Impulso Ciudadano reclama una ley sobre derechos lingüísticos ante la "presión identitaria excluyente"
El movimiento Impulso Ciudadano ha presentado en el Senado las conclusiones de la I Jornada sobre derechos lingüísticos en el que reclama una ley sobre derechos lingüísticos y la creación de una comisión permanente sobre este tema en la Cámara Alta.
Según han expuesto, "los derechos lingüísticos son fundamentalmente individuales y se debe proteger el libre desarrollo de la personalidad”. Así se desprende de las conclusiones donde advierten de que, “una vez declarada una lengua como oficial en un territorio, los poderes públicos tienen que garantizar a las personas el derecho de expresarse en su lengua” tanto en el ámbito público como en el privado además del derecho a disponer de información pública en su lengua materna y de que sea respetada su identidad cultural.
Y es que han percibido “una presión identitaria excluyente” sobre todo en los ambientes más nacionalistas, Cataluña y País Vasco, algo que ataca, principalmente a la educación generando que busca mermar el castellano e incluso va dirigida a "destruir el patrimonio común".
Impulso Ciudadano recuerda que el 6,3% de la población mundial habla castellano superando incluso al inglés y que, además, el artículo 3 de la Constitución proclama el castellano como la “lengua española oficial” del Estado. Subrayan que lo que hace que una lengua crezca es “el prestigio: la influencia en la diplomacia, en las instituciones, en los negocios” algo en lo que España “tiene aún un reto importante que desarrollar” ya que, explicaron, está creciendo el español a un 1,3% mientras que el inglés lo hace al 3,3%.
Advierten de que en varias comunidades autónomas se ha reconocido como "beneficioso" el hecho de evitar que “gente de fuera ocupara puestos institucionales". Prueba de ello, denuncian, es la Generalitat que se ha quejado del escaso uso del catalán al tiempo que consideran que las políticas de promoción del uso del catalán o el vasco, por ejemplo, “deberíamos considerarlas ilegítimas. Una cosa es la promoción de una lengua y otra, que el poder público pretenda modificar cuáles son los usos de una lengua en particular. Deberíamos de preocuparnos si el poder público nos dice en qué lengua hablar” en el ámbito privado y por tanto, supone un detrimento de otras lenguas, como es en este caso, el del castellano, de manera que se busca “disminuir el uso social de una lengua”, en este caso del castellano.
Además, desde Impulso Ciudadano avisan de que las denominadas políticas de "normalización lingüística" de ámbito autonómico “han sido utilizadas en ocasiones para desbordar el ámbito público de las relaciones de los ciudadanos con la Administración y ocupar el espacio privado”. Y es que, estas medidas invasivas sobrepasan las prácticas de fomento lingüístico al "intervenir en las relaciones privadas con actuaciones coactivas, sancionadoras y arbitrarias". Recuerdan los casos en los que se ha multado por el hecho de rotular establecimientos comerciales solo en castellano, así como la aprobación de cuotas lingüísticas desproporcionadas como pretexto para adjudicar licencias de emisión a medios de comunicación afines a la ideología de los que la otorgan o la obligación de usar la lengua propia” en las comunicaciones entre ciudadanos. Por ello, defienden el “plurilingüismo” que dicen tienen que ser para la convivencia y no para la confrontación.
Además, subrayan que “las lenguas no tienen derechos, sino que los derechos los tienen las personas”, también en el ámbito de la educación, y critican que en las comunidades autónomas bilingües no está garantizado el uso del castellano, mientras que se les presiona para que abandonen su lengua materna. Además, los alumnos con necesidades educativas especiales no tienen garantizada una educación en su lengua materna.
Entre las propuestas, piden, para corregir las disfunciones descritas, "que las instituciones públicas adopten medidas para evitar las políticas lingüísticas vulneren el principio de no discriminación por razón de lengua" ya que la promoción de las lenguas oficiales autonómicas "no puede ignorar o minorar los derechos lingüísticos".
También reclaman que haya una ley nacional que regule el uso de las lenguas nacionales en todo el territorio además de mecanismos de control. "Poner límites a los requisitos lingüísticos" que se convierten en “muros” y subrayan la importancia de garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos que residan en España siendo para ello, “esencial” diseñar una política lingüística nacional y dotar de recursos a la sociedad civil que defienden los derechos lingüísticos y poner fin a las asociaciones que defienden posiciones contrarias a las constitucionales, apuntan.
Reclaman medidas de "igualdad de trato" o priorizar sistemas que aseguren el principio de igualdad, mérito y capacidad para el ingreso en la función pública evitando la discriminación lingüística.