Glovo anuncia que contratará a todos sus repartidores un día antes de que su CEO vaya a juicio

La empresa de reparto exprés a domicilio Glovo ha anunciado que permitirá la contratación de sus repartidores. Lo hace un día antes de que su CEO, Oscar Pierre , tenga que declarar ante un juez en Barcelona por un delito contra los trabajadores, en un caso que fue iniciado por la Fiscalía. Hace tiempo ya que esta empresa está en el foco por su obstinación en mantener a sus empleados como autónomos, un modelo de negocio más rentable económicamente pero contra el que el Tribunal Supremo falló en 2020, al declarar que los 'riders' son falsos autónomos. Es más, desde 2021 está en vigor una ley que reformó el Estatuto de los Trabajadores al declarar que un mensajero que trabaja para una plataforma no es un autónomo sino un empleado con derecho a vacaciones retribuidas, finiquito o baja por incapacidad temporal. Al respecto se ha pronunciado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, que ha asegudaro en un post en redes sociales que «ninguna gran empresa está por encima de una ley» y que «ningún joven con un móvil en la mano es un emprendedor». Como ya explicó ABC, Just Eat se adaptó a la norma, Uber Eats lo hizo a la mitad -permitiendo que sus empleados puedan escoger a qué modelo atenerse-, y Glovo se mantuvo liberalizado. La empresa catalana lo hizo a costa de las denuncias de taxistas, sindicatos y de una investigación de la Fiscalía, una ofensiva judicial, en fin, ante la que finalmente ha tenido que claudicar. Según han explicado fuentes de la empresa a ABC, contratarán al 100% de sus empleados, como hizo Just Eat. El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación. El nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país», explican en el comunidado. En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.