Ayuso culmina con la universidad cinco años de políticas contra la educación pública

Ahora es la universidad, pero antes fue casi todo lo demás. Ha habido huelgas en Infantil, en Primaria y en Secundaria. Y no una ni dos ni tres ni cuatro: siete. Se han negado becas de comedor y se le ha dado de comer pizza a niños durante meses. La Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó una ley ad hoc para defender a la escuela concertada y hay otra en ciernes para la universidad –la peor financiada de España–, que según los propios rectores no va a mejorar en nada la situación “crítica” que viven.

El grito de auxilio de los rectores ante lo que definen como asfixia por la infrafinanciación de los campus madrileños, el rechazo del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de 169 millones ofrecidos por el Gobierno para contratar a más de 1.000 profesores universitarios (luego medio rectificado) y la decisión de elevar el presupuesto universitario un 4,2% para 2025 –una cantidad que los responsables de la enseñanza superior calificaron de “insuficiente” poco después– han conformado la última entrega de un libro con muchos capítulos previos.

En la Comunidad de Madrid dirigida por Díaz Ayuso se paga el Bachillerato en centros privados a familias con ingresos superiores a los 100.000 euros anuales a la vez que se fijan los precios públicos más caros de España en la universidad y se ponen todo tipo de facilidades para la creación de centros superiores privados. Se regala suelo público a centros privados que –contra la ley– nacen con un concierto debajo del brazo. La privatización de la FP va viento en popa a costa de miles de aspirantes sin plaza en los centros públicos pese a ser la única región, junto a Catalunya, que cobra por estudiar en la red estatal. Se ha cerrado un modelo de éxito único (las escuelas 0-6 años) sin demasiados argumentos.

El ataque a la universidad que se está visibilizando estos días es solo el último eslabón de una cadena que se ha extendido en la Comunidad de Madrid. La presidenta Ayuso acumula cinco años de erosión del sistema público educativo. Tantos como lleva en el cargo.

De abajo arriba, sin distinción de etapas ni damnificados, Ayuso es transversal: en estos años ha conseguido enfadar a la patronal de la educación infantil, a la de los centros privados, a los directores de los públicos, a estudiantes y profesorado. Por conseguir, ha logrado que sindicatos como Anpe o CSIF convoquen una huelga conjunta con organizaciones tan contrarias a ellos como CGT o CNT.

Último objetivo: la universidad

Sin que el resto de frentes haya mejorado –el profesorado planea más paros en Primaria y Secundaria–, el foco se vuelve ahora a la universidad. Los seis rectores de los centros públicos habían optado por un perfil bajo ante los recortes en la financiación de los últimos años, pero la situación ya es “crítica” –en sus palabras– y han decidido cambiar de estrategia, poniendo la política universitaria de Ayuso en primera línea.

Los rectores lamentaron en una carta abierta conjunta que ingresan hoy menos dinero real que en 2009, porque desde entonces la Comunidad ha subido su financiación un 5%, pero el IPC lo ha hecho un 35%. Además, Madrid es a día de hoy la única región que no ha firmado (ni declarado su intención de hacerlo sin condiciones) el programa María Goyri, por el que el Ministerio de Universidades cofinanciará la creación de plazas de profesor universitario a las que obliga la ley.

Las protestas han surtido algo de efecto: el Gobierno regional anunció este martes su intención de adherirse finalmente al programa, aunque en la nota pública que envió explicaba que iba a proponer una “alternativa” al ministerio. Fuentes del departamento que dirige Diana Morant adelantaron que no van a aceptar porque no quieren redactar una versión ad hoc para Madrid del convenio que sí han firmado el resto de Comunidades.

Por la tarde la presidenta se reunió con los rectores, a los que también dio algo de cuerda. La Comunidad informó de que subirá la financiación un 4,2% respecto al año pasado. La Consejería envió una primera nota en la que hablaba del 3,8%, cantidad que confirmaron fuentes presentes en la reunión. Pero esa cifra se quedaba por debajo de la subida general del presupuesto educativo (un 4%), que era la cantidad mínima que habían solicitado los rectores (idealmente hablan de 200 millones de euros). Con los titulares ya publicados, Educación mandó una segunda versión: la subida sería de un 4,2%.

Los rectores mandaron una nota poco después en la que agradecen “el esfuerzo” del Gobierno regional, pero también califican de “insuficiente” la subida “para garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas madrileñas, asegurar la calidad de nuestras instituciones, subsanar su crónica infrafinanciación tras 15 años sin subida real y abordar las inversiones necesarias en infraestructuras”.

En defensa de la concertada

Uno de los ejes de las políticas educativas de Ayuso, como antes de sus predecesoras, ha sido la defensa de la escuela privada concertada, al punto de crear una ley específica para que pueda mantener su estatus. Después de 20 años –desde que Madrid recibió las competencias del sector– sin una norma autonómica propia, el Ejecutivo regional decidió que justo después de que se aprobara la Lomloe era el momento perfecto para sacar una ley dedicada, básicamente, a contrarrestar la norma nacional.

Igual de cierto es que buena parte de la ley Celáa se creó para poner coto a las políticas privatizadoras de Madrid como que la Comunidad reaccionó con la Ley Maestra “en defensa de la libertad educativa”. En esta norma, el Gobierno regional blindó –con éxito– la costumbre tan madrileña de ceder suelo público a fondo casi perdido (75 años y un alquiler mínimo) para construir colegios privados concertados, que Ayuso ha ejecutado en más de una ocasión.

Con o sin norma, la política de Ayuso se resume en los argumentos que da un informe para justificar la creación de un centro privado concertado en Villalbilla: como el colegio público está lleno, aduce la Consejería de Educación, hay que construir uno concertado.

Y de la privada

Uno de los hitos del mandato de Ayuso –por el ruido que hizo– fue la decisión, que adelantó este diario, de financiar el Bachillerato en centros privados a familias con ingresos per cápita de 35.913 euros (o sea, con tres miembros, un hijo, hasta 107.739 euros, con cuatro hijos, 143.652). La comunidad definió a estas familias como “de renta baja” para justificar la medida.

La medida también se extendió a la Formación Profesional, que como el Bachillerato es una etapa no obligatoria y por tanto que no se suele financiar fuera del sistema público. En este caso, además, se añade privatización a la privatización: la FP de iniciativa particular está disparada en Madrid, donde se ha multiplicado por diez en los últimos años a la vez que se deteriora el servicio público: encontrar plaza en la red estatal para ciertas formaciones con mucha demanda es prácticamente imposible. Otra consecuencia de esta privatización ha sido que el estudiantado de la privada ha llegado a copar las plazas para hacer las prácticas necesarias para titular, dejando fuera a los que venían de centros públicos.

Con estas becas (técnicamente no lo son) la presidenta consiguió congraciarse de nuevo con la patronal de la escuela privada sin concertar, que también había protestado por la inacción de la Comunidad respecto al pago de cuotas obligatorias en los centros subvencionados, una práctica prohibida por ley y que los colegios privados tachan de “competencia desleal” por parte de la concertada.

Enfadar a todo el mundo en infantil

Ayuso ha logrado, en este lustro largo que lleva ejerciendo como presidenta, que le monten un paro tanto la patronal de infantil como las maestras. Los propietarios de los centros salieron a la calle para protestar, en este caso, por un supuesto favorecimiento de la escuela pública a través de un programa de La Moncloa que financia Bruselas. No es un sector que esté para presumir de servicio público, en cualquier caso, con miles de familias que se quedan fuera cada año.

También han tomado las calles las maestras, cansadas de la eterna precariedad de una profesión en la que se puede llegar a atender a dos decenas de pequeños a cambio de poco más de mil euros al mes.

Los recortes de 2008, sin revertir

Con carácter general, la Comunidad de Madrid es la única que no ha revertido del todo, en Primaria y Secundaria, los recortes que impuso el PP de Mariano Rajoy tras la crisis financiera de 2008. Dieciséis años después, el profesorado tiene dos horas lectivas más (de clase semanal) que la mayoría de sus compañeros del resto de España. Meses de negociaciones infructuosas cristalizaron finalmente en varias jornadas de huelga del profesorado que pusieron de acuerdo a todo el arco ideológico sindical; la última, hace un par de semanas.