Albiol se desmarca de las dos antenas ilegales de Badalona en el inicio de su juicio por prevaricación
La Fiscalía pide 2 años y 10 meses de cárcel para el alcalde y otros cargos del anterior gobierno de izquierdas por una instalación irregular de antenas entre 2012 y 2018
La Fiscalía pide 2 años y 10 meses de cárcel para Albiol por una instalación irregular de antenas
Dos antenas colocadas sin licencia en Badalona ocuparán durante dos semanas la atención de los magistrados de la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona. Este lunes ha arrancado el juicio por prevaricación urbanística que sienta en el banquillo a varios cargos municipales de gobiernos del PP y de izquierdas, entre ellos al actual alcalde, Xavier García Albiol.
Pese a la larga duración del juicio, la cuestión a dilucidar es bastante simple. ¿Permitieron Albiol y los otros seis cargos municipales acusados la instalación de dos antenas de telefonía ilegalmente en una finca reservada para uso cultural? De la respuesta del tribunal a la pregunta depende la carrera política de Albiol: la Fiscalía le pide dos años y diez meses de cárcel y diez de inhabilitación.
Las defensas de los acusados así como las de Vodafone y Telefónica, que se sientan en el banquillo como responsables a título lucrativo (beneficiarias) de la presunta prevaricación municipal, niegan la mayor. A lo sumo, se trataría, a su juicio, de una cuestión administrativa, pero en ningún caso penal.
Para garantizar su derecho de defensa, los acusados han pedido declarar al final del juicio. Antes desfilarán ante el tribunal los Mossos d'Esquadra encargados de la investigación, varios funcionarios y exconcejales de Badalona para ilustrar al tribunal sobre las antenas, que estuvieron colocadas entre 2012 y 2018. Incluso comparecerán como peritos investigadores de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) que cifraron en 17.448 euros los ingresos irregulares del consistorio derivados de las antenas.
La línea de defensa de Albiol, representado por Cristóbal Martell, pasa por desligarse del “seguimiento diario” de la instalación de antenas así como de la concreta tramitación de licencias por su mayor “dedicación política” como alcalde. La cuestión de las antenas, aduce la defensa, era “inabarcable” debido al gran volumen de asuntos a gestionar como alcalde.
En su intervención en el trámite de cuestiones previas, Martell ha aportado varios documentos para sustentar su tesis. Entre ellos, el certificado de que en Badalona vivían en el momento de los hechos decenas de miles de personas y que la plantilla municipal era de un millar de funcionarios.
“No existía un clamor abrumador por la instalación de antenas. En un municipio con 220.000 almas y 1.000 funcionarios, determinados extremos resultan ajenos a la alcaldía” ha alegado Martell.
Por contra, la Fiscalía de Medio Ambiente sostiene que Albiol, al ostentar la competencia en Urbanismo “y como máximo responsable del correcto funcionamiento” del consistorio, “permitió o autorizó por la vía de hecho y sin dictar nunca una resolución expresa” la instalación de las dos antenas de telefonía en los terrenos municipales.
Lo hizo, agrega la fiscal, “a pesar de saber que ese emplazamiento no era compatible urbanísticamente para albergar esa instalación y ese uso, lo cual impedía el otorgamiento de una expresa licencia municipal ambiental y urbanística”.
En declaraciones a los medios antes de entrar en el Palacio de Justicia de Barcelona, Albiol ha confiado en el resultado de la vista: “El juicio tendrá algo positivo y es que de una vez por todas se pondrá en evidencia lo que pasó y lo que no pasó y cada uno podréis sacar conclusiones”.