El 'superpleno' de enero del CGPJ que decidirá si se imponen los planes del Gobierno para el Supremo

En estos momentos la comisión del calificación del CGPJ sigue con las entrevistas a los candidatos a cubrir las plazas judiciales que permanecen vacantes en la Audiencia Nacional -ayer los tres candidatos (Enrique López, María Tardón, Eloy Velasco y Francisco Oliver) defendieron ahí sus candidaturas-, los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades, las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo.

Una vez termine una parte de proceso formal, señalan fuentes del Poder Judicial a LA RAZÓN, la presidenta del Consejo y del Supremo, Isabel Perelló, incluirá la elección de quién ocupara los puestos en el orden del día del segundo pleno de enero. Un 'superpleno' que también dará un sucesor en plenas funciones a Manuel Marchena al frente de la Sala Segunda o de lo Penal del alto tribunal.

En el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces consideran que desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, está ejerciendo presión para lograr lo que considera que no será una hazaña tan complicada. Que la progresista Ana Ferrer sustituya al magistrado al frente de la Sala Segunda y que Pilar Teso pase a presidir la Sala Tercera del alto tribunal.

Dejarían para la cuota conservadora que el único candidato a la Sala Primera, Ignacio Sancho, la encabece, y para la Sala Cuarta a Juan Molins, ambos de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera.

Según las fuentes consultadas, en el seno del alto tribunal nadie entendería que los rivales de Ferrer y Teso, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, no fueran los elegidos para presidir las Salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo, y afirman incluso que hay muchos progresistas con la misma opinión.

Las razones fundamentales que esgrimen es que Arrieta, que de momento sustituye a Marchena en funciones, es el más antiguo en esta Sala de lo Penal al llevar 30 años y, por otro lado, sacan a relucir como dato contrastable que Lucas ha sido el más votado en las elecciones a la Sala de Gobierno que se celebraron este pasado noviembre. Son para este sector dos de los magistrados más queridos y respetados en el alto tribunal.

La presión por parte del poder ejecutivo también la explica el hecho de que son dos Salas sensibles, tal y como trasladan las citadas fuentes a este diario. En la Segunda, hasta ahora dirigida por Marchena, se instruye la causa especial por revelación de secretos del novio de Ayuso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; la aplicación de la amnistía a los dirigentes del "procés", y la parte del "caso Koldo" que investiga el papel del exministro socialista José Luis Ábalos en el entramado de comisiones ilegales, y los de Koldo García y Víctor de Aldama en las responsabilidades penales que no sean relativas al blanqueo de capitales. La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, es la que se encarga de las acciones judiciales contra la propia Administración y, por tanto, afecta al Ejecutivo.

Su intención, denuncian, es controlar cómo se llevan los asuntos y aseguran que existe un binomio claro en este sentido, que forman el ministro Bolaños y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y que ambos están detrás de todo lo que se mueve en el sector progresista y apuestan "a muerte" por Ferrer y Teso.

Los vocales que representan al ala conservadora de la magistratura están con ellos y defienden el mantra de que es el sentir general en el Supremo. Recuerdan estas fuentes que Arrieta fue uno de los fundadores de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), por lo que no tiene vinculación directa alguna con la APM.

Mientras que Pablo Lucas está considerado más progresista que conservador. Por ello, esgrimen desde el entorno de los vocales conservadores que lo que les lleva a apoyarlos es la "excelencia, el reconocimiento" que encarnan y que son los que por veteranía mejor conocen las respectivas Salas a las que aspiran. Entienden que no hay ninguna razón para no apoyarles.

Desde el entorno del otro ala del CGPJ, el progresistas, aseguran a este diario que el mejor candidato a ocupar la presidencia de la Sala Cuarta es Juan Molins, que, sin embargo, está vinculado a la APM, por el proyecto que ha presentado frente a Concepción Rosario Urestes.

En cuanto a la Sala Segunda la apuesta es la magistrada Ferrer. Los dos valores que ponderan es la excelencia, que este sector destaca ambos candidatos ostentan, pero Ferrer es la que consideran que ha presentado unos planes mejores frente uno que no les dice nada como es el de Arrieta.

Detrás del "no" hay motivos como, por ejemplo, que el sustituto en funciones de Marchena no ha incluido en las líneas maestras de su proyecto un cambio que consideran imprescindible a implantar: establecer el reparto electrónico y aleatorio de las causas penales que llegan. Otro punto es el margen que tienen para desarrollar su plan en relación a su jubilación. Advierten que a Arrieta le quedan dos años hasta tener que dejar el puesto y a Ferrer cinco por delante en esta responsabilidad. Es un hecho que valoran y lo justifican en que debe prevalecer el interés para el servicio público y la Justicia que ofrece un proyecto con un margen temporal mayor para ser desplegado.

Esta última razón de la falta de tiempo es la que también lleva a vocales progresistas a desechar la posibilidad de apoyar a Lucas para la Sala de lo Contencioso-Administrativo porque no le quedan ni dos años en el ejercicio de la función jurisdiccional. Niegan, por otro lado, el argumento de que lo respalda como merecedor de la presidencia el haber sido el más votado para la Sala de Gobierno dado que entienden que una cosa es el órgano de gobierno del Supremo que afecta a los magistrados y otra es un órgano de gobierno del Poder Judicial como es el Consejo, que es quien debe decidir.

Lo cierto es que de momento no se han abierto las conversaciones para negociar un acuerdo que permita evitar un nuevo bloque, esta vez en las presidencias de las Salas del Supremo. Hasta dentro de dos semanas, cuando estén cerradas las entrevistas a los candidatos cuya plaza procede decidir, no prevén ni un sector ni el otro del Consejo que se empiece a poner cartas sobre la mesa.