El Gobierno no desmontará Muface: prorrogará el contrato con las aseguradoras si no hay acuerdo
- Mantendrá Muface
- Prorrogar el contrato si no hay acuerdo
- Nueva licitación
- El 70% de los funcionarios, en la sanidad privada
- El plan no recoge contratar más médicos
El Gobierno no tiene ninguna intención de poner fin a la estructura mutualista que permite a los funcionarios gozar de sanidad privada pagada por el Estado. La intención del Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, y competente en la materia, descarta por completo cualquier desmantelamiento de Muface, pese a no haber alcanzado un acuerdo con las aseguradoras que caduca en febrero, según ha podido saber Confidencial Digital y confirman fuentes gubernamentales.
El Ministerio de Sanidad elaboró un informe que plantea la absorción de todos los mutualistas en un plan que dura doce meses. Desde la cartera dirigida por Mónica García señalan que el 70% de los nuevos funcionarios elijan el sistema público de salud en vez de la seguridad privada, y sobre ese dato pivota la idea de terminar con el sistema mutualista e incluir a todos esos funcionarios en el sistema público.
Mantendrá Muface
El ministro Óscar López no desmantelará Muface. La intención del Ministerio es seguir negociando con las aseguradoras privadas que han rechazado las últimas ofertas del Gobierno por considerarlas insuficientes. Las compañías aseguran que perderían dinero si aceptan unas ofertas que, en consecuencia, no consideran rentables.
Sin embargo, los problemas para renovar el contrato con las empresas sanitarios no hacen dudar ni un mínimo a Función Pública: no eliminarán el mutualismo, al menos, durante esta legislatura. El Gobierno asegura que el servicio estará garantizado y que ningún trabajador público se quedará sin atención sanitaria por parte de las aseguradoras.
Prorrogar el contrato si no hay acuerdo
La principal herramienta que maneja el Ejecutivo para que dicha atención no decaiga pasa por prorrogar el acuerdo vigente. Desde el Ministerio resaltan que existe esta posibilidad y que prolongarán las condiciones actuales en caso de que no consigan cerrar un acuerdo con las empresas sanitarias.
El Ejecutivo ha ofrecido un aumento sin precedentes de las primas: un incremento del 17% que supone un desembolso de 2.680 millones de euros. Se trata de la mayor partida de la historia desde que las competencias en sanidad se transfirieron a las comunidades autónomas.
Nueva licitación
Desde el Gobierno confirman también que están trabajando en una nueva licitación. Actualmente, el Ministerio ha publicado una consulta preliminar de mercado —ya cerrada— dejando claros los criterios objetivos de la licitación. Mientras tanto, y aunque el convenio caduque, las aseguradoras seguirán prestando sus servicios a los mutualistas hasta que se renueve el acuerdo.
En el Ministerio no desvela si mejorarán la oferta, pero sí insisten en que el objetivo es conseguir un acuerdo antes de febrero. Aunque siempre trasladando que bajo ninguna hipótesis los funcionarios se quedarán sin servicio sanitario.
El 70% de los funcionarios, en la sanidad privada
Actualmente, el 70% de los funcionarios públicos se encuentra dentro de la sanidad privada, a pesar de que Sanidad refleja un incremento de la pública en los nuevos trabajadores públicos, como adelantó ECD.
Desde CSIF —sindicato de funcionarios contrarios a la disolución de Muface— no lo desmienten porque, según explican, no tienen datos. Pero sí creen preciso especificar la influencia que puede tener en esa cifra los cambios que ha habido últimamente en la contratación pública.
El sindicato relata que los conocidos en el sector como “procesos de estabilización” han aumentado la media de edad de los trabajadores públicos que se incorporan al cuerpo funcionarial. Estas contrataciones han convertido en funcionarios a muchas personas de edad avanzada, que llevan años trabajando y que optan por mantenerse en la sanidad pública para no romper con su trayectoria clínica.
El plan no recoge contratar más médicos
El informe aboga por destinar a la sanidad pública los 1.337 millones de euros que ahora paga el Estado a las aseguradoras privadas que se hacen cargo de los trabajadores públicos que eligen ser atendidos por estas compañías.
Sin embargo, no menciona en ningún apartado de los 19 folios en los que se desarrolla el plan, la posibilidad de contratar más médicos para hacer frente a la absorción de los mutualistas en el sistema público, como informó este medio.