Moncloa aprieta para restar poder a jueces y partidos contra la corrupción
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene en sus manos el informe que espera con ansiedad el Gobierno para aprobar definitivamente en las Cortes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que busca restar poder a los jueces y también a los partidos en las causas contra la corrupción.
Moncloa espera tener lista esta modificación el próximo año, y la presenta como un antes y un después en esto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a denunciar como una campaña de acoso judicial y político en su contra. Es su manera de explicar los casos judicializados y que afectan a su Gobierno, a su partido y también a su esposa, Begoña Gómez.
El contenido de la reforma es de calado y evidentemente, de aprobarse, supone un punto de inflexión en el funcionamiento judicial. Hay que tener en cuenta que implicará que serán los jueces, y no los fiscales, los que instruirán las causas. El Gobierno se ha embarcado en una campaña general contra el sistema judicial y contra los jueces, denunciando maniobras que suponen tanto como plantear que estamos en un sistema donde la prevaricación está generalizada. Con la reforma que se impulsa, el juez tendría un papel como garante de que se respeten los derechos fundamentales, pero ya no dirigirá las investigaciones. A juicio del Gobierno, si este modelo estuviera ya vigente, no habría causa contra Begoña Gómez porque todo es un proceso que responde a maniobras de la oposición y del juez instructor de la causa.
La justificación: Europa
Como ya ha hecho en otras ocasiones, el Ejecutivo dice que se mira en Europa para justificar un cambio de este calado en nuestro ordenamiento legal.
El otro elemento clave de la reforma, en un momento político como este, es el que afecta al papel de los partidos, sindicados o administraciones públicas, a los que se niega la capacidad de actuar como acusación popular.
Aquí encaja la denuncia del Gobierno de que detrás de los casos de corrupción hay una ofensiva de la derecha para derribar a la coalición. Además, con la reforma se terminaría, según también alegan, con las filtraciones de datos clave de los procesos para utilizarlos solo con interés políticos.
Ante los distintos frentes abiertos judicialmente, el presidente Sánchez ya dijo el pasado viernes, con motivo de la celebración del Día de la Constitución, que «el acoso al Gobierno se va a volver contra los acosadores». Una frase en la que subliminalmente se interpretó de manera generalizada que estaba lanzando una advertencia a los jueces y también a la oposición.
Ofensiva parlamentaria
Su equipo está construyendo el relato de que hay un ensañamiento político en todo lo que está sucediendo. Ya sean las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama, ya sea la ofensiva de la derecha, que esta semana volverá a reactivar parlamentariamente en una sesión de control en la que el PP y Vox pondrán de nuevo el foco en la corrupción con preguntas tanto al presidente del Gobierno como a varios de sus ministros.
El primero en centrarse en este tema será Vox, cuya diputada María José Ramírez cuestionará al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, si «cree el Gobierno que puede asegurarse su propia impunidad». Y tras ella llegará el turno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará a Sánchez de forma directa: «¿Cree que sus prioridades coinciden con los intereses de los españoles?».
Por su parte, la popular Patricia Rodríguez espera una respuesta de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pues quiere saber «de quién recibe órdenes su director de gabinete», que es Carlos Moreno, implicado por Aldama en las «mordidas». Miguel Tellado, mientras, se dirigirá también a Bolaños para saber si «está satisfecho con su labor el frente del Ministerio».
La pregunta de Elías Bendodo a la titular de Defensa, Margarita Robles, será más directa: «¿Qué relación tiene su Ministerio con la trama de corrupción del PSOE que investiga el Tribunal Supremo?». Casi como la que hará Sofía Acedo a Fernando Grande-Marlaska sobre «cuál es la política de colaboradores» de su cartera. Y uno de los últimos señalados por Aldama, el ministro Ángel Víctor Torres, tendrá que responder a Ester Muñoz si cree que «debe seguir al frente» de su Departamento.