En zapatillas de casa azules oscuras, con los pies amoratados y con dificultad para expresarse, a Francisco lo trajeron este martes desde su residencia de ancianos a la Audiencia Provincial de Toledo: 110 kilómetros de distancia . A sus 91 años, iban a juzgarlo junto con su hijo en la Sección Segunda como presunto autor de un delito de estafa procesal, en un asunto entre vecinos por una nave en el pequeño pueblo de Santa Ana de Pusa. «Me voy a dormir» , repitió varias veces este anciano antes de entrar en la sala de vistas con pasitos cortos. Al verlo la presidenta del tribunal, María Jiménez, le dijo elevando la voz que saliera y que permaneciera con su hija en el vestíbulo, donde esperó a su vástago, de 66 años, ajeno a lo que sucedía dentro. Hasta ayer lunes, la familia no había informado a la abogada de Francisco del alzhéimer que sufre y de su deterioro cognitivo. Por eso la letrada no pudo aportar hasta un rato antes del juicio los informes que acreditan su enfermedad, y que impedían seguir adelante con la vista oral contra el anciano, como acertadamente señaló el fiscal José Luis Gómez-Rivera en su intervención. Con los papeles en la mano, el representante del Ministerio Público decidió retirar la acusación contra Francisco y mantenerla contra su hijo , Luis Mariano, quien acordó una pena con las partes y reconoció los hechos. «Ellos tenían un contrato de compraventa privado y estaban ocupando una nave pensando que era suya», explicaba a ABC su abogada, Carmen Sánchez Durán, al terminar la vista. Según la letrada de Jesús, el verdadero propietario, «se lo había dejado hace mucho tiempo para que lo utilizaran como almacén» . «Como se iba a jubilar, les había dicho en varias ocasiones que se lo devolvieran, pero no quisieron. El padre se lo había pasado al hijo, que se oponía a dárselo a mi cliente», siguió relatando la abogada. Jesús presentó en 2020 una demanda de desahucio por precario, cuya finalidad es recuperar la posesión de un inmueble, y Luis Mariano respondió presentando un contrato. En ese documento se recogía que había sido vendido por un millón ochocientas mil pesetas el 12 de noviembre de 1991 . Sin embargo, Jesús dijo que no era su firma la que aparecía junto a la del hijo y una prueba caligráfica lo corroboró. Pero Luis Mariano decidió no irse de la nave donde guardaba herramientas, por lo que Jesús presentó una querella. Un posterior informe de un subinspector de la Policía Nacional concluyó también que la rúbrica no era del propietario , que no lograba recuperar el inmueble en un pueblo de unos 350 habitantes. «En los dos informes periciales no se dice que mis clientes hayan realizado la firma de Jesús», aclaraba su letrada, quien no pudo acreditar que Luis Mariano y Francisco habían pagado por la nave. Esta historia concluyó esta mañana en la Audiencia toledana. En la sala de vistas de la Sección Segunda, Luis Mariano aceptó cuatro meses de prisión -las acusaciones pedían once- , así como una multa de tres meses, a razón de tres euros diarios, y el pago de 5.348 euros como responsabilidad civil. Francisco, su padre, regresó a la residencia de ancianos con sueño y probablemente sin saber lo que había sucedido.
