Con reforma al PJ, “vamos a ver una purga masiva”
Chilango, de clase media, educado en escuelas tradicionales primero y con los maristas después, Javier Martín Reyes estaba obsesionado con las computadoras. Quería aprender a programar y más de una vez dejó una máquina en los fierros para reamarla desde cero. Con esa intención entró a la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, famoso por la calidad de sus ingenierías.
Algo pasó en el entretiempo, que Martín Reyes estudió, casi a la vez, ciencias políticas en el CIDE y derecho en la UNAM: “Mi familia es de tradición de izquierda. Mi madre es economista de la facultad y mi padre contador, también de la Universidad Nacional. Creo que por ellos me he dedicado a cosas públicas. Y porque la UNAM siempre fue para mi un referente importantísimo”.
Sin embargo, Martín Reyes siempre ha jugado en la cancha del derecho. Fue asistente de investigación de Pedro Salazar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su primer trabajo de tiempo completo fue en el Tribunal Electoral. Marcos Zavala, antes secretario general de Acuerdos de la Sala Superior, fue su jefe y mentor (hoy es el coordinador de la ponencia de Janine Otálora). Su trabajo era simple y mecánico, pero hacerlo al lado de Zavala, cuenta, era todo un aprendizaje. “Es un abogado impecable”, sostiene. “Nos hacía revisar hasta el último detalle de las demandas en un proceso casi artesanal. Llegué a trabajar directo con él, y ese fue mi mejor momento en el tribunal”.
Zavala fue nombrado magistrado del Tribunal Electoral en una de las salas regionales de Monterrey. Javier Martín Reyes fue el coordinador de su ponencia y, hacia el final, secretario ejecutivo de la sala. Después, decidió volver a la academia y estudió la maestría en ciencia política en Columbia. “Quería desarrollarme justo en la intersección entre derecho y ciencia política”.
En México, Sergio López Ayllón, director del CIDE en ese momento, lo buscó porque se abriría una plaza en la División de Estudios Jurídicos. Antes de que ocurriera, Martín Reyes volvió al Tribunal Electoral, “porque regresé de Nueva York sin un peso en la bolsa y necesitaba chambear”. Duró unos meses en la coordinación general de asesores de Otálora, cuando ella presidía el tribunal. “A Janine le tengo un enorme respeto. Creo que ella y Reyes Rodríguez son quienes mantienen posiciones muy dignas”.
Javier Martín fue profesor en la División de Estudios Jurídicos del CIDE, primero de tiempo completo y ahora de asignatura. Más tarde, ingresó al doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Está por cumplir tres años como investigador de tiempo completo. “Probé lo que era la función judicial y sigo leyendo sentencias. Lo que me pasó es que nunca me interesó mucho el derecho privado. En los últimos años, he ido transitando hacia el derecho constitucional. El derecho electoral es un mundo relativamente contenido, aunque es un fantasma que te persigue a todos lados y no es posible dejarlo del todo”.
-Una vez aprobada la reforma judicial, ¿cómo crees que va a transformarse el estudio del derecho en México?
-Primero, déjame decir que creo que vamos a ver una purga masiva. Que la inmensa mayoría de jueces (as) y magistrados (as) no haya querido entrarle al proceso dice muchísimo de cuánto desconfían de lo que está pasando. Vamos a terminar con tribunales llenos de gente que puede ser o no habilidosa, pero que nunca había administrado un juzgado de distrito o un tribunal colegiado. Tengo ganas de escribir un artículo que se llame algo así como Vengo del futuro a decirles cómo se va a ver el Poder Judicial porque creo que la descomposición del Tribunal Electoral es un gran ejemplo de las consecuencias de politizar la justicia. En los asuntos importantes, dan lo mismo los argumentos jurídicos porque cuentan las influencias. Puedes llegar con la mejor demanda y te la desechan o no te la contestan, o te la contestan de una manera que no pasa la prueba de la risa, porque es la política la que decide cómo se va a resolver. O puedes presentar la demanda más chafa y van a encontrar la manera de darte la razón, aunque no la tengas.
“De entrada, la calidad de la abogacía en México no es la mejor; hay extraordinarios lugares para estudiar derecho, hay extraordinarios alumnos, pero tenemos 2 mil escuelas y la inmensa mayoría son escuelas patito que venden títulos. Además, no controlamos a la profesión. Cualquier persona que tenga un título de licenciado en derecho, sea del ITAM, del CIDE, de la Libre, de la UNAM o de Cúspide del Mundo, como el encargado de despacho de la fiscalía (de la CDMX), acceden en automático a una licencia que le permite litigar y tener en sus manos la vida, el patrimonio, la libertad, los derechos de las personas. Debemos elevar la calidad del derecho y enseñarlo de manera distinta; que los abogados no hablen en abogañol, que no utilicen términos que suenan sofisticados, que parecen complejos y que sólo generan valor artificial. Eso le pasa mucho a la abogacía”.
“Cuando estuve en la sala Monterrey, bajamos 60 por ciento a la extensión de las sentencias. Lo hicimos al escribir más directo, más claro, sin tantos términos innecesarios en latín, que tienen traducción. Había un señor, de Veracruz, que toda la vida había estado en el Poder Judicial. Se quejaba. Nosotros argumentábamos que cuando una demanda o una impugnación se desecha, podía decirse en tres o cuatro páginas. Pero él se escandalizó. Insistimos: si no la presentaron a tiempo, ¿qué tienes que decir? La sentencia se notificó en tal fecha, transcurrieron 15 días, se desecha y punto. Entonces nos dijo, muy enojado: ‘Es que así cualquiera lo va a poder hacer, hasta mis auxiliares’. Exacto. De eso se trata, de que cualquiera pueda leerlo, entenderlo, y que tu valor resida en otra cosa, más relevante. Lo cuento porque eso le ha pasado a la profesión pública: hemos generado valor artificial con barreras de lenguaje complicado. Nos falta justicia más accesible, más rápida, más directa y más comprensible. Allá afuera hay una demanda de justicia brutal, y si tuviéramos una mejor enseñanza del derecho, tendríamos una mejor profesión y mejores tribunales. Podríamos resolver más casos y dejar de perder el tiempo”.