La Justicia detiene las obras en el parking autorizado por Almeida en Chamberí donde se produjeron 15 talas ilegales

Victoria parcial de los vecinos movilizados contra un nuevo parking en Chamberí. El juzgado de primera instancia número 103 de Madrid abre diligencias por la controvertida construcción de 130 aparcamientos en la calle Arapiles, junto a otro parking con 1.200 plazas. La admisión a trámite de la demanda contra la promotora Arapiles Park S.L., presentada por la comunidad de propietarios del número 10 de dicha vía y sustentada en la tala ilegal de 15 árboles, implica la paralización de los trabajos a la espera de la resolución.

Las obras, que arrancaron en octubre aunque apenas han avanzado desde que se eliminaron los ejemplares, contaron con el visto bueno del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. El concejal presidente de Chamberí, Jaime Gozález Taboada, reconoció eso sí posteriormente en un pleno del distrito que la tala se llevó a cabo sin que la constructora recibiese permisos municipales.

Desde el área de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad también admitieron la irregularidad, pero rechazaron la suspensión cautelar que reclamaban los residentes y partidos de la oposición como Más Madrid. Según Taboada, el Consistorio sí trabaja en un expediente sancionador contra la promotora. El Ejecutivo municipal no ha respondido por el momento las preguntas que ha trasladado este periódico sobre la suspensión de las obras por la investigación judicial.

Cautelosa alegría

“El proceso ha sido largo y nos alegramos mucho de esta decisión. Pero no debemos cantar victoria porque es solo una cuatelar”, declara en conversación con Somos Chamberí un portavoz vecinal que prefiere no dar su nombre. El objetivo último de los vecinos es conseguir que la Justicia tumbe el procedimiento administrativo que facilitó la aprobación de la obra: “Ahora podemos ir contra el plan especial porque la situación de partida es otra, debido a esas talas ilegales no contempladas en él. Si cambia el paradigma, también debe cambiar el plan especial”.

El permiso de actividad fue concedido en junio, dando así cumplimiento al plan especial para el Control Urbanístico-Ambiental de Usos en la calle Arapiles, 8, aprobado por el pleno municipal el 31 de mayo de 2022. Cinco años antes, en 2017, el Gobierno local que entonces lideraba Manuela Carmena rechazó la aprobación de la licencia para ejecutar estos mismos parkings pese a encargar la redacción del proyecto.

Según la memoria del plan especial, ocho de los 15 árboles talados ilegalmente deberían haber conservado su ubicación. Los otros siete tenían que ser trasplantados. Entre los árboles arrasados se encuentran algunos de gran porte, como un ciprés de 20 centímetros de diámetro o un enorme pino que llegaba a los 30.

El portavoz vecinal avanza que hay otros “desacuerdos entre el plan especial y lo que la constructora está haciendo”. Cita como ejemplo el desnivel de una de las rampas, que alcanza el 18% por el 16% sobre proyecto. Habla igualmente de “otros defectos técnicos” que no han recurrido en su escrito para centrarse en “una acción más contundente y demostrable como es la de la tala”. “Solicitar la revisión de la licencia sería más laborioso. Nos dirían que pueden corregir los defectos, aunque sabemos que es imposible. Con los árboles talados ni siquiera pueden echar mano de esa excusa”, expone.

Así, las quejas vecinales no se remiten solo a la irregularidad en la eliminación del arbolado, base de la demanda. Argumentan que es “una dotación en absoluto necesaria”. “Tenemos un PAR [aparcamiento para residentes] con casi 1.200 plazas en la plaza del Conde del Valle de Súchil. También un parking público cercano donde siempre hay plazas libres. Es una de las zonas de Madrid con más estacionamientos en todas las parcelas”, detallaba este vecino en declaraciones anteriores a este periódico.

Solicitar la revisión de la licencia sería más laborioso. Nos dirían que pueden corregir los defectos, aunque sabemos que es imposible. Con los árboles talados ni siquiera pueden echar mano de esa excusa

Más allá de las talas o el superávit de parkings en la zona, la seguridad es la gran preocupación de los vecinos. En concreto, como expone el portavoz de los afectados, el efecto en la estructura de sus viviendas: “La cimentación de zapata con la que se levantaron los bloques está dentro de la parcela, ya que era del mismo promotor que construyó los edificios”. Opina por ello que las labores de excavación pueden comprometer los cimientos de sus casas.

“Los sistemas de pilotaje actual producen una vibración terrible que sufrirá también el centro quirúrgico oftalmológico HM Eye Center, dependiente de la clínica Hospital Madrid”, alerta. Otro de sus temores está en la afectación a los sistemas de evacuación: “Durante la ejecución de las obras se efectuará un vaciado de cuatro plantas de profundidad. En los meses que se alargue estaremos desatendidos, por ejemplo, ante una urgencia que requiera a los bomberos. ¿Cómo llegará a un incendio en las viviendas que dan al vaciado? Justo hace poco se produjo un conato de incendio que no pasó a mayores gracias a la actuación tan rápida de los bomberos”.

Sus protestas no se limitan al periodo de ejecución de las obras: “Después el perjuicio para la salud será recibir los vapores de los respiradores y los sistemas de ventilación en nuestras fachadas, además del dióxido de carbono que emiten los coches. A ello hay que sumar el motor alternativo de diésel, que se instala por si falla la red eléctrica, y que no sabemos si también respirará en nuestra fachada”.

Especulaciones e indignación en los vecinos de Arapiles

Muchos de los afectados consideran que detrás de la operación está el aterrizaje en el barrio de dos nuevos campus de universidades privadas: uno de la Alfonso X el Sabio y otro de la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE). “Pero estas 100 plazas tampoco van a solucionarles la vida”, apostilla el portavoz.

Cuenta que Vallehermoso [constructora ahora integrada en Sacyr que da nombre al barrio de Chamberí donde se ubica la calle Arapiles] “ya intentó hacer dos aparcamientos a cada costado de lo que hoy es El Corte Inglés, pero desistió por criterios técnicos y de seguridad”. Precisamente a uno de estos lados empezaron los trabajos para poner en funcionamiento el nuevo parking subterráneo. La licencia recayó en un primer momento en Merlin Properties, la mayor sociedad de inversión inmobiliaria que cotiza España, que la vendió posteriomente a Arapiles Park S.L.

Los vecinos de Arapiles ya habían recurrido previamente a la vía judicial, hasta este momento sin éxito. En julio, la Sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la legalidad del proceso. Han tratado igualmente de reunirse con el Ejecutivo municipal. Según el residente que atiende a este diario tanto Taboada como el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, “anularon sus citas en el último momento”. “En el Ayuntamiento tampoco nos daban el proyecto para analizarlo y plantear alegaciones o una revisión de licencia”, critica. Finalmente acabaron recibiéndolo “gracias a un requerimiento judicial”.

En paralelo a la demanda, los residentes han intensificado sus manifestaciones desde que arrancaron los trabajos. En los bloques de la zona abundan pancartas con el mensaje “Arapiles Parking NO”. El pasado 5 de octubre, varios vecinos acudieron a la concentración en las calles Abtao y Cavanilles de Retiro contra una infraestructura similar autorizada por el equipo de Almeida, y que también supuso talas. “Ahí tenían un permiso para poda y aprovecharon para talar, como creemos que pasó en nuestro caso. Es un despiste que les interesa. Les sale rentable aunque paguen los 60.000 euros de multa”, especula. En Abtao además la amenaza del traslado de una tuneladora de 38 toneladas por encima de bloques de viviendas provocó que las autoridades tuviesen que detener momentáneamente los trabajos, pese al permiso municipal.

“Una pequeña zona de arbolado en el centro de Madrid es más importante que en el Retiro. Son los pulmones de la zona. Nos parece inaudita esta política aceptada y amparada por el Ayuntamiento”, afirma el portavoz de los bloques afectados. Prefiere ser cauto antes de anticipar cuáles serán los siguientes pasos si la Justicia suspende el plan especial: “Vamos a ir por partes. Pero entendemos de que, al dictar la medida cautelar, la jueza ha visto indicios de que tenemos razón”.