“Vivimos en estado de emergencia”: las islas del Pacífico claman por la justicia climática ante los jueces de La Haya

Fuera había color, banderas y pancartas. Dentro la sobriedad y la solemnidad propia de un juicio. Uno de los pasillos del Palacio de la Paz está flanqueado por sendos bustos de Nelson Mandela y Mahatma Gandhi, pero la lucha por los derechos civiles ha cambiado sustancialmente este siglo. “Es un caso histórico, no solo para Vanuatu sino para todas las naciones que se enfrentan a las consecuencias del cambio climático”, ha afirmado Ralph Regenvanu, el enviado especial para el Cambio Climático de ese pequeño país del Pacífico tras defender su causa ante el Tribunal de Justicia Internacional. 

Ha sido el primero en intervenir en la sesión inaugural de un procedimiento en el que los jueces de La Haya tendrán que emitir una opinión sobre las obligaciones de los países con respecto al cambio climático. Su diagnóstico es claro: la conducta contaminante de algunos países es “ilegal”: “Un pequeño grupo de Estados, fácilmente identificables, ha producido la gran mayoría de las emisiones de gases históricas y actuales. Pero, otros países, incluido el mío, están sufriendo las peores consecuencias”.

“Nuestros pueblos han construido culturas y tradiciones vibrantes a lo largo de milenios que están íntimamente entrelazadas con nuestras tierras y mares ancestrales. Nosotros no generamos una crisis que amenaza nuestra propia existencia y la de tantos otros pueblos que han acudido en un número sin precedentes para ser escuchados por este tribunal”, ha expresado Regenvanu ante los 15 jueces del tribunal de la ONU que escucharán los argumentos de 98 países, entre ellos los principales emisores de CO2 (EEUU y China) y doce organizaciones internacionales, entre las que se encuentran la Organización Mundial de la Salud o la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La división se ha visto desde el primer día.

Vanuatu fue el país que ha liderado la causa ante el tribunal después de haber logrado la unanimidad en la ONU. “Las catástrofes naturales han sumido al país en un estado de emergencia casi constante”, ha aseverado el abogado Julian Aguon tras recordar que “los pueblos de Melanesia” [que incluye Papúa-Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu, Fiji, y Nueva Caledonia] han desarrollado sus “sistemas de gobierno, economías, culturas y cosmologías” a partir de la “íntima relación entre cada pueblo y su lugar”. 

Una cuestión de autodeterminación

Aguon ha recordado que hay comunidades que ya han tenido que ser reubicadas cuatro veces. “No habrá una quinta porque no queda más tierra a donde ir”, ha dicho sobre uno de sus pueblos que viven en la “boca de un río”. “La conducta responsable del cambio climático ya ha causado graves violaciones del derecho a la autodeterminación de los pueblos de toda la subregión”, ha apuntalado. 

El derecho a la autodeterminación ha sido uno de los principales argumentos de los defensores de la causa ante el tribunal. “La contribución de Vanuatu a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero es insignificante. Y, sin embargo, somos de los más afectados por el cambio climático. Como principal responsable jurídico de mi país, he acudido a este tribunal porque los recursos jurídicos nacionales son incapaces de hacer frente a una crisis de este alcance y magnitud. He venido a pedirles que defiendan el estado de derecho y el derecho internacional”, proclamó el fiscal general, Arnold Kiel Loughman. 

“Instamos al tribunal a que afirme en los términos más claros que esta conducta incumple las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional y que tal incumplimiento conlleva consecuencias jurídicas”, pidió Loughman en línea con buena parte de los países que intervinieron este lunes, entre ellos Albania, que cifró en 37.000 millones de euros la adaptación al cambio climático en el caso de los Balcanes Occidentales. 

El primer jarro de agua fría

Que haya responsabilidades legales para los países que más contaminan así como aportaciones financieras obligatorias por el mal causado a los demás es una de las reclamaciones que los más afectados han puesto sobre la mesa de los jueces de La Haya. Y una de las peleas en los organismos multilaterales, como la COP. 

Sin embargo, los impulsores se llevaron un jarro de agua fría el primer día durante la intervención de la representante de Alemania en la vista. A pesar de compartir el diagnóstico respecto al cambio climático y de defender los compromisos alcanzados, como el Acuerdo del París, puso en cuestión la imposición de obligaciones para las generaciones futuras. 

Lo que argumentó es que los actuales compromisos climáticos tienen una parte obligatoria y otra que no es vinculante. “El Acuerdo de París no contiene la obligación legal de indemnizar por pérdidas y daños relacionados con el cambio climático”, explicó en un momento de su intervención. “La legalidad de las emisiones pasadas solo puede evaluarse en función de las obligaciones jurídicas del Estado aplicables en ese momento”, agregó la representante alemana en un discurso que Vanuatu calificó de “erróneo y decepcionante”. 

Arabia Saudí cuestionó la capacidad del tribunal de La Haya para imponer obligaciones adicionales en la lucha contra el cambio climático y recordó que las emisiones han sido históricamente desiguales dado que los países de la revolución industrial han contaminado más. “Las obligaciones derivadas de los tratados de derechos humanos tampoco abordan la protección del sistema climático frente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Es importante señalar que las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos solo se aplican a los Estados que forman parte del tratado concreto, y solo con respecto a las personas que se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción”, dijo el ministro de Energía. 

Por el tribunal desfilaron este lunes una decena de países y las vistas continuarán hasta el próximo 13 de diciembre, cuando los jueces tendrán que analizar los argumentos divisivos y emitir una opinión sobre las obligaciones legales de los países respecto al cambio climático. En ningún caso será vinculante, pero es la esperanza de los impulsores para que haya un compromiso político que salve a las comunidades insulares que lanzan un grito desesperado al temer su desaparición en apenas décadas.