Cómo ahogar a las universidades públicas de Madrid en nombre de la libertad

Isabel Díaz Ayuso y su consigliere han tenido siempre una habilidad especial para elegir a los rivales que podían serles más útiles en su estrategia política. Antes de permitir que algún colectivo social o profesional te pinte la cara en público, lo más rápido es adelantarse y colocarlo en el campo de los enemigos de Madrid, España, la libertad o lo que toque esa semana.

La acumulación de poder hace que los políticos terminen perdiendo el contacto con la realidad. En general, no puedes pretender que la gente crea que todos están contra ti. Ayuso lleva tiempo intentando desmentir esa idea. Imaginemos a un mártir que desenfunda una pistola y dispara a sus supuestos agresores. Víctima y asesino, al mismo tiempo. Una mezcla tentadora en la política.

No le ha funcionado tan bien con las universidades públicas madrileñas a las que mantiene en una dieta asfixiante de fondos. Este martes, se produjo una situación poco habitual. Ayuso tuvo que rectificar en el último momento y aceptar la oferta que el Gobierno central ha extendido a todas las comunidades autónomas para contratar profesores. No está claro que ese giro vaya a llevarse a la práctica. Su Gobierno pretende negociar los términos de un acuerdo que están cerrados y que habían sido aceptados por todas las autonomías menos Madrid. La única alternativa parece ser comerse entero lo que antes había denominado como “convenio trampa”.

Para entender el déficit estructural de las universidades públicas madrileñas, hay una comparación que lo dice todo. En 2009, el Gobierno madrileño dedicó 1.058 millones de euros a las transferencias corrientes de fondos a esos centros. En el proyecto de presupuestos, la cifra por esa partida era de 1.122 millones. Supondría un aumento del 6% en quince años, cuando la inflación en ese periodo de tiempo ha sido del 34%.

Las quejas de los rectores han hecho que se haya mejorado la oferta. Para las cuentas públicas de 2025, se ofrece un incremento del 4,2% con respecto a 2024 hasta los 45 millones. Los rectores lo han agradecido, pero afirman que necesitan 200 millones más para compensar los fondos perdidos durante más de una década.

El Partido Popular tiene una relación traumática con la universidad en Madrid. No es que sus dirigentes sufran nada. Son los centros universitarios los que se llevan los traumas. Tuvieron que recurrir a los tribunales para recibir los 456 millones comprometidos años atrás por el Gobierno de Esperanza Aguirre. La justicia les dio la razón. Con esa cantidad de dinero, han ido equilibrando las cuentas en los últimos tiempos hasta llegar al límite.

La realidad es que están siendo infrafinanciadas de forma deliberada. Mientras tanto, los gobiernos de PP no han dejado de autorizar la puesta en marcha de nuevas universidades privadas, algunas de calidad algo más que discutible o sencillamente inexistente. El mensaje implícito es claro: el único ámbito universitario que aumentará es el de la educación privada.

En la Comunidad de Madrid, el 58% de los alumnos cursa estudios en las universidades públicas y el 10% en la UNED y centros adscritos a las públicas. Los estudiantes de las privadas, incluidos los centros propiedad de la Iglesia, son el 28%.

Ayuso ha intentado en numerosas ocasiones presumir del estado de la sanidad pública madrileña para responder a las críticas que recibe de la oposición por la falta de médicos en la Atención Primaria y las largas listas de espera para ser atendido por los especialistas. Lo curioso es que no hay muchas declaraciones suyas en favor de la calidad de la enseñanza universitaria en la comunidad. Más bien, pueden hallarse pruebas de lo contrario. La presidenta ha querido desprestigiar a la universidad en Madrid, y en especial a su mayor centro, la Complutense, con 65.000 alumnos.

“Toda la izquierda tiene colonizada la universidad pública Complutense de Madrid”, dijo en la Asamblea el 15 de noviembre en un debate contaminado por la investigación a Begoña Gómez. La presidenta madrileña no tuvo suficiente con ese alegato irreal y aludió directamente a la falta de prestigio del centro. “Y cuando se dan los títulos como churros, y cuando se intenta llevar a un rector a la Complutense (por una reunión de su rector, Joaquín Goyache, con Gómez) a decirle que yo le voy a dar un máster o una cátedra en un organismo público, es utilizar las instituciones”. Afirmar que una universidad reparte los títulos “como churros” es como decir que no valen nada.

Todo indica que Ayuso pretendía que el rector de la Complutense se uniera a la investigación contra Gómez. No se sabe cómo, porque la cátedra que dirigía la esposa de Pedro Sánchez no es muy distinta a las decenas que existen en la Complutense, cuyo objetivo final no es otro que contribuir a la financiación del centro. Si Ayuso paga la universidad, pensará que tiene derecho a exigir al rector que colabore con sus planes políticos. No deja de ser curioso, porque la derecha universitaria se movilizó en las últimas elecciones en favor de Goyache por creer que la otra candidatura con más apoyos representaba a la izquierda.

El rector respondió a las críticas con un comunicado que afirmaba que las críticas de Ayuso eran “injustas y falsas”, porque estaban generando “un daño irreparable al prestigio” de la universidad. Esa era la intención última de la presidenta. O conmigo o contra mí. O te unes al begoñicidio o pagarás las consecuencias. Mi altavoz es mucho más grande que el tuyo.

La estrategia de ir a muerte contra el Gobierno de Sánchez hizo que Díaz Ayuso rechazara la ayuda de 169 millones a cada autonomía, en su caso con los que contratar a 656 profesores ayudantes doctor a cambio de que el Gobierno regional haga lo mismo con otros 435 durante seis años. Los gobiernos tienen hasta este jueves para aceptar la ayuda y que entre en vigor este año. A menos que el Gabinete de Ayuso se reúna de forma extraordinaria ese día, la aceptación posterior de las condiciones hará que no se ejecute hasta 2025. Y si no se firma antes del 31 de diciembre, ni siquiera en el 2025.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha advertido de que no habrá tratamiento especial para Madrid. No se va a renegociar los términos de unos acuerdos que ya se han firmado con los demás. Hay que recordar que es dinero que el Gobierno aporta de forma voluntaria. La responsabilidad de gestión del sistema educativo reside en las comunidades autónomas.

En la mente de Ayuso, es perfectamente compatible despreciar lo público con admirar embelesada a la ley de leyes que administra y organiza lo público, es decir, la Constitución. Para ello, celebró el lunes un acto oficial con discursos, aunque en realidad el único que importaba era el suyo. No estaba invitado a hablar el delegado del Gobierno en Madrid. El portavoz del PP en la Asamblea lo veía normal: “Que el representante de una organización mafiosa no hable en un acto que organizan las víctimas de sus ataques, me parece lo más razonable”. Llamar mafioso al Gobierno central no es precisamente el espíritu de la Constitución.

Madrid es la comunidad que menos invierte en educación pública por alumno y la que tiene menores sueldos medios para sus profesores, teniendo en cuenta el elevado coste de la vida de la región. “La perplejidad aumenta cuando apreciamos que no existe una alternativa a la universidad pública, cuando advertimos que la universidad privada de nuestra comunidad no cuenta con reconocimiento internacional y carece de las elevadas exigencias de calidad y control que, sin embargo, sí cumple la pública”, ha escrito Antonio Rivera, director del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense.

Lo que ocurre en Madrid no es un error producto de desconocer la realidad que menciona Rivera. Es el patrón de Ayuso, que sí cree que hay una alternativa (privada) para la que es necesario reducir en términos reales los fondos públicos que reciben las universidades públicas. Educación privada. Sanidad privada. Menos impuestos. Y loas a la libertad. Ese es el caldo de cultivo que ella cree que hará que sigan creciendo los votos al Partido Popular.