Esta será la fecha máxima en la que entrará en vigor la nueva ley 'antiokupas' con desalojos exprés
La situación de los 'okupas' en España está muy cerca de dar un giro de 180º. La ocupación ilegal de viviendas en uno de los mayores problemas para la población, aunque Pedro Sánchez lo relativice. Desde el Gobierno aseguran que el fenómeno de la 'okupación' "está disminuyendo lentamente" y que lo que se mantiene son las "campañas de promoción y la desinformación". Sin embargo, tan solo en 2023 hubo 15.289 'okupaciones.
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminalestá a tan solo un paso de ser una realidad para atajar este problema, pese a la oposición del Gobierno. Este cambio consiste en añadir los delitos de allanamiento de morada y usurpación de morada a esta ley para que pasen a ser juzgados mediante un procedimiento abreviado. La reforma afecta a ambas cosas, pero no son exactamente lo mismo.
Allanamiento: Se refiere a la primera o segunda vivienda y es un crimen grave recogido en el artículo 202 del Código Penal. Si lo detectas en las primeras horas debes avisar a la policía, ya que se considera un ataque directo a tu intimidad y seguridad. Podrán actuar de inmediato en el caso de que los 'okupas' lleven menos de 48 horas y proceder al desalojo sin acudir a juicio.
Usurpación: Se refiere a aquellas propiedades que no son ni primera ni segunda vivienda y está recogido en el artículo 245 del Código Penal. No es un delito tan grave, ya que no se considera un ataque a la inviolabilidad del domicilio. Por ello, la policía no puede actuar de inmediato y tendrás que recurrir a juicio. La
La duración de los juicios es lo que modifica esta ley. De media tienden a durar de 4 a 9 meses, pero, cuando se apruebe esta ley, será más rápido. Los 'okupas' serán juzgados en un máximo de 15 días. Una vez se celebre el juicio, el magistrado deberá dictar sentencia en un plazo de tres días. Los casos juzgados mediante este proceso no necesitarán estudios de vulnerabilidad. Los casos de 'okupación' que se den tras vencer un contrato de alquiler no irán por este proceso rápido.
¿Cuándo entrará en vigor la reforma de los desalojos exprés para los 'okupas'?
La modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal estará en marcha antes de que acabe el mes de febrero. Para aprobar una nueva ley o modificar una ya existente se necesitan tres pasos: aprobación en el Congreso, aprobación en el Senado y sanción por parte del Rey. Si la votación en ambas cámaras es positiva, el Rey no podrá revocarla.
La reforma en la ley fue aprobada por el Congreso de los Diputados a mitad del mes de noviembre. El texto se ha enviado ya al Senado, que dispone del plazo de dos meses que establece la Constitución para debatir la propuesta. Ahí se pueden dar tres supuestos: Aprobación del texto, enmienda el proyecto o veto del texto. Salvo sorpresa, se votará a favor puesto que el PP, que votó a favor en la Cámara Alta, tiene mayoría absoluta. Por tanto, como tarde, a mitad de enero esta ley debería ser aprobada esta reforma en la Cámara Alta.
Cuando la ley sea aprobada en el Senado, en un plazo de quince días Su Majestad el Rey, como Jefe del Estado, debe sancionar, promulgar y ordenar la publicación de la ley, que se realiza, en un único acto, con la firma del monarca en el documento original. Si sumamos estos días al plazo previo, el Rey tendrá que firmarla como tarde a principios de febrero.
Una vez firmada, la ley será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el plazo que lo indique la propia ley en su texto, o en su defecto, en un plazo de 20 días, plazo estándar establecido en el Código Civil. Por tanto, como muy tarde, la Ley de Enjuiciamiento Criminal entrará en vigor a finales el mes de febrero.
Una movida aprobación en el Congreso
La propuesta del PNV en el Congreso contó con el apoyo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria; además de, inesperadamente, Bildu y ERC. Por su parte, la oposición vino de PSOE, Sumar, Podemos y BNG. Vox se abstuvo en la votación.
Bildu emitió un comunicado disculpándose ante sus votantes prometiendo que buscará vías para corregir lo que han calificado como "un error injustificable". Su portavoz, Mertxe Aizpurua, explicó que "el error se produjo a raíz de una interpretación equivocada de la iniciativa emitida por el PNV".