Cuando se acerca un nuevo aniversario de la Constitución Española es oportuno resaltar su buen estado de salud ante los avatares políticos que se vienen sucediendo, pues gozamos de una norma suprema ejemplar desde todas las perspectivas, que ha consolidado un verdadero Estado de Derecho garante de la Justicia y del imperio de la Ley. La Constitución es el más valioso baluarte de los ciudadanos frente a la nefasta política que padecemos. El preámbulo del texto constitucional señala que su objetivo era transformar la nación española en una «sociedad democrática avanzada», que garantizase «la convivencia … conforme a un orden económico y social justo», bajo el imperio de «la justicia, la libertad y la seguridad», con la finalidad de «asegurar a todos una digna calidad de vida». Pero por desgracia los derechos sociales siguen siendo todavía el gran déficit del sistema, pues sobra mucha palabrería populista y faltan políticas verdaderamente eficaces en materia de igualdad, justicia social y solidaridad entre las personas. El pueblo soberano refrendó entonces que España se constituyese en «un estado social y democrático de Derecho, que propugna entre sus valores superiores la libertad, la igualdad y el pluralismo político». Quedaba atrás el régimen autocrático del general Franco y, bajo la forma política de monarquía parlamentaria, se abrió en nuestro país una nueva etapa marcada por la democracia, los derechos y las libertades públicas. Aquél histórico abrazo constitucional de reconciliación y concordia de 1978 se perpetúa aunque parezca que algunos políticos lo ponen en riesgo. Ignoran que la primera obligación de todo gobernante es propiciar un clima de convivencia pacífica entre los gobernados, que minimice las discrepancias, favorezca la búsqueda de consensos y potencie la sensación de paz social. Por el contrario impulsar la confrontación y el enfrentamiento resulta siempre una actitud políticamente rechazable, propia de dirigentes aciagos poco amantes del Estado de Derecho y sus valores. Es incuestionable que la inmensa mayoría de los españoles huimos de los enfrentamientos, apostamos por la tolerancia y renegamos de esos muros a los que algunos aluden con insistencia, pretendiendo mantenerse en el poder a costa de potenciar el sectarismo, la confrontación y la indignidad política. Todos debemos trabajar por perpetuar la voluntad mayoritaria de convivir democráticamente en paz, sin estridencias ni malas artes. Cuarenta y seis años después aquella Constitución nos protege de los falaces relatos gubernamentales ahora tan frecuentes, que son burdos atentados contra nuestra libertad de discernir. Los ciudadanos nos merecemos el máximo respeto, sea cual sea el pensamiento político o el sentido del voto de cada cual. No es admisible ofender a muchos españoles con insistentes proclamas sectarias, cuando precisamente los gobernantes debieran combatir la tensión política y trabajar siempre por la concordia. Desafortunadamente cada vez se prescinde más de la verdad como valor fundamental y se le pretende sustituir por el continuo y torticero relato oficial, que supone una grave transgresión contra la libertad intelectual de las personas, quienes con los impuestos pagan a los políticos, asesores y medios progubernamentales subvencionados. Ese relato se ha convertido en un permanente ataque contra la libertad del individuo, justamente porque quienes nos gobiernan prefieren súbditos manipulados antes que ciudadanos libres. Conmemoremos un año más la obra magistral de nuestra vigente Constitución, heredada de los bienintencionados políticos de la transición y que garantiza la tutela judicial efectiva de nuestros derechos y libertades. Esa norma máxima nos ampara ante las actitudes y conductas de unos dirigentes que muchas veces practican auténtica política basura, repleta de populismo contrario a los valores consagrados en la ley fundamental. Celebremos por todo ello que frente a la bazofia política nos protege la Constitución.
