Limitaciones para la eficiencia municipal
El primer ayuntamiento de Costa Rica se fundó en Cartago en 1535, influenciado por las leyes coloniales, con funciones de administración local, recaudación de impuestos, justicia y orden público.
Con la disolución del sistema colonial, el reconocimiento de la autonomía municipal en la Constitución de Cádiz (1812) y la independencia de Costa Rica, se desarrollaron en 1824 los primeros municipios autónomos y los cabildos abiertos como espacios de participación ciudadana.
Entre 1841 y 1858 se definieron la cantidad de municipios, competencias, organización, ingresos, apoyo del gobierno y autonomía.
En 1916 se creó la Ley de Municipalidades, que dio un marco legal a las funciones principales.
Con la Constitución Política de 1949 se crearon nuevos cantones y se impulsó la descentralización administrativa del Estado. En 1974 se fundó el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para apoyar a los municipios.
En el 2009 se promulgó la Ley de Transferencia de Competencias y Descentralización, que no se ha podido poner en vigor. También se introdujeron las elecciones populares de intendentes en el 2002 y de alcaldes en el 2006.
Actualmente, Costa Rica cuenta con 84 cantones, 489 distritos, 7 consejos municipales de distrito y 10 promotores regionales que cubren todo el país.
Sin embargo, enfrentan limitados presupuestos, desigualdades crecientes entre municipios urbanos y rurales, baja participación ciudadana, problemas de representación, falta de transparencia y rendición de cuentas, escasa coordinación institucional, carencia de personal capacitado, gestión ineficiente de recursos y problemas estructurales en infraestructura, además de una limitada capacidad para afrontar los efectos del cambio climático.
Eficiencia
Herramientas y presupuestos mal gestionados han limitado la productividad de los municipios en servicios públicos como limpieza, seguridad, parques, infraestructura, educación, mejora ambiental y movilidad.
Las municipalidades reciben ingresos principalmente por el manejo de patentes, residuos, impuestos territoriales y el 22,5 % del impuesto sobre los combustibles. Algunos municipios han asumido con éxito el manejo del agua, la generación eléctrica y parte de la seguridad.
Debilidades
A pesar de los limitados recursos que aporta el Estado a través del impuesto sobre los combustibles, que asciende a ¢115.000 millones, es prácticamente imposible mantener los 25.000 kilómetros de la red cantonal de calles y caminos, en contraste con los 7.800 kilómetros de rutas nacionales a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
En cuanto a los servicios de agua, se optó por la centralización con la creación de Acueductos y Alcantarillados (AyA), pero los problemas de planificación y administración han agravado el abastecimiento.
Esto justifica establecer alianzas público-privadas (APP) para resolver problemas puntuales en coordinación con el AyA.
Urbanismo
En planificación urbana, existen graves problemas debido a los altos costos y la falta de coordinación con instituciones clave como el INVU, el ICE, el AyA, el MOPT, el Minae, el MEP y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Actualmente, 24 cantones no tienen planes reguladores actualizados y 40 carecen de ellos. Esto ha generado caos vial, contaminación, ausencia de reglamentos, falta de infraestructura básica y ciudades con problemas de conectividad, áreas verdes y movilidad sostenible.
Solo 53 municipalidades cumplen con los requisitos de ciudades inteligentes y sostenibles.
Soluciones
Es crucial dotar al INVU y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) de mayores recursos para acompañar a las municipalidades en el diseño y aprobación de planes reguladores con herramientas tecnológicas, metodologías flexibles y de bajo costo.
Estos planes deben revisarse periódicamente para adaptarse a las realidades sociales, ambientales y económicas.
El IFAM debe enfocarse en apoyar a las municipalidades más vulnerables con capacitación, APP, asesoría en gestión, diagnósticos, planificación, manejo de residuos, estudios de prefactibilidad, espacios recreativos, red vial, transformación digital, conectividad y seguridad ambiental.
Debería concentrarse en planificación y asesoría, evitando dispersar recursos en otras instituciones como el Icoder, la Unión de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), por citar algunas.
Antes de crear nuevas municipalidades, sería más conveniente fusionarlas según su tamaño y ubicación estratégica para lograr economías de escala. No se debe permitir el crecimiento sin evaluaciones técnicas.
Los municipios deben ser competitivos para atraer inversión y empleo, con mejor infraestructura y recursos humanos que impulsen el desarrollo.
jorgewgm@gmail.com
Jorge Woodbridge es ingeniero.