributos y valores, diferenciándose estratégicamente en el escenario mundial.
A la vez, diversificó sus exportaciones, atrajo inversión extranjera y se posicionó como un destino líder en turismo de naturaleza y aventura.
Pero sobre todo, la propuesta tiene una incidencia profunda en la vida de los costarricenses, ya que define el entorno en el que viven, trabajan y desarrollan su potencial.
La propuesta de valor no solo se traduce en ventajas abstractas, como la estabilidad política o el prestigio internacional, sino también en beneficios tangibles que redundan en bienestar cotidiano y oportunidades individuales y colectivas.
Esta propuesta se sustenta en cinco ejes fundamentales que se complementan entre sí, interactúan y potencian mutuamente: paz y seguridad, democracia, Estado de derecho, protección y conservación de la naturaleza, salud y educación.
La vocación pacífica de Costa Rica es uno de los rasgos distintivos de su identidad. En una región históricamente convulsa, el país tomó decisiones extraordinarias, como abolir el ejército en 1948, establecer una policía civilista y confiar en un sistema judicial independiente.
Estas decisiones sentaron las bases para la estabilidad política y social que, durante décadas, ha sido un activo invaluable para invertir en los determinantes del progreso social, como educación y salud.
Costa Rica es la segunda democracia más antigua del continente. Desde la fundación de la Segunda República en 1949, mantiene una trayectoria ejemplar en la alternancia del poder y la participación ciudadana, fortaleciendo la gobernabilidad y cimentando la confianza en sus instituciones.
El Estado de derecho, entendido como la subordinación de las personas e instituciones a la ley, garantiza justicia, igualdad y un entorno seguro para la actividad económica y social. Este principio esencial es clave para la estabilidad y reputación de un país predecible para vivir e invertir.
En materia de salud y educación, Costa Rica es un modelo. La creación de la Caja Costarricense de Seguro Social definió un sistema de salud universal que garantiza el acceso a servicios médicos para toda la población.
Paralelamente, desde los primeros años de independencia, apostó por la educación como motor de desarrollo; primero, con la creación del sistema de educación primaria, y posteriormente, declarando la educación gratuita y obligatoria.
Por último y no menos importante, la protección y conservación de los recursos naturales es un sello distintivo. Costa Rica lidera iniciativas ambientales innovadoras, protege más del 25 % de su territorio a través de esquemas de conservación, y avanza hacia un modelo de desarrollo sostenible que combina la generación de energía renovable con la promoción del turismo responsable.
El país es uno de los pocos que ha logrado revertir la deforestación, aumentando de manera significativa su cobertura boscosa.
Sin embargo, los pilares de esta propuesta de valor no son inmutables. En los últimos años, se han identificado signos preocupantes de deterioro que ponen en riesgo estos pilares.
Uno de los problemas más evidentes es el aumento sostenido de los homicidios y la violencia, vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Este fenómeno, que amenaza con socavar la percepción de Costa Rica como un país seguro, afecta no solo la calidad de vida de los ciudadanos, sino también sectores clave como el turismo y la inversión.
La violencia no se limita a las calles. En el ámbito virtual, el discurso de odio y la polarización en las redes sociales fracturaron el tejido social, erosionando la confianza entre los ciudadanos y las instituciones.
La democracia costarricense, uno de los pilares más destacados de la propuesta de valor del país, enfrenta desafíos que reflejan un preocupante desgaste en la confianza ciudadana.
Según el Latinobarómetro 2023, solo un 18,9 % de los costarricenses se declara “muy satisfecho” con el funcionamiento de la democracia, mientras que un 40,2 % dice estar “no muy satisfecho” y un 15,3 % indica estar “nada satisfecho”.
Además, un 40 % de los encuestados está “en desacuerdo” con la afirmación de que la democracia permite solucionar los problemas, y un 4 % está “muy en desacuerdo”.
Aunque la democracia sigue siendo valorada como un sistema político deseable, su legitimidad está en peligro si no se logra abordar esta desconexión entre las expectativas ciudadanas y los resultados tangibles.
Los ataques a las instituciones encargadas de la administración de justicia y el control dificultan su modernización y fortalecimiento, porque despiertan sospechas que erosionan la confianza tanto de los ciudadanos como de los inversionistas.
Aunque la crítica fundamentada es necesaria para promover mejoras y mantener la transparencia, las descalificaciones minan la percepción de integridad y estabilidad que caracterizan a estas entidades.
Estas instituciones son pilares esenciales del Estado de derecho y de la propuesta de valor de Costa Rica, ya que garantizan un entorno predecible para la convivencia social y el desarrollo económico.
Acontecimientos recientes, como la emisión de permisos de tala en zonas protegidas e intentos solapados de debilitamiento de las instituciones de protección y control, sugieren un retroceso en materia ambiental.
Además, situaciones recurrentes como la contaminación de ríos y mares, las emisiones del transporte, la generación eléctrica con fuentes fósiles y la falta de una política clara de adaptación al cambio climático ponen en peligro este eje fundamental de la propuesta de valor.
Los informes recientes del Programa Estado de la Nación señalan serios desafíos en los sistemas públicos de salud y educación.
En salud, las largas listas de espera para consultas y procedimientos, junto con el déficit de especialistas y medicamentos, afectan la calidad y oportunidad de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Tales problemas despiertan dudas en cuanto a la legitimidad y conveniencia de los aportes solidarios para sostener la seguridad social.
La pandemia y las huelgas recurrentes marcaron lo que se denomina el “apagón educativo”. En este sector, persisten profundas desigualdades entre instituciones públicas y privadas, especialmente en zonas rurales, agravadas por carencias en infraestructura, tecnología y recursos pedagógicos.
En consecuencia, se limita la movilidad social y el desempeño académico, especialmente en matemáticas y lectura. Estas brechas demuestran la necesidad de acciones urgentes para garantizar la equidad y eficiencia en dos pilares fundamentales del bienestar social.
El deterioro de la propuesta de valor es una realidad que no podemos ignorar. Costa Rica se encuentra en un momento decisivo que demanda no solo reflexión, sino acciones firmes y decididas.
Es crucial la modernización de las instituciones, fortalecer el pacto social y renovar el compromiso con la democracia. Al mismo tiempo, deben diseñarse políticas sostenibles que respondan a las necesidades del presente sin hipotecar el futuro.
Pero para que estas acciones sean realmente sostenibles, las generaciones actuales deben experimentar de manera tangible los beneficios en sus vidas y entender que proteger lo que nos distingue como país es la base para construir un futuro más equitativo y próspero.
Víctor Umaña es economista agrícola. Realizó sus estudios de posgrado en Economía Política Internacional en la Universidad de Berna y el ETH de Zúrich, Suiza. Es consultor internacional en comercio internacional, competitividad y desarrollo sostenible.