Quirón multiplica por seis los pacientes que capta de la sanidad pública madrileña en una década

“Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado”, dijo el consejero delegado del gigante alemán Fresenius en 2016 para vender a los analistas su nueva adquisición, QuirónSalud. El sistema sanitario madrileño ha confirmado en la última década que esta afirmación era cierta.

A través de los cuatro hospitales públicos que gestiona en la Comunidad de Madrid, QuirónSalud capta cada vez más pacientes adscritos originalmente a otros centros. Los 28.917 pacientes absorbidos en 2014 –los que llegan de otros hospitales menos los que se van– se multiplicaron hasta los 184.534 en 2023, según los datos extraídos de las memorias anuales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Por cada una de estas consultas, los hospitales pasan una factura a la Comunidad de Madrid. El saldo siempre sale en positivo: ganan muchas más citas de las que pierden porque el paciente se marcha a otro hospital, como muestra el gráfico de abajo.

Para entender la razón de este flujo desigual hay que remontarse a 2012. Aquel año, con España sumida en plena crisis económica, la expresidenta regional Esperanza Aguirre remodeló el sistema de salud para que cualquier paciente pudiera elegir hospital libremente. Lo que en los papeles se llamó “área única sanitaria” se basaba en una filosofía muy clara: el dinero sigue al paciente. La Consejería de Sanidad puso a competir a los centros, de manera que quien trabajara de forma más eficiente recibiría más recursos. Es decir, cuántos más pacientes atrajeran, más incentivos se llevarían.

Los grandes beneficiados por este sistema han sido, como atestiguan los datos, los cinco hospitales privatizados de la región: la Fundación Jiménez Díaz, los hospitales universitarios Rey Juan Carlos (Móstoles), General de Villalba, Infanta Elena (Valdemoro) y Torrejón. Este último es propiedad nuevamente de Ribera Salud tras pasar por las manos de Sanitas y Asisa.

A la cabeza del trasvase está la Fundación Jiménez Díaz, con un saldo positivo de 508.992 consultas –los que entran (muchos) menos los que salen (muy pocos)–. Este centro, al que está asignada una parte de la población que vive en el centro de Madrid, tiene un funcionamiento singular respaldado por un convenio especial: cobra por cada procedimiento a unos precios que son superiores a los que se pagan en hospitales públicos de tamaño similar, según desveló en 2019 un anteproyecto de la Cámara de Cuentas al que tuvo acceso elDiario.es. Aunque en su versión final estos datos fueron eliminados tras considerar las alegaciones de los “fiscalizados” –en este caso el exconsejero del PP Javier Fernández Lasquetty, ideólogo de la privatización sanitaria madrileña–, el dictamen inicial constataba “desviaciones de hasta el 743%”, especialmente en las cirugías ambulatorias, las operaciones más frecuentes que no requieren ingreso.

El hospital Rey Juan Carlos, con 347.476 citas más, es el segundo al que le sale mejor la cuenta. Las consultas que ganan unos las pierden otros. En este caso, los grandes hospitales públicos, que también son los que tienen más lista de espera: el hospital universitario La Paz, el Ramón y Cajal y el 12 de Octubre. El servicio de citación de la Comunidad de Madrid puede ofrecer a los pacientes una derivación a los hospitales privatizados para el especialista, para una prueba diagnóstica o para operarse. Son ellos los que deciden si aceptan –se encuadra dentro de los datos oficiales como “libre elección”– para acortar el tiempo que esperan o si rechazan la derivación. En este caso, los pacientes pasan a formar parte de una lista de espera paralela llamada “no estructural” que es una caja opaca, tanto en Madrid como en otras comunidades. El Ministerio de Sanidad tampoco reclama esos datos a las consejerías.

“El terreno de juego está desnivelado”

Insertar esta lógica comercial –vista por sus detractores como una parasitación del sistema público que le va detrayendo recursos año a año y por sus defensores como un modelo útil para atender más rápido a los pacientes– en el corazón del servicio madrileño de salud ha permitido a QuirónSalud no solo apuntalar su negocio sino hacerlo crecer a gran velocidad.

El buque insignia de sus hospitales, la Fundación Jiménez Díaz, sumó a sus instalaciones en mayo un edificio público propiedad del Ministerio de Defensa que explotará durante 75 años a cambio de un canon de 180 millones de euros anuales. Se trata del hospital Generalísimo Franco, situado en las inmediaciones de la Fundación y que tuvo uso militar hasta su cierre en 2001. Unos meses después, el hospital también anunció que ponía en marcha un nuevo centro de rehabilitación de otros 1.000 metros cuadrados –al que de momento se entra a través de un garaje– y tiene recién renovada su área quirúrgica , con 18 nuevos quirófanos y una UCI.

“Poner más actividad extraordinaria les revierte en más presupuesto”, ilustra Ángela Hernández, secretaria general del sindicato Amyts. A más pacientes, más dinero para atender a más pacientes. “El terreno de juego está un poco desnivelado”, analiza José Manuel Freire, profesor emérito de la Escuela Nacional de Salud y exportavoz socialista de Sanidad en la Asamblea de Madrid. Lo explica así: “Los cuatro hospitales concesionados y la Fundación Jiménez Díaz tienen un buen contrato de base por la población de su área y los pacientes que llevan de fuera vienen con un dinero que se cobra aparte. Con esta fuente extra de ingreso incrementan su oferta de servicios, con lo que están en condiciones de absorber más demanda. Sin embargo, a los hospitales públicos les penaliza atender pacientes de fuera de su área porque es gasto pero no ingreso”.

El siguiente gráfico muestra cómo se ha multiplicado el saldo neto de pacientes que reciben de este sistema de libre elección los cinco hospitales públicos madrileños de gestión privada. La Fundación Jiménez Díaz lo ha multiplicado por cuatro; el Rey Juan Carlos, por 7; y el de Villalba, por 23.

La opacidad de los ingresos

Los ingresos anuales de los hospitales privatizados de Madrid son un misterio porque su presupuesto final es mucho mayor al que se le asigna anualmente en función de las tarjetas sanitarias que atienden de base. Hace unos años, cargos de la propia Consejería admitían en privado el descontrol en que estaban sumidos con las facturaciones. El gasto entre 2011 y 2017 en el gran hospital de Quirón, la Fundación Jiménez Díaz, aumentó de 327,1 millones de euros a más de 413, según publicó El País con la información recabada a través del Portal de Transparencia. La cifra es mayor que el presupuesto de un hospital con el doble de camas como el 12 de Octubre. La Consejería de Sanidad ha remitido a este medio a Transparencia al ser preguntada por las facturas de los hospitales privatizados.

El PP tumbó en abril la propuesta del grupo socialista en la Asamblea de Madrid para encargar a la Cámara de Cuentas una fiscalización específica de los contratos y pagos que se están haciendo con el macrogrupo. El Gobierno madrileño, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha abonado en los últimos años millones de euros a proveedores sanitarios a través de un mecanismo para regularizar pagos de manera extraordinaria llamado convalidación del gasto. Uno de ellos es QuirónSalud.

Lo poco que se sabe de la deuda con las empresas sanitarias privadas –incluida Ribera Salud–, según los informes de la Cámara de Cuentas, es que en 2022 ascendía a más de 700 millones de euros. La Consejería de Sanidad continúa liquidando esos debes: el Ejecutivo regional acaba de aprobar el pago de más de 114 millones de euros a la Fundación Jiménez Díaz por la actividad de “libre elección” de hace dos años, según consta en las actas del último Consejo de Gobierno de noviembre. También ha abonado 132 millones más a los otros tres hospitales de Quirón que forman parte de la red pública en concepto de “liquidación del ejercicio 2022”: a Villalba le han correspondido 36,6; el de Valdemoro recibe otros 30,9 y Móstoles, la cuantía mayor, 65,3.

Las listas de espera más ligeras

Bajo estas reglas del juego, los hospitales privatizados han logrado mantener las listas de espera quirúrgicas más ligeras de todo el sistema. Sin embargo, el volumen de personas acumuladas a la espera de una cita con el especialista se han disparado en el último año, como puede verse en los gráficos de abajo.

La presidenta regional se comprometió en su último debate de investidura, en junio de 2023, a adelgazar la lista de espera. ¿La transferencia de pacientes se ha acelerado desde entonces? elDiario.es ha preguntado a la Consejería de Sanidad por este extremo sin obtener respuesta. Una portavoz de QuirónSalud tampoco ofrece una explicación y deriva la consulta a la administración sanitaria.

“Lo más preocupante –argumenta Freire para explicar los datos– es que los quirófanos de los hospitales públicos tienen baja productividad mientras los de estos hospitales funcionan a todas horas”. “Si necesitan hacer más resonancias para aligerar listas de espera contratan refuerzos o le dicen a los profesionales que se harán pruebas de las 8 de la mañana a las 12 de la noche”, ejemplifica Valle Coronado, ex directora médica de un hospital andaluz y secretaria de la Sociedad Española de Salud Pública y Gestión Sanitaria (Sespas). “La sanidad pública, con personal estatutario, es bastante más compleja”, agrega. 

A partir de estos flujos de entrada de pacientes “se explican muchas cosas”, señala José María Abellán, catedrático de Economía de la Salud de la Universidad de Murcia. “Lo normal en las derivaciones es que sea lo más estandarizado, como cataratas. Más de traumatología o ginecología; menos de cardiología o neurología. Patologías menos graves que requieren menos soporte estructural, tanto a nivel diagnóstico como terapéutico”, profundiza.