El mismo dinero que en 2009, pero con la vida un 34% más cara: los argumentos de los rectores para su reunión con Ayuso

La llamada “década perdida” para las universidades –la de 2010– se está haciendo larga en la Comunidad de Madrid. En 2009, el Gobierno dedicó 1.058 millones de euros al capítulo IV del apartado de educación superior de los presupuestos públicos, el dedicado a las transferencias corrientes, principal ingreso de las universidades. El borrador de presupuestos para 2025 publicado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso recoge que años la misma partida será de 1.122 millones de euros 15 años después. Son 66 millones más, una subida del 6%, cuando la vida (el IPC) lo ha hecho en un 34%, según el INE.

En términos reales, sostienen los rectores de los seis centros públicos, los campus madrileños llevan 15 años de “descenso en la financiación de las universidades”. Este será el principal argumento que los mandatarios (Joaquín Goyache, de la Complutense; Ángel Arias, de la Carlos III; Javier Ramos, de la Rey Juan Carlos; Amaya Mendikoetxea, de la Autónoma; José Vicente Saz, de la de Alcalá; y, desde este mismo viernes, el recién elegido Óscar García, de la Politécnica) llevarán a la reunión que tienen con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso les ha convocado para el próximo martes 3 después de que, en un gesto inédito, las seis universidades se pusieran de acuerdo para aprobar dos comunicados conjuntos en los que denuncian la “infrafinanciación” que las asfixia y les impide, aseguran, no solo un normal funcionamiento o velar por la calidad del sistema, sino simplemente cumplir la nueva ley de universidades (LOSU). En esa cita, los seis rectores exigirán a la presidenta más dinero (el cálculo inicial eran 200 millones de euros extra, lo imprescindible se calcula en unos 45 millones, según fuentes de la Conferencia de Rectores de Universidades de Madrid) y que se implante un modelo de financiación plurianual que permita a las universidades trabajar a medio plazo con una previsión de los fondos que van a poder manejar, un modelo que ya funciona en la mayoría de las comunidades autónomas.

Un retroceso de 15 años

La situación es “crítica” en las universidades públicas madrileñas, dicen los rectores, que con la financiación que reciben de la Comunidad apenas pueden afrontar el 80% de las nóminas de su personal. Durante los últimos años, los mandatarios habían elegido una estrategia de no confrontación –pública al menos–, con la esperanza de que las negociaciones individuales surtieran efecto. No ha pasado, y ante la constatación de una “progresiva reducción de ingresos sin señales de mejora”, han cambiado de táctica y han decidido alzar la voz, y hacerlo de manera conjunta.

La aprobación el pasado jueves de los dos comunicados –uno más institucional y genérico, el otro una carta abierta con datos específicos– se hizo de manera simultánea y a través de los consejos de Gobierno de las universidades, entes donde está representada toda la comunidad universitaria, gesto que le da más empaque a la protesta. Además, era la segunda vez en pocos meses que se protestaba de manera común. El pasado abril los rectores organizaron un acto público que tenía como único fin hacer llegar un mensaje al Gobierno regional: las universidades se ahogan.

Los datos parecen dar la razón a los rectores. Aunque el capítulo IV recoge un aumento de los presupuestos, por pequeño que sea, según las universidades la parte que aporta la Comunidad de Madrid de esa partida, la llamada transferencia nominativa, es hoy más baja que en 2009. En cualquier caso, incluso contando la partida entera la subida es inferior a la del coste de la vida. Para algunas universidades, la cifra es inferior en euros contantes y sonantes: la Complutense recibió en 2009 un total de 418 millones de euros por el capítulo IV; en 2024 fueron 403 millones. Quince millones menos, sin contar el IPC.

En ese mismo periodo, los presupuestos de la Comunidad de Madrid han pasado de 17.689 millones de euros a 27.624 millones, una subida del 56%. Si el peso de la universidad se hubiera mantenido constante en los presupuestos, hubieran correspondido a las universidades públicas 1.624,36 millones de euros en 2024 en lugar de los 1.122,37 millones de euros aportados.

La peor financiada

Si el análisis de los datos propios de Madrid respalda el “retroceso” en la financiación que denuncian los rectores, la comparación con otras regiones no le va mucho mejor al Gobierno de Ayuso. Un análisis de CCOO corrobora la idea, que también dejan negro sobre blanco los mandatarios de las universidades, de que Madrid es la comunidad que peor financia a sus campus, pese a ser la más rica en renta per cápita.

El Ejecutivo de Ayuso está un 21% por debajo de la media en gasto por estudiante, según el informe de CCOO a partir de datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU). “Pese a que su renta per cápita es un 36,5% mayor que la media nacional (...), Madrid estuvo a la cola en 2023 con una inversión de 5.473 de euros por estudiante, frente a la media de 6.777 euros, y muy por detrás de los 8.750 euros de Navarra. Si Madrid quisiera aparecer simplemente en la media, tendría que destinar un trasvase a las universidades de 1.383 millones de euros. Si aspirara a equipararse con Navarra, debería subir la cantidad hasta 1.786 millones de euros”, explica el sindicato.

La Comunidad de Madrid podría alegar que los centros madrileños compensan esta falta de financiación con un mayor ingreso en concepto de tasas públicas, un argumento que tampoco encanta a los rectores.

La más cara

Porque eso se debe a que es la que tiene unos precios públicos más caros junto con Navarra. CCOO ha recogido los datos de la Estadística de Precios Públicos Universitarios Curso 2023-24 del MCIU. “Los precios medios más altos en primera matrícula de Grado se concentran en la Comunidad Foral de Navarra (19,29 euros), la Comunidad de Madrid (18,54 euros) y Catalunya (18,14 euros). Como contrapunto, los precios medios más bajos del crédito se encuentran en Galicia (11,70 euros), Asturias (12,34 euros), Canarias (12,5 euros) y Andalucía (12,62 euros)”, sostiene el sindicato. Madrid es un 61% más cara que Galicia. La situación es similar para los másteres, sean habilitantes o no.

Incumpliendo la ley

Otra de las consecuencias de la (escasa) financiación de los campus es que las universidades se arriesgan a incumplir la ley, advierten los rectores. Por partida doble, añade CCOO.

La más inmediata es la parte referente a la contratación de personal. “En cumplimiento de la LOSU se ha tenido que rebajar la dedicación docente de algunas categorías de profesorado, sin haber podido contratar el número de efectivos de profesorado necesarios para compensar esa reducción, dada la precaria situación económica descrita y la limitación de efectivos a la tasa de reposición”, describe la carta de los rectores.

Por si fuera poco, lamentan, la Comunidad de Madrid ha declinado por el momento acogerse a un programa por el que el Ministerio de Universidades se presta (pese a que no es su competencia) a financiar la contratación de 3.400 de profesores extra para universidades de toda España, con la condición de que las comunidades financiasen otros 800. “Nada ha llegado a buen puerto en la Comunidad de Madrid –ni se nos ha planteado otra alternativa”, lamenta el comunicado de los rectores.

Por otra parte, la LOSU fija el objetivo de destinar como mínimo el 1% del PIB al gasto público a la educación universitaria y en este momento Madrid destina a sus centros públicos el 0,4% del PIB de la comunidad. Al menos en esto no está sola Madrid: la media nacional es del 0,55%.

Nada para infraestructuras

No es exactamente nada lo que está previsto en los presupuestos al mantenimiento de infraestructuras, pero a ojos de los rectores se parece bastante. Es “alarmante el hecho de que la partida anual destinada a inversiones lleva congelada desde 2014 en tan solo 7,6 millones de euros para las seis universidades públicas”, sostienen en su misiva. Esto contrasta drásticamente con los 640 millones de euros asignados en el plan de inversiones 2007-2011 (...). Esta cifra resulta claramente insuficiente para atender las necesidades de los espacios que utilizan diariamente cerca de 30.000 profesores e investigadores, y personal técnico, de gestión, administración y servicios, junto con, aproximadamente, 220.000 estudiantes. La falta de inversión compromete gravemente las condiciones necesarias para garantizar un entorno adecuado para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación“, advierten.

¿Y la calidad?

La falta de inversión es una grave amenaza para la calidad del servicio público, advierten los rectores, una preocupación que no está claro que vaya a tener eco en la reunión del próximo martes con una presidenta que valida universidades en edificios de oficinas.

“Esta carencia de recursos pone en riesgo las inversiones necesarias para modernizar y ampliar nuestra oferta formativa, renovar y consolidar nuestras plantillas y mejorar las infraestructuras esenciales para garantizar un servicio público de calidad. La universidad, y la educación superior en general, son un bien común que impulsa tanto el progreso individual como el colectivo, al servicio de toda la sociedad. Nuestras universidades públicas son un activo productivo en el que hay que seguir invirtiendo”, imploran los mandatarios.

Pero los rectores saben que la presidenta está embarcada en una cruzada contra sus universidades públicas, a las que acusa estar tomadas por la izquierda, especialmente la Complutense. Por eso también intentan apelar a los beneficios que tiene un sistema universitario fuerte para la región y el futuro oscuro que se plantea.

“Si la situación actual es crítica, en pocos años podría volverse catastrófica, lo que nos pondrá en clara desventaja con otras Comunidades Autónomas. Estas otras regiones han implementado modelos de financiación plurianuales, revirtiendo los recortes de la crisis financiera y potenciando sus capacidades en formación, investigación e innovación, mientras que la Comunidad de Madrid sigue rezagada, comprometiendo su futuro académico y científico. Financiar la educación superior no es un gasto, sino una inversión estratégica que beneficia tanto a la ciudadanía como al tejido productivo regional y nacional. En una región como Madrid, las universidades públicas son esenciales para formar y atraer talento, generar conocimiento, impulsar el progreso económico, fomentar la innovación científica y tecnológica, y crear riqueza. Más que instituciones educativas, las universidades públicas representan un bien común que debe ser protegido y apoyado por la clase política y la sociedad a la que sirven. Su excelencia en investigación y docencia no se logra de forma improvisada, sino mediante una inversión constante y años de dedicación y esfuerzo por parte de la comunidad universitaria”, cierran.