El acta de Lobato decepcionó a la derecha, pero la cacería del fiscal general va pa'lante

Por un momento pensé que el acta notarial presentada por Juan Lobato al juez Ángel Hurtado hundiría en la desolación a la derecha. El chat entre el entonces líder del PSOE de Madrid y un cargo de la Moncloa, Pilar Sánchez Acera, recogido en el acta, evidencia sin duda una maniobra del Gobierno central para llevar a la Asamblea madrileña el caso del fraude fiscal del novio de Ayuso, pero no dio a la derecha el titular que ansiaba: que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue quien filtró el mail de febrero pasado en el que Alberto González Amador solicitaba un acuerdo con la Fiscalía para evitar ir a prisión tras burlar 350.951 euros a Hacienda.

No. El chat no resultó la prueba reina contra el fiscal general. El Confidencial lo reconoció a hurtadillas al afirmar que “tampoco queda en evidencia que fuera la Fiscalía quien lo remitiera [el mail]”. Pero, lejos de perder la esperanza, el periódico añadió que este revés “obligará al Supremo a ampliar sus pesquisas”. El siempre recursivo El Mundo, quizá también consciente de que el chat entre Lobato y Sánchez Acera no incriminaba al fiscal general, le buscó al tema una derivada: el intercambio de mensajes demostraba que la Moncloa “diseñó la ofensiva contra Ayuso por su novio”. Vale, venga, pero, ¿algo que decir con la que se diseñó en la Puerta del Sol contra Sánchez y su familia?

Ignoro si el fiscal general tuvo o no una participación directa en la filtración del famoso mail. Si la tuvo, y se demuestra, estará en un aprieto. De lo que estoy seguro es de que, como asegura El Confidencial, el juez instructor “ampliará sus pesquisas”. Que seguirá hurgando en cuantos móviles, ordenadores o notarías sea preciso para ver si suena finalmente la flauta y aparece por algún lado el mensaje providencial de whastapp que diga: “El señor fiscal general me dice que le enviemos a Moncloa lo del novio de A.”. O mejor aun: “Hola, Pedro, aquí te envío el mail que me pediste, pero no digas que yo te lo he pasado”. Entiendo que la comparecencia de Lobato haya decepcionado a algunos, pero no hay que menospreciar la tenacidad de los togados. Lo del fiscal general segirá yendo pa’lante. Como lo de la esposa del presidente. Como lo del hermano del presidente. Como lo del entorno del presidente, caramelo que ofreció al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y al Partido Popular el truhán Víctor de Aldama a cambio de que otro juzgado lo pusiera en libertad por otro delito. Que aquí no pasa nada.

Uno espera de la justicia que pesque meticulosamente con anzuelo, pero estos jueces faenan con trasmallo: a algunos les basta con recibir una querella de una asociación ultra basada en recortes de prensa, incluso aunque contengan bulos, para tiran prestos la red y ver qué atrapan. Justicia prospectiva, se le llama a esto. Y eso de justicia nada tiene.

Es importante que recordemos cómo comenzó este lío del fiscal general. Lo primero –a veces se olvida en medio del barullo– es que había un defraudador: Alberto González Amador, el novio de laz Ayuso. Cuando este diario publicó en primicia que Hacienda lo investigaba, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, puso en marcha la estrategia del calamar: pasó a cuatro periódicos amigos la copia de un mail del fiscal de delitos económicos Julián Salto a González Amador y les dio la instrucción de que dijeran que el primero había propuesto al segundo un acuerdo de conformidad y que la negociación había sido torpedeada “desde arriba”. Los medios cumplieron con docilidad la orden. Se trataba de una burda manipulación: el mail era en realidad la respuesta del fiscal Salto a un correo previo en el que González Amador, no la Fiscalía, solicitaba el acuerdo. Además, nadie había obstaculizado la negociación. Para contrarrestar el bulo, el fiscal general dio instrucciones para que el Ministerio Público aclarara la situación en un comunicado.

Al difundirse la nota, el novio de Ayuso y el solícito Colegio de Abogados de Madrid, repentinamente preocupado por las filtraciones de causas judiciales, interpusieron sendas querellas por lo que consideraron una revelación de secreto judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid las admitió a trámite y, al tropezarse en la investigación con el nombre del fiscal general, elevó el expediente al Tribunal Supremo. El alto tribunal determinó, sin el más mínimo tirón de orejas al TJSM, que no había revelación de secretos pues la información que aportaba el comunicado se basaba en la filtración que había hecho previamente Miguel Ángel Rodríguez. Pero, ¡albricias!, apareció sobre la marcha una nueva veta para tirar del hilo: la publicación por parte de algunos periódicos, entre ellos elDiario.es, del mail inicial en que el novio de Ayuso solicitaba el acuerdo con la Fiscalía. Ese mail llegó a una cuenta de correo a la que tienen acceso 17 funcionarios de la Fiscalía. Además, todas las partes representadas en la causa reciben esa información. Pero el Supremo, en una decisión sin precedentes en democracia, consideró que había motivos para encausar al fiscal general, tras lo cual el juez Hurtado ordenó a la Guardia Civil registrar el despacho de García Ortiz y hacerse con todos sus dispositivos electrónicos, incluidos su ordenador y su móvil.

Al Supremo no le ha importado un pimiento la primera de las filtraciones, la de Miguel Ángel Rodríguez, que, aunque no haya partido de la Fiscalía, debería merecer alguna atención de la justicia: se trata de la divulgación, encima manipulada, de una negociación bajo secreto judicial por parte del jefe de Gabinete de un Gobierno cuya presidenta es la pareja del defraudador. Una filtración adulterada que afectaba al fiscal responsable del caso. Tampoco le ha importado al Supremo que algunos medios de derechas hayan publicado estos días mensajes del móvil requisado al fiscal general por orden del juez Hurtado. ¿No hay que investigar esa filtración? Pues no. Como ha señalado el jurista Joaquín Urías en este diario, parece que para la justicia hay filtraciones buenas y filtraciones malas. Lo que importa es ir a por el máximo responsable del Ministerio Público, y de ahí dar el salto a la Moncloa.

No pongo la mano en el fuego por nadie. Como se dice, que cada palo aguante su vela. Pero, al igual que muchos ciudadanos, observo con alarma ciertas actuaciones judiciales que parecen más empeñadas en enturbiar la democracia que en impartir justicia. Y estos señores aun pretenden dotarse de un gobierno corporativo al margen de los controles parlamentarios...