La comparecencia de Juan Lobato en la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó, punto por punto, la exclusiva que ofreció ABC sobre el acta notarial con los mensajes que se cruzó en marzo pasado con Pilar Sánchez Acera , jefa de gabinete de Óscar López, mano derecha de Pedro Sánchez en La Moncloa. Lobato entregó las capturas de pantalla de su móvil con los mensajes, pero hizo algo más y muy importante: entregó voluntariamente al magistrado instructor su teléfono para que comprobase la autenticidad de las comunicaciones. Obviamente, la revisión de ese móvil puede arrojar más datos que los limitados a la conversación con Sánchez Acera. Este acto de colaboración de quien compareció como testigo, refuerza el crédito de Lobato frente al PSOE y, sin duda alguna, entrega al juez la llave de La Moncloa para entrar a investigar en la Presidencia de Gobierno su relación con la filtración de correos del novio de Díaz Ayuso. Es comprensible, y técnicamente acertado, que el Colegio de la Abogacía de Madrid, institución de derecho público personada como acusación particular, haya pedido la declaración de Sánchez Acera como investigada, sin pasar por la condición previa de testigo. La colaboradora de Óscar López tiene una participación personal en unos hechos investigados como delito de revelación de secretos, por lo que debería de declarar con las garantías procesales de todo investigado, principalmente la asistencia de abogado y el derecho a guardar silencio. Otra cosa es que el juez acuerde también la entrega de su móvil, aunque el tiempo transcurrido desde sus comunicaciones con Lobato juegue en contra de la eficacia de esta prueba. La cronología de los mensajes aportados por el exlíder socialista madrileño es expresiva, por sí sola, de una estrategia de revelación de secretos, en apariencia ilegal, impulsada directamente desde La Moncloa, en asociación con la Fiscalía General del Estado como fuente de información privilegiada. Esto es lo que se desprende de los mensajes cruzados por los fiscales implicados en el caso, y ya presentados por la Guardia Civil al instructor de la causa, a falta de saber qué contiene en su móvil el todavía fiscal general, Álvaro García Ortiz. Lobato ha aportado el eslabón que enlaza ambas instituciones, la Presidencia del Gobierno y la Fiscalía General, y lo que resta por investigar arrojará luz sobre quiénes fueron los directores últimos de esta maquinación institucional, cuyo finalidad era dañar política a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A estas alturas, ya se ha quedado caduco el discurso cansino del bulo, el fango y la «fachosfera» como réplica a las investigaciones judiciales que se aproximan inexorablemente a Pedro Sánchez. Pura palabrería de nula creatividad, eslóganes vacíos irrelevantes frente a una realidad que se está construyendo con pruebas, informes policiales y resoluciones judiciales, es decir, con las herramientas del Estado de derecho, en las que solo falta la actuación imparcial de la Fiscalía. El Ministerio Fiscal es el gran ausente –y, en ocasiones, el gran obstáculo– en este esfuerzo de los tribunales de Justicia por desentrañar la trama de corrupción desvelada por Aldama, la trama de negocios e influencias de Begoña Gómez y la trama de acoso maquinada por La Moncloa y la Fiscalía General . El PSOE y Sánchez están a la defensiva, han perdido la iniciativa y, sobre todo, carecen del control sobre los acontecimientos, es decir, el peor escenario para un político que sólo busca sobrevivir al día.
