La Audiencia Nacional investigará el ciberataque a la CNMC que dejó a la intemperie 2.000 millones de registros de móviles
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón investigará un ciberataque masivo contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se produjo la exfiltración de dos mil millones de registros de datos sensibles correspondientes a titulares de telefonía móvil custodiados por dicho organismo. La jueza ha aceptado la inhibición procedente del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid por unos hechos que pueden constituir un delito de ataques informáticos y contra la seguridad nacional.
El ataque informático a la CNMC se produjo mediante el acceso ilícito a sus servicios informáticos y acarreó la posible exfiltración masiva de datos personales que corresponden a titulares de líneas de telefonía móvil. En concreto, dos mil millones de registros, en total 240 GB de datos de los abonados a las líneas telefónicas de España y que por las competencias de la CNMC son custodiados en este organismo.
La decisión se produce en contra de la Fiscalía, que se posicionó en contra de la competencia de la Audiencia Nacional al considerar que la CNMC, pese a su importante función, no puede calificarse como una institución del Estado a los efectos del artículo 65 1º a de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fija entre las competencias de la Audiencia Nacional aquellas relacionadas con los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes.
Sin embargo, una vez analizada la doctrina del Tribunal Supremo, Tardón considera que sí debe concebirse a la CNMC como un alto organismo de la nación. Para la magistrada, resulta prematuro inferir cual pudiera ser la finalidad perseguida por los autores de esta supuesta actuación delictiva, pero deja claro que "nos encontramos ante un ciberataque masivo contra una entidad que, por su incardinación en la estructura del Estado y su esencial función", supone "una grave e indudable afectación institucional, en un ámbito tan particularmente sensible y relevante" para su cometido como el "control del correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios".
En sustento de su decisión, Tardón esgrime la jurisprudencia del Tribunal Supremo expuesta cuando consideró el intento de asalto al Parlamento de Cataluña en 2011 un ataque a altas instituciones del Estado (pese a su carácter autonómico), considerando no solo que, dada la estructura del Estado, se trata de un "alto organismo" del mismo, sino que además se produjo un ataque a la "dignidad y normal funcionamiento" de la institución.
Algo que según entiende se da también en este caso, en la medida en que como organismo que "preserva el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas", la CNMC sí debe incardinarse en la nómina de altos organismos de la nación, que con ese ataque masivo sufrió una "grave e indudable afectación institucional".