El juez del Supremo suspende la declaración voluntaria de Ábalos y rechaza buscar una nueva fecha

El juez del Tribunal Supremo que investiga una parte del caso Koldo ha rechazado la petición del exministro José Luis Ábalos de tener más tiempo para estudiar la causa antes de declarar voluntariamente. El magistrado, en un auto, se niega a retrasar su declaración voluntaria programada para este 12 de diciembre, suspende la comparecencia y explica al diputado que eso no es posible y que no tiene derecho a declarar “en el momento que considere más oportuno”. El instructor explica que, en caso de ser llamado a declarar de nuevo en el futuro, lo será a través de un suplicatorio que tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados.

El Tribunal Supremo se hizo cargo de la ramificación del caso Koldo que afecta a José Luis Ábalos y su etapa como ministro y su primer movimiento fue ofrecerle declarar como imputado de forma voluntaria. Una comparecencia marcada para este jueves 12 de diciembre, unos días antes de la comparecencia no voluntaria del empresario Víctor de Aldama y de Koldo García, antiguo asesor de Ábalos en el Ministerio. Ábalos solicitó retrasar esta declaración voluntaria alegando que no había tenido tiempo para analizar toda la causa.

El instructor, el juez Leopoldo Puente, ha comunicado que no es posible retrasar una declaración voluntaria, dejando sin efecto la citación y explicando que, en caso de ser citado, lo será por el cauce habitual en una causa contra un aforado: pidiendo un suplicatorio al Congreso de los Diputados. La ley le permite declarar de forma voluntaria pero eso no implica, añade, “que pueda hacerlo en el momento que considere más oportuno, determinando, también libérrimamente el tempo de las actuaciones”.

Permitir un retraso en el calendario de la declaración voluntaria, añade el juez, “podría perjudicar también seriamente la eficacia de la investigación”, que solo se podrá dirigir en términos inculpatorios respecto de la persona aforada a partir del momento en el que el suplicatorio resultara concedido por la Cámara de la que el aforado forma parte“. El juez teme que una segunda citación pudiera terminar igual, algo que provocaría ”dilaciones indebidas“, sino que también ”podría perturbar el buen fin y la eficacia de la investigación“.

La causa inicialmente bautizada como operación Delorme y hoy conocida como caso Koldo arrancó en la Audiencia Nacional, con el juez Ismael Moreno investigando si el exasesor de José Luis Ábalos lideró una trama corrupta con varios empresarios para beneficiarse de contratos millonarios durante la pandemia a cambio de comisiones y regalos. Uno de esos empresarios, Víctor de Aldama, consiguió adjudicaciones de varias administraciones públicas por un valor superior a los 53 millones de euros. Las pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apuntaron finalmente al papel del entonces ministro como contacto preferente de la organización, incluyendo el cobro de comisiones y otras dádivas.

Las declaraciones de Aldama y Koldo

Hasta la fecha Ábalos siempre ha negado los hechos y ha mostrado en varias ocasiones su intención de declarar, aunque ya no podrá hacerlo en el formato de comparecencia voluntaria sino después de que el instructor pida un suplicatorio al Congreso de los Diputados, lo que alarga el proceso e introduce varias gestiones internas en la cámara baja. Por ejemplo, que el suplicatorio tenga que debatirse y votarse.

En las próximas semanas el instructor ha marcado dos declaraciones más en el calendario, aunque estas no son voluntarias: las de Víctor de Aldama y Koldo García. En el caso del empresario, su comparecencia como investigado llega después de haber quedado en libertad tras confesar durante dos horas en el juzgado de la Audiencia Nacional que le investiga por el caso de los hidrocarburos, un supuesto fraude en el que también está imputado.

La Audiencia Nacional envió su confesión al Tribunal Supremo, donde el propio Víctor de Aldama ha presentado 37 folios complementarios explicando las acusaciones que ha vertido no solo contra José Luis Ábalos sino contra otros miembros del Gobierno como Ángel Víctor Torres, el secretario de organización del PSOE Santos Cerdán o un alto cargo del Ministerio de Hacienda.

La acusación más voluminosa es el supuesto intercambio de comisiones, en su caso de más de 100.000 euros, por intermediar en adjudicaciones públicas de obras de carreteras. El actual ministro del ramo, Óscar Puente, ha defendido que su departamento enviará al Supremo información sobre el caso pero ha puesto en cuestión las acusaciones de Víctor de Aldama al entender que una minoría de los contratos a los que apunta se adjudicaron con Ábalos como ministro.