El 45% de las empresas activas según los registros oficiales no tienen realmente actividad
El número de empresas en nuestro país se ha reducido en más de 50.000 en cinco años, una pérdida que fue especialmente acusada en 2020 a raíz de la pandemia, cuándo miles de negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas. Aún así, es complicado dibujar una radiografía fidedigna del tejido empresarial español, pues según datos de Iberinform, el 45% de las empresas activas no presentan actividad alguna, lo que significa que cerca de 1.832.000 entidades de nuestro país no han publicado actos ni depositado cuentas en los registros oficiales en los últimos años.
Al organizar los datos por comunidades autónomas se observa que Canarias es la que presenta una mayor tasa de inactividad al alcanzar el 49%, superando la media nacional, aunque no es la única, pues Andalucía (48%), Ceuta y Melilla (47%), la Comunidad Valenciana y Murcia (ambas con un 46%) también están por encima del dato nacional del 45%. En el lado opuesto, con menor porcentaje de inactividad están La Rioja (28%), Navarra (32%), País Vasco (34%), Aragón (35%), Extremadura y Castilla y León, ambas con un 36%.
Caída del 6% al depositar las cuentas
Teniendo en cuenta el número de empresas que han depositado sus cuentas anuales de 2022 (el último ejercicio completo) en el Registro Mercantil, se observa una caída del 5,9% en comparación con el máximo histórico que se registró en 2020, cuando se alcanzaron los 1,19 millones de cuentas individuales depositadas, una cifra que en 2022 se redujo hasta los 1,12 millones.
Asimismo, desde Iberinform recuerdan que aquellas empresas que no presenten sus cuentas anuales en los registros oficiales pueden enfrentarse al cierre provisional de su hoja registral, lo que les impediría inscribir ningún documento en el Registro Mercantil, salvo algunas excepciones como el cese o dimisión de los administradores, la motivación para calificar un concurso de acreedores como culpable, la posibilidad de que tanto la propia empresa como sus socios o acreedores reclamen a los administradores los daños y perjuicios causados por el no depósito o la imposición de fuertes multas por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).