CSIF denuncia a las aseguradoras ante el Defensor del Pueblo por cancelar citas médicas a funcionarios de Muface

La crisis en la licitación de Muface, que se encamina al segundo proceso después de que las aseguradoras rechazaran la primera oferta del Gobierno, parece estar notándose ya en la atención a los mutualistas. Al menos, así se lo ha trasladado este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) al Defensor del Pueblo, a quien ha expuesto la “multitud de quejas” de los funcionarios que optan por la sanidad privada a través de este sistema y que estarían sufriendo desde retrasos y suspensiones de citas médicas e intervenciones.

En el escrito, el presidente nacional del sindicato, Miguel Borra, solicita una reunión con Ángel Gabilondo para trasladarle “la grave problemática existente y las numerosas quejas e incidencias” que “están trasladando las trabajadoras y trabajadores adscritos a Muface”. Estas, señalan desde CSIF, afectan a todo tipo de pruebas, consultas y especialistas, como neurología pediátrica, urología, digestivo, cardiología, traumatología, psiquiatría o ginecología, entre otras, y muchas de ellas llegan de “personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica o de cierta gravedad”. Además, indican que las propias clínicas están reclamando a los asegurados que paguen ellos mismos el coste de la asistencia.

“CSIF no va a permitir estos recortes, ni que los funcionarios tengan que pagar de su bolsillo un derecho como es la atención sanitaria, el Gobierno debe corregir esta situación”, ha indicado ante los medios el secretario de acción sindical, Francisco Lama. El concierto con las aseguradoras, Adeslas, Asisa y DKV finaliza el próximo 31 de enero, pero el Ejecutivo se guarda bajo la manda el as de una prórroga forzosa, en caso de que no se llegue a un acuerdo que contente a las empresas privadas para entonces.

Desde el sector niegan que se estén cancelando citas o intervenciones antes del fin del contrato. “Como el convenio actualmente en vigor finaliza el 31 de diciembre y el plazo para cubrir prestaciones médicas termina el 31 de enero, no se autorizan citas más allá de esa fecha. La única excepción son las enfermedades graves y embarazos, que se atienden hasta el 31 de marzo”, indican desde DKV. “Seguimos prestando atención a todos los mutualistas de acuerdo a las condiciones que estable el concierto”, coinciden desde Adelas y Asisa.

Pese a esta negativa, desde CSIF han notificado varios casos de atenciones que se estarían produciendo en este momento. Desde un bebé de menos de un año al que “le han aplazado a varios meses una consulta con una neuróloga pediátrica que debía tener esta semana” —y al que le habrían dicho que “le visitarán o no según qué suceda con la mutualidad”— hasta un ecoguiado de mama por un bulto en el pecho de una paciente o un consultorio médico que “está suprimiendo plazas de médicos”. “Es un verdadero desastre”, indica un beneficiario.

El sindicato de funcionarios le ha trasladado al Defensor del Pueblo su “preocupación por la situación de inseguridad y alarma en la que se encuentran los mutualistas y beneficiarios, ya que se está viendo amenazado su derecho a la protección de la salud y su asistencia médica en las condiciones legalmente establecidas”. El ministro de Función Pública, Óscar López, ha insistido este lunes en el “mensaje de tranquilidad” de que tendrán garantizada la asistencia. “Están cubiertos, van a seguir cubiertos, vamos a preparar una nueva licitación y, por lo tanto, todo seguirá con normalidad”, ha señalado en una entrevista en TVE.

El Gobierno cerró el pasado miércoles el periodo de consultas preliminares para conocer por cuánto estarían dispuestas las compañías del sector a prestar asistencia sanitaria a los funcionarios. Adeslas, Asisa y DKV presentaron sus ofertas y ahora están a la espera del informe de la entidad y de la licitación del nuevo concurso, tras rechazar una prima con un incremento del 17% acumulado para los años 2025 y 2026.

En este contexto, los sindicatos preparan una semana caliente, con protestas convocadas por UGT, CCOO, ANPE, Adide, USIE, UFP, SUP, Acaip y SIAT para este miércoles ante las delegaciones de la mutualidad en la capitales autonómicas. Y, para el sábado, CSIF prepara una “gran movilización”, con autobuses que llegaron a Madrid desde varios puntos del país para reclamar ante la Dirección General de Muface en defensa de este sistema.

Desde CCOO y Ugt ya habían acusado a las “aseguradoras insaciables” de querer “aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado” y de la “selección de riesgos”, derivando “a la sanidad pública los casos más graves y caros de atender, poniendo en riesgo la salud de las personas mutualistas y beneficiarias”. Algo que comparte también el Ministerio de Sanidad, que en un informe sobre el impacto de incorporar a un millón de mutualistas al sistema público al que tuvo acceso elDiario.es hace varias semanas indicaba que esta sería “una opción tanto viable como razonable”.