El Gobierno ha gastado casi 20 millones de euros en indemnizaciones por el fin de la caza comercial y deportiva en parques nacionales, una prohibición aprobada por ley en 2014 que entró en vigor en 2020. La norma preveía compensar a ayuntamientos y particulares por la pérdida de recursos económicos que les acarrearía el fin de la actividad cinegética en su zona. Más de diez años después de la aprobación de la ley y cuatro desde el veto efectivo, los datos aportados por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) a ABC a través del Portal del Transparencia revelan que en estos años solo se han alcanzado ocho acuerdos con corporaciones locales y apenas uno con un particular, dueño de una finca en uno de estos espacios protegidos, a pesar de la obligatoriedad de la legislación. En 2014 la ley de Parques Nacionales contempló la prohibición de la caza deportiva y comercial en todos estos espacios protegidos, y estableció que entraría en vigor en diciembre de 2020 en la mayoría de ellos. La idea de esa prórroga de siete años era alcanzar acuerdos de gestión y económicos con ayuntamientos y también con propietarios de fincas y terrenos que se ubicaran en los parques nacionales. Según la ley, la pérdida de recursos por el fin de la actividad cinegética debía ser recompensada, por lo que la legislación estableció la necesidad de indemnizar a los afectados por la pérdida de sus derechos de explotación. Para 2020, sin embargo, solo un ayuntamiento en toda España había cerrado un acuerdo con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Los Navalucillos, en Cabañeros. El resto de indemnizaciones se han acordado a partir de 2021. Suman en total 19.208.335 euros en acuerdos con corporaciones locales y 48.344 euros para el acuerdo con el único particular con el que se ha logrado llegar a un acuerdo. Pero todavía quedan otras muchas indemnizaciones por fijar. «La tendencia ha sido la de pagar a entidades públicas» , reconoce Jorge Bernard, responsable del departamento jurídico de la Fundación Artemisan. De los ocho acuerdos con corporaciones locales cerrados, la mitad se los ha llevado el entorno de Picos de Europa. Según detalla la información aportada por el OAPN, han sido cuatro en esta zona. Los cerraron la junta vecinal de Caín de Valdeón, la junta vecinal de Santa Marina de Valdeón, el Ayuntamiento de Oseja de Sajambre y la junta vecinal del Real Concejo de Valdeón. El área de Picos de Europa fue una de las primeras en organizarse y tramitar el expediente de compensación. Lograron el apoyo de la Junta de Castilla y León para que les ayudara con el Gobierno, explica Bernard, y tras dos años de negociaciones lograron cerrar los acuerdos en 2022 por unos 16 millones de euros. De los otros cuatro acuerdos cerrados estos años con corporaciones locales, otros dos han sido para el entorno de Sierra Nevada (para el Ayuntamiento de Abrucena en 2021 y para el Ayuntamiento de Ohanes en 2023); y otros dos para Cabañeros (para el Ayuntamiento de los Navalucillos en 2015 y para el Ayuntamiento de Horcajo de los Montes en 2021). « Falta toda la parte privada de Cabañeros, que no se ha pagado ni un euro», explica Bernard. De hecho, la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC) está en pie de guerra contra el Gobierno y han denunciado ante el Parlamento Europeo la situación de degradación que vive el área, donde no les permiten gestionar la sobrepoblación de ciervos. Pero, además, tampoco se ha puesto sobre la mesa ningún tipo de compensación económica. «La pérdida de derechos es una cuestión económica y la Administración Pública aún no ha hecho absolutamente nada. Para todo esto se daba una moratorio de siete años. Se ha cumplido y no han hecho nada. Estamos sin empezar el procedimiento indemnizatorio y sin adaptar las fincas a la nueva situación en cuanto a gestión», explicaba hace unas semanas Rafael Sánchez , ingeniero forestal y miembro de la asociación. Según reconoce Bernard, también en el Parque Nacional de Guadarrama hay mucho trabajo por hacer. De hecho, todo. En este caso, la prórroga al veto a la caza terminó en junio de 2023, por lo que el proceso de indemnización debería haber comenzado ya. Afecta tanto a los pueblos que se corresponden con la parte del parque que da a la Comunidad de Madrid, como a los que dan a Segovia. El proceso será largo y no hay fecha para su cierre. Bernard, que asesora a las partes afectadas desde la Fundación Artemisan, espera que la indemnización para el área de Guadarrama sea importante, aunque la densidad de animales en la zona es menor que en otros parques. «Las cifras (de indemnización) varían muchísimo de una zona a otra», explica Bernard. Y dependen de muchos factores. «Estamos en fase de negociación, pero van a un ritmo de morirte», resume. Tampoco están resueltos todos los acuerdos en Sierra Nevada , dice Bernard. Ni siquiera en Picos de Europa . No obstante, hay algunos espacios protegidos en los que estos derechos de compensación no se reconocen. Es el caso de Tablas de Daimiel, ya que la prohibición venía con anterioridad a la ley, así como en Monfragüe.
