El Gobierno de Cantabria pagará 4,5 millones de euros para comprar las instalaciones del periódico ALERTA

El Gobierno de Cantabria va a pagar 4,5 millones de euros de dinero público para comprar las instalaciones del diario ALERTA, situadas a las afueras de Santander, para instalar en ellas la Imprenta Regional en una operación que se justifica desde el Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) por el “ahorro” del alquiler actual, pero que tiene un importante calado mediático y político dado el carácter histórico de una cabecera que llegó en erigirse en uno de los puntales informativos de la extinta Cadena de Prensa del Movimiento durante la dictadura y tuvo años de intensa vinculación política con el Partido Popular, interviniendo a su favor incluso en plena campaña electoral durante una polémica jornada de reflexión.

La operación, de la que todavía no ha dado cuenta oficialmente el Ejecutivo de Buruaga, pero que sí ha confirmado a EFE, ha sido llevada en secreto estos meses con el propietario del periódico, Ciriaco Díaz Porras, el cual lleva dirigiéndolo desde hace décadas, tras hacerse con las riendas después de que se subastara el medio en los años 80, ya que llegó a pertenecer a los medios públicos instituidos por el franquismo tras la Guerra Civil.

Tras llevar a cabo esta importante operación económica, el periódico ALERTA trasladará sus dependencias a una oficina cercana más acorde al tamaño actual de su plantilla y estudia su futuro, posiblemente convirtiéndose en un diario digital, aspecto que actualmente compatibiliza con una edición en papel con una tirada muy limitada de ejemplares. En estos momentos tiene sede y rotativa en el barrio del Primero de Mayo, en las afueras de Santander, en una nave que traspasará al Gobierno de Cantabria por una cantidad que ronda los 4,5 millones de euros.

El Gobierno de Cantabria incluye esta operación inmobiliaria en otras en las que actualmente está inmerso, rescatando con dinero público a distintas instituciones inmersas en graves problemas económicos y de viabilidad, como la compra del céntrico edificio de la Cámara de Comercio, a donde prevé trasladar la Consejería de Economía, un movimiento que le costará a los cántabros cinco millones de euros y que ya cuenta con el visto bueno de los órganos rectores camerales sobre el futuro del inmueble ubicado en varias plantas de la Plaza Porticada de Santander.

Díaz Porras

Ciriaco Díaz Porras fue diputado de la UCD en los primeros tiempos de la democracia. Precisamente fue el partido de Adolfo Suárez el que tomó la decisión de desmontar el entramado periodístico del franquismo para facilitar la Transición y que culminó bajo el mandato de Felipe González (PSOE). Tras pasar por una serie de fases en las que no faltó una afinidad con el socialismo imperante en La Moncloa, el periódico ALERTA alcanzó su punto de inflexión con una huelga en los años 90 y el control absoluto del empresario Díaz Porras, quien desde entonces ha venido diseñando la línea editorial.

El periódico ha pasado por diversos cambios en su política editorial, vinculada de un modo u otro con los avatares políticos de los sucesivos gobiernos de Cantabria. Un ejemplo de ello tuvo lugar en 2011, cuando publicó en primera página, en plena jornada de reflexión, un editorial en que aseguraba que el líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, era un “actor cómico de la farándula”, tras lo cual pidió el voto para el PP. El recurso regionalista fue archivado por la Audiencia Provincial sin entrar a valorar si hubo o no delito electoral. Según fuentes cercanas a PRC y PSOE del momento, el PP había “comprado” la información electoral del diario y esa polemica portada.

Aquella portada del diario ALERTA causó un gran revuelo en Cantabria. Además de su contenido, dedicado íntegramente a desprestigiar al candidato regionalista, su diseño también fue peculiar: tan solo había texto, sin fotografías, y juntando la primera letra de cada párrafo, destacada en estilo capitular, se podía leer: “Revilla no”.  

Ciriaco Díaz Porras ha tenido protagonismo por otras causas, como cuando compatibilizó su cargo como presidente del Consejo de ALERTA con la Presidencia de la Caja Rural de Cantabria, una entidad que fue intervenida por el Banco de España en uno de los mayores escándalos financieros de los años 80, con un elevado volumen de préstamos de dudoso cobro que habían tenido por destino a políticos y organizaciones sociales, y cuya liquidación fue realizada finalmente a costa de un fuerte desembolso de dinero público.