Registro de viajeros: el gran hermano del turismo
El turismo es una de las joyas de la corona económica de España pues aporta cerca del 12,5% al PIB y genera cerca de 3,3 millones de empleos, según la EPA, lo que equivale a casi el 14% de del empleo total. Tras Francia, somos el país con mayor número de llegadas de turistas internacionales, cerca de 90 millones a los que se debe sumar la demanda nacional y, en este contexto, se acaba de aprobar una nueva normativa sobre el registro de viajeros que plantea un complicado equilibrio entre la seguridad ciudadana y la protección de la privacidad, tan perseguida por Europa, pues, si bien es comprensible la preocupación por garantizar la seguridad, es fundamental que se busquen soluciones que sean proporcionadas, eficaces y respetuosas con los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin poner a los agentes del sector, mayoritariamente compuesto por pymes, entre la espada y el formulario, obligándoles a lidiar con la burocracia y convirtiéndose en los guardianes y responsables de los datos durante 3 años.
Y por supuesto, el cumplimiento tendrá un coste que terminaremos pagando los ciudadanos vía aumento de precios, porque hay que pagar los sistemas para la gestión de registros y los gastos de formación de empleados. Toda una ironía en la era digital donde la movilidad internacional es mayor que nunca, las fronteras son cada vez más porosas o inexistentes en una UE cuyo adalid es la privacidad de los europeos.
Mientras que otros países promueven la simplificación administrativa para los viajeros, España parece apostar por un exceso de control que puede ser ilegal por incompatibilidad con otras leyes, además de que plantea serias dudas sobre su eficacia, pudiendo fomentar la suplantación de identidad, además de la desproporcionalidad, respecto de los beneficios, que supone la recopilación de tantos datos.
Así pues, el choque con la LOPD y el RGPD está garantizado porque, mientras que estos obligan al consentimiento explícito del usuario, la nueva norma, convierte el suministro de datos en una obligación sin derecho a réplica del viajero, lo que es un ejemplo de cómo la burocracia puede poner en jaque derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, no sólo estamos arriesgando los ingresos turísticos, sino que nos jugamos la reputación como destino y ponemos en entredicho la seguridad jurídica de nuestras leyes.
Como sigamos por este camino, aparte del riesgo a perder una buena parte de nuestros visitantes, estaremos dificultando la competitividad del sector, matando moscas a cañonazos, ya que, en lugar de imponer un registro tan exhaustivo y generalizado, se podrían explorar otras alternativas menos invasivas, como el fortalecimiento de la cooperación policial internacional, mejorando la coordinación entre las fuerzas de seguridad de diferentes países para combatir la delincuencia transfronteriza, o bien el uso de tecnologías de reconocimiento facial de forma controlada, como ya ocurre en EE UU mediante la implementación de sistemas de reconocimiento facial en puntos estratégicos, como aeropuertos, con el consentimiento expreso de los viajeros y bajo estrictas medidas de protección de datos.
Ahora bien, ¿de qué sirven todas esas medidas, bajo el argumento de garantizar la seguridad y la transparencia, empeñados en conocer cada detalle del turista legal, cuando nos enfrentamos a una crisis migratoria que desborda nuestras fronteras, con miles de personas indocumentadas, de los que desconocemos sus antecedentes penales o sus intenciones? Estamos intentando tapar pequeñas grietas el barco cuando tenemos un agujero enorme en la sala de máquinas.
Al turista hay que cuidarle para que vuelva y gaste su dinero, no para hundirlo en un mar burocrático por los caprichos de una administración que está obsesionada por controlarlo todo. Si el objetivo es controlar la inmigración ilegal y garantizar la seguridad, la solución no está en rellenar formularios sino en aplicar políticas que refuercen las fronteras y gestionen los flujos migratorios de forma más efectiva. A este paso, lo siguiente será pedir pruebas de ADN o someterse a un polígrafo antes de reservar un vuelo, lo que convertiría el turismo por España en un paquete de aventuras burocráticas. ¿Queremos matar a la gallina de los huevos de oro?
Juan Carlos Higueras, Doctor en Economía y director del master MBA en EAE Business School