Un fiscal del Supremo ratifica que vio a García Ortiz y su número dos "consultar" un móvil mientras la UCO registraba su despacho

El fiscal del Tribunal Supremo (TS) Salvador Viada ha ratificado en el alto tribunal que mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraba el despacho del fiscal general del Estado el pasado 30 de octubre y confiscaba su móvil -en el marco de la investigación contra él por revelación de secretos en el alto tribunal por la difusión de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador-, vio cómo Álvaro García Ortiz y su "número dos", la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que además es la fiscal encargada del caso en el que se investiga al máximo representante del Ministerio Público, manipulaban un móvil.

Según ha explicado el propio testigo tras su comparecencia, lo que ha explicado a Hurtado que vio a la fiscal del asunto con el fiscal general "consultar un teléfono". "A mí me llamó la atención el contexto", ha asegurado, "más que el hecho mismo, que no tiene ninguna importancia". "Obviamente, yo no puedo saber ni qué miraban ni de quién era el teléfono ni ningún detalle por el estilo. Se ha considerado que es relevante para la causa, me llama el juez y yo vengo", ha añadido. Viada ha manifestado que tiene una buena relación personal con Sánchez Conde al margen de este asunto, por lo que "no es agradable para mí ni para ella estar en estas situaciones, pero la verdad es la verdad y yo lo que vi lo digo". "Como testigo digo lo que veo y las acusaciones son las que tienen que valorar", recalcó.

Respecto a por qué no avisó a los agentes de la UCO de esa reunión, el testigo afirmó que cuando vio a ambos "pensó que les habían devuelto el teléfono" porque a las seis de la tarde presumió que el registro ya había terminado y además todo pasó "delante de los agentes de la UCO". "No pienso obviamente que están borrando cosas", ha dicho. "Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia. Un fiscal no hace eso. Eso es lo que nos han dicho siempre y además lo dice el código ético", ha puesto de relieve.

"A mí me llamó mucho la atención. Ese día estábamos todos sacudidos en la Fiscalía -ha recordado-. Era un día muy especial porque no todos los días al fiscal general se le practica una diligencia invasiva de derechos fundamentales con ocasión de la posible comisión de un delito. Te quedas un poco estupefacto".

El instructor ordenó al servicio de seguridad de la sede de la Fiscalía General del Estado que conservase las grabaciones del patio central del edificio del día del registro para intentar acreditar esa supuesta reunión entre García Ortiz y su "número dos", tal y como le había solicitado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) por considerarlas "de vital importancia para el cabal desarrollo de la causa" y para evitar que, como marca la ley, pasado un mes se destruyesen. Pero la Fiscalía General trasladó al Supremo que en esa estancia no existen cámaras de seguridad, por lo que Hurtado asumió "la inviabilidad de la diligencia".

APIF puso de relieve al instructor ese "singular e insólito encuentro" en un escrito en el que aseguraba que "mientras la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llevaba a cabo sus pesquisas", ambos "fueron vistos" alrededor de las siete de la tarde "en el salón noble de la Fiscalía General del Estado –concretamente, en el espacio situado junto una obra del navegante Juan de la Cosa– revisando un móvil aparentemente perteneciente" a García Ortiz.

Finalmente, el magistrado aceptó llamar a testificar a Viada porque entiende que esa reunión "puede aparentar una muestra de una afinidad y proximidad" de la teniente fiscal del Supremo con García Ortiz que hace necesario "aclarar" ante las "quejas formuladas por algunas de las acusaciones por tales muestras". Y es que varias acusaciones consideran que -pese a que el fiscal general renunció a que la fiscal del caso le rinda cuentas al respecto- Sánchez Conde no puede asumir la representación del Ministerio Público en la causa por su cercanía con García Ortiz, que según su criterio compromete su imparcialidad.

Para APIF resulta "inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito, máxime cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto de sumario".

Además de pedir la declaración de Viada, la asociación también solicitó a Hurtado que llamase a testificar a la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, para que aclarara si ha abierto algún expediente para aclarar estos hechos, una diligencia que sin embargo el magistrado del alto tribunal rechazó acordar "por el momento".