Más de 60 millones invertidos y dudas de su auditor: el fondo de Javier Botín que financia litigios en España

Dudas de Deloitte sobre una reciente inversión de PLA Litigation Funding, firma controlada por el financiero Javier Botín especializada en invertir en procedimientos judiciales y arbitrales complejos en España y Portugal. La entidad que audita sus cuentas ha advertido sobre la valoración de un pleito adquirido en 2023 por este fondo, que tiene más de 60 millones invertidos en litigios.

PLA se creó en 2020 y es una de las pioneras en España en este sector, muy asentado en Estados Unidos y todavía poco desarrollado aquí, pero que previsiblemente va a despegar con la nueva ley de acciones colectivas que tramita el Congreso como proyecto de ley. Esta norma regulará por primera la actividad de estas firmas, que se dedican a financiar procedimientos judiciales o arbitrales y en caso de una resolución favorable, se quedan un porcentaje de la cuantía obtenida.

PLA Litigation Funding tiene un enfoque multisectorial. Entre las “soluciones” que ofrece a sus clientes está la financiación de procedimientos judiciales y arbitrajes, la monetización de reclamaciones, compra de sentencias y laudos, localización de activos y ejecuciones o reestructuraciones y situaciones de insolvencia, según su web, en la que afirma tener invertidos más de 60 millones.

La firma, que la holding de Botín, Inversiones Zulu, tiene valorada a cero euros en sus cuentas consolidadas de 2023, accesibles a través de Insight View, canaliza su actividad en España a través de una mercantil con cifras de activos muy discretas, PLA Litigation Fund SA. El pasado ejercicio declaró poco más de 900.000 euros de facturación.

En Luxemburgo cuentan con un vehículo, Gayo Capital Fund SICAV-FIS, que agrupa varios litigios de PLA cuya naturaleza no detalla en sus cuentas. Se trata de un fondo de inversión alternativa aprobado por la Comission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) del Gran Ducado. En junio 2021 introdujo en sus estatutos que su objeto es obtener fondos (con un mínimo de 125.000 euros por inversor) para “litigación contra organismos públicos o privados”, en contenciosos de ámbito doméstico o internacional y “en materias judiciales con conexiones con España”.

El vehículo cerró 2023 con activos valorados en libros en 5,1 millones, según las cuentas que acaba de presentar en Luxemburgo. El pasado ejercicio incorporó dos nuevos inversores y adquirió dos nuevos litigios, el que denomina “Proyecto Océano”, que compró el 9 de febrero de 2023, y el “Proyecto Lienzo”, adquirido el 11 de diciembre de 2023. El pasado 3 de mayo realizó una nueva inversión, “Proyecto Salinas”. También gestiona los proyectos “Cloth”, “A Coruña” y “Ale” y tiene una sociedad propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) para captar fondos. 

Las cuentas de 2023 de este vehículo contienen una salvedad del auditor de PLA, Deloitte, relacionada con el denominado “Proyecto Océano” que adquirió en febrero de 2023. El fondo le otorga una valoración contable de 1,41 millones que representa el 31,12% del valor neto de sus activos netos a 31 de diciembre, lo que le convierte en el segundo litigio más importante a cierre de 2023, solo superado por “A Coruña”, al que otorga un valor de mercado de 2,238 millones (el 52% del total). 

Deloitte explica que esa inversión en el proyecto “Océano” ha sido valorada por un tercero independiente usando varios escenarios y estimaciones, y que el fondo se ha basado en cuatro fuentes diferentes de información. Pero la firma explica que no ha tenido datos suficientes para verificar cómo se ha calculado esa valoración. Y de ahí esa salvedad. elDiario.es contactó con PLA Litigation Funding, pero la firma ha declinado hacer comentarios.

Comisión del 20%

En sus cuentas, el fondo explica que PLA Litigation Funding cobra una tasa fija de asesoría de entre el 2% y 2,5% a los accionistas, más una comisión de rentabilidad sobre el 20% de los ingresos. El Valor Bruto de los Activos antes de las comisiones de rendimiento devengadas creció un 13% en 2023, frente al 60% de 2022.

El comportamiento en 2023 fue positivo, “con entradas de efectivo recibidas por el Proyecto Ale, además de los ingresos recibidos durante 2022 en el Proyecto Cloth”. En relación con el “Proyecto Ale”, en el primer trimestre de 2023 se embolsó 577.917,1 euros por “procedimientos legales” y otros 28.046,37 euros en concepto de “recuperación de costes legales”. En 2024 ese proyecto le reportó otros 479.595,96 euros.

La firma está pilotada por un abogado del Estado en excedencia, Jesús Rodrigo Lavilla, de la total confianza de Javier Botín. Perteneciente a una familia de juristas, Rodrigo es miembro de ese cuerpo de élite desde 2006. Secretario consejero y managing director en JB Capital Markets, la firma de inversión de Javier Botín, fue subdirector de la Asesoría Jurídica de la aerolínea Iberia.

“Como Abogado del Estado ha intervenido en más de 8.200 procedimientos judiciales ante todas las jurisdicciones. Ha coordinado fuera de la administración más de 850 procedimientos en más de 45 países, incluidas class actions en EEUU”, explica PLA en su web.

Rodrigo estuvo destinado en la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional, pero no tardó en pasarse al sector privado, como han hecho la mayoría de sus compañeros de promoción, de los que solo un tercio sigue en activo en ese cuerpo. La última en fichar por una empresa es la todavía diputada del PP Mar González, que va a convertirse en nueva directora de la Asesoría Jurídica de Ibercaja tras poco más de un año en política (tomó posesión de su escaño en julio de 2023).

Botín es el menor de los seis hijos que tuvo el fallecido Emilio Botín y pertenece a una de las familias más ricas de España. Hermano de la presidenta de Banco Santander, es consejero del banco y preside la Fundación Botín.

Su firma JB ha participado en operaciones como la compra de un 8% del fabricante vasco de motores de avión ITP Aero en 2021 o la adquisición a precio de derribo en 2016 de Vitaldent, que vendió en 2019 por 350 millones, 14 veces lo invertido. Esa operación propició una querella por estafa de un franquiciado de la cadena de clínicas dentales. Una jueza de Pozuelo de Alarcón (Madrid) la archivó en 2021. 

Con una filial que invierte en carteras de créditos impagados (Savia Asset Management), JB estuvo el año pasado junto al fondo Apollo en la puja por Vodafone España. El discreto financiero se enfrentó hace un par de años al Mariano Rajoy registrador de la propiedad por su negativa a inscribir las cuentas de una de sus empresas.

En los últimos meses ha liderado un consorcio para pujar por la charcutera riojana Palacios Alimentación, principal fabricante español de chorizos, tortillas, pizzas y otros platos preparados, en una oferta valorada en 425 millones, según adelantó Expansión. 

En ese consorcio figura el family office de Alexandre Pierron-Darbonne, ex dueño del grupo agrícola navarro Planasa y accionista del productor de huevos Dagu o los cargadores Wallbox. Este ultrarrico francés es uno de los principales financiadores de Civismo, think tank ultraliberal que acaba de homenajear al ex juez Manuel García Castellón. Hace unos días le entregaron un premio en el que el abogado del PP en varias de sus causas judiciales ha presentado al ex magistrado como “azote a la corrupción”.