El novio de Ayuso señala al "equipo Fortuny", el núcleo duro de García Ortiz en Fiscalía, como responsables de la filtración de sus datos

El novio de Isabel Díaz Ayuso señala al "equipo Fortuny", los fiscales que forman parte de la cúpula de la Fiscalía General, como los responsables de la filtración y posterior difusión pública de los correos electrónicos que intercambió su abogado con el fiscal de delitos económicos Julián Salto que se investiga en el Tribunal Supremo.

Defiende el letrado de Alberto González Amador que la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, "habría ocultado todo lo que ya figura incorporado al sumario" en cuanto a la "intervención de todo el 'equipo Fortuny'" en la revelación de los datos secretos y personales del empresario que tuvo lugar del día 7 al 14 de marzo, esta última la fecha en el que se publicó en la prensa una imagen del correo electrónico entre el fiscal de delitos económicos Julián Salto y el letrado del novio de Ayuso.

Para el empresario, como hace saber en un escrito dirigido al Supremo al que ha tenido acceso LA RAZÓN, "no existe ninguna duda de que se han cometido varios delitos de revelación de secretos" por parte del núcleo duro de García Ortiz en Fiscalía General. Sobresalen por su supuesta participación en los hechos miembros de la secretaría general técnica como la fiscal de sala Ana García León o el teniente fiscal Diego Villafañe.

En aquellos días de marzo, concretamente a partir del día 8, su representación legal tiene claro y así lo hace saber al alto tribunal que "González Amador dejó de ser tratado como un ciudadano anónimo por María Pilar Rodríguez, García Ortiz y Diego Villafañe, pasando a tener el tratamiento asociado a ser 'pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid', lo que ha supuesto que todos los datos personales y contenido reservado que estuvo en su mano, haya sido objeto de revelación pública".

Por otro lado, reclama al instructor de la causa especial, Ángel Hurtado, que desestime los recursos presentados por la Abogacía del Estado en nombre de los dos imputados, el fiscal general y la provincial de Madrid, para que se deje sin validez la entrada y registro ordenada por el magistrado a la Guardia Civil en los despachos de ambos, que incluyó el volcado del contenido de sus teléfonos móviles en lo relativo a las conversaciones de aquellos días de marzo de este año.

Defiende el novio de Ayuso que la "intervención" de los dispositivos de García Ortiz y Rodríguez Fernández y de los correos que intercambiaron desde su cuenta oficial "es fundamental para el esclarecimiento de los hechos", que no son otros que dilucidar "quién realizó y ordenó la filtración de los correos" entre el fiscal de delitos económicos y el novio de la baronesa popular.

Tanto la entrada y registro como el copiado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita de sus teléfonos es para la defensa de González Amador una diligencia necesaria con la que "pretende accederse a información relevante, directamente relacionada con la comisión del delito investigado" de revelación de secretos.

Asimismo, González Amador entiende y así se lo hace saber a la Sala de lo Penal del alto tribunal que era procedente y necesario el registro de la fiscal jefe provincial de Madrid investigado que dictó el instructor después de que esta alegase durante su declaración que no recordaba haberse dirigido al fiscal Salto para que le remitiera el 7 de marzo la denuncia y todo el expediente relacionado con Alberto González Amador.

Lo que el informe de la UCO rebatió al quedar evidenciado que pidió a Salto los mails y, más tarde, se los envió a García Ortiz, después de que este así se lo requiriese, a su cuenta de Gmail.

Recuerda, de igual forma, la defensa de la pareja de la Comunidad Madrid que la máxima responsable de la Fiscalía Provincial de Madrid negó que hubiese filtrado y publicado en los medios de comunicación la denuncia por dos delitos fiscales contra el empresario y que se negó como su negativa a aclarar si había enviado a la cuenta de correo de Gmail de García Ortiz los correos intercambiados entre el letrado de la pareja de la presidenta madrileña y el fiscal de delitos económicos Salto.

Paralelamente, según la defensa del empresario habría dejado claro su deseo de no aportar estos mails que reenvió y confirmó que no informó al delegado de protección de datos de haber enviado a una cuenta ajena a la Fiscalía, el correo personal de García Ortiz, estos mensajes. No tuvo, aseguró Rodríguez Fernández en su declaración, constancia de la noticia que publicó Cadena Ser a última hora del día 13 de marzo en la que se reproducía una frase textual del mail que "ella misma acababa de reenviar una hora antes al Gmail del fiscal general.

"Habría mentido a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española", Victoria Ortega, "y al decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)", Eugenio Ribón, "indicándoles que era la autora de la nota de la que ahora reniega".

Este comunicado es en el que se aclaraba las negociaciones entre el fiscal Salto y la defensa de González Amador de cara a alcanzar un pacto de conformidad en el que el empresario admitía la comisión de una defraudación de 350.000 euros con una de sus empresas en el Impuesto de Sociedades, a cambio de evitar una pena de prisión.

Y por el que le valió la imputación por el Supremo tanto a García Ortiz y Rodríguez Fernández por revelación de secretos, después de que esta nota se publicase con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid y el fiscal general asumiese públicamente la "responsabilidad última" de su difusión.

La defensa del novio de Ayuso insiste así al magistrado Hurtado que la clave está en confirmar como acabaron produciéndose las dos primeras filtraciones y si, en definitiva, estuvo detrás alguien del núcleo duro de García Ortiz en Fiscalía General. A Eldiario.es de la denuncia procedente de Hacienda contra él, que se publicó el 13 de marzo, y la posterior de Cadena Ser con textuales de los correos sobre el acuerdo de conformidad.

Fuentes conocedoras de la causa niegan a LA RAZÓN la posibilidad, como alegó el propio fiscal general, de que 499 personas vinculadas al Ministerio Público tuviesen acceso a la denuncia contra González Amador y entienden que el cruce de correos en el seno de Fiscalía, sumado al interés de Villafañe por conocer el contenido completo de la denuncia y, más tarde, el de García Ortiz por mails presuntamente filtrados, así lo demuestran. Si lo tuvieran en sus manos, no hubieran precisado pedirlo es la tesis con la que rebaten esta posibilidad.