Una propuesta para bajar el precio de los medicamentos
Cuando hablamos del precio de los medicamentos, creo que interpretamos mal la cadena de intermediarios entre el laboratorio farmacéutico y el consumidor final.
Por eso, siempre que se presenta un proyecto para regular el precio de las medicinas, se menciona lo mismo: controles o topes.
Se intenta mediar entre los mayoristas y los minoristas, o peor aún, fijar los precios de venta del minorista al consumidor.
El problema es que la interacción entre los diferentes actores tiene múltiples sombreros. Aunque todos están normados por el Ministerio de Salud y cada cual debe cumplir una amplia gama de procedimientos que garanticen el control, la trazabilidad y la garantía del adecuado almacenamiento, manipulación y despacho del medicamento, lo cierto es que solo se analizan dos actores: la droguería y la farmacia. Dejan fuera al laboratorio farmacéutico, que es el que fija el precio de partida.
Pensar que la totalidad de las droguerías tienen la posibilidad de comprar directamente a un laboratorio nacional o extranjero es un grave error. Los laboratorios farmacéuticos, en su mayoría, venden a uno o dos distribuidores como máximo.
Es más, la mayoría de los laboratorios cuentan con contratos de distribución exclusiva, razón por la cual las droguerías se abastecen de otras droguerías, ya que el 71,39 % del mercado se concentra en tres empresas que poseen los contratos de distribución.
Estas droguerías les venden a las farmacias también. En muchos casos, gracias a los negocios por volumen, el laboratorio autoriza descuentos que permiten a la droguería otorgar a la farmacia condiciones más favorables que se trasladan al consumidor final.
Esto ocurre por la competencia entre las farmacias independientes y las cadenas de farmacias de bajo precio. De lo contrario, los precios serían una locura, ya que los tres grandes distribuidores tienen sus propias cadenas de farmacias.
Costa Rica es el país centroamericano donde los laboratorios farmacéuticos en general rentabilizan más, porque nos ven como el que tiene mayores índices de desarrollo y riqueza.
Si un laboratorio vende el medicamento un 30 % o un 50 % más caro, el efecto de los otros actores será poco significativo, porque, aunque no marginaran, el producto ya sería caro desde la importación.
Lo racional para el laboratorio es apropiarse del excedente del consumidor, pero será poco probable encontrar precios iguales a los de otros países de la región.
Más allá de poner controles a las relaciones entre la droguería y la farmacia, o topes a los precios de venta de las farmacias, existe un mecanismo que sería de mucha utilidad para presionar al laboratorio a bajar los precios: la importación paralela.
El gran inconveniente es que solamente las droguerías que autorice el laboratorio que registró el medicamento estarán facultadas para la importación.
Esto hace que el laboratorio sea juez y parte, y nunca autorizará a otras droguerías la importación de sus medicamentos. Como en muchos otros mercados, la mejor estrategia para bajar precios es incentivando la competencia.
Para lograrlo, es necesario que el registro sanitario para la importación de un medicamento pueda ser usado por cualquier droguería. De esta forma, aunque el laboratorio no le venda a esa droguería, esta podría comprarlo en otros países a mejores precios. Así se presionaría al laboratorio para vender a mejores condiciones a las droguerías del país.
Uno de los argumentos probables de los laboratorios es que se debilitarán los controles de trazabilidad, falsificación y adulteración del medicamento.
Sin embargo, las droguerías que importen de forma paralela tendrán que pasar por tales controles y estar supervisadas según el reglamento técnico de buenas prácticas de almacenamiento y distribución del Ministerio de Salud y conforme a las normas de fiscalización del Colegio de Farmacéuticos.
Con más competencia, más droguerías venderían a mejores precios a las farmacias, y esto presionaría a la baja el precio que paga el consumidor final.
Se ha intentado influir equivocadamente en el precio, pero la solución es permitir, con la importación paralela, que más actores tengan acceso a mejores precios y, al competir, diluyan el oligopolio que causa el uso restrictivo del registro sanitario.
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Roberto Saad Meza es economista y estadístico.